La política del presidente Santos de priorizar la vía militar para resolver el viejo conflicto colombiano constituye un mal indicio para la población desplazada interna y para aquellos que se han visto obligados a huir a los países vecinos para salvar sus vidas. La política de «seguridad democrática» del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y la […]
La política del presidente Santos de priorizar la vía militar para resolver el viejo conflicto colombiano constituye un mal indicio para la población desplazada interna y para aquellos que se han visto obligados a huir a los países vecinos para salvar sus vidas.
La política de «seguridad democrática» del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y la aplicación del Plan Colombia intensificó las acciones armadas provocando situaciones de inseguridad y de violencia que obligaron a más de medio millón de colombianos a desplazarse hacia Ecuador, Venezuela, Panamá y a otros países.
Se calcula que alrededor de cuatro millones de campesinos fueron despojados de sus tierras por grupos paramilitares teniendo que huir a las ciudades más grandes del país.
Los problemas que se viven en las zonas fronterizas colombo-ecuatoriana y colombo-venezolana así como la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina fueron los temas que se abordaron en un panel organizado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador (APDH), en el marco del IV Foro Social de las Migraciones que se desarrolla en Quito, del 8 al 12 de octubre.
La mesa tuvo como participantes al peruano Ricardo Soberón, a los ecuatorianos Mauricio Gallardo y Jorge Pinchao, a la venezolana Merlys Mosquera y a la colombiana Gloria Cuartas. A continuación presentamos una síntesis de lo que manifestaron.
Refugiados en Venezuela
«A Venezuela empezaron a llegar refugiados colombianos desde 1999, hoy, según el Alto Comisionado para los Refugiados y la Comisión Nacional para los Refugiados hay más de doscientos mil (de los tres millones de colombianos que viven en Venezuela) con necesidad de protección», manifiesta la venezolana Merlys Mosquera, subdirectora del Servicio Jesuita para las Refugiados.
De los doscientos mil, quince mil han solicitado refugio ante el Estado venezolano, «porque hay un vacío jurídico en la aplicación de las leyes para proteger a las personas», manifiesta Mosquera, agregando que «las familias que vienen con necesidad de protección prefieran no acogerse a los sistemas de protección y permanecer invisibles en las comunidades campesinas sobre todo en la frontera».
«El principal problema de los colombianos es su invisibilidad y el no tener una documentación que certifique que ellos están en un proceso de solicitud de refugio. Sin embargo, la comunidad fronteriza les ha permitido integrarse y los ha acogido para que encuentren un lugar donde protegerse. Y esto, además del trabajo de instituciones del gobierno, ha permitido que puedan acceder a los servicios de salud y educación de manera gratuita».
En la frontera colombo-venezolana actúan grupos armados irregulares, y en respuesta Venezuela la ha militarizado para proteger a la población de esta presencia. «Actualmente es un problema bastante delicado que afecta profundamente la vida de las comunidades porque recibimos amenazas, hay extorsión y secuestro y muchas veces los campesinos se ven obligados a pagar vacunas para sentirse seguros», señala Merlys Mosquera.
De parte del gobierno de Hugo Chávez hay una política para atender a los refugiados. «Tenemos una ley de protección de refugiados y refugiadas y todo un reglamento y un organismo encargado de procesar las solicitudes de refugio» manifiesta Merlys Mosquera, pero anota que «no hay una política especifica de atención humanitaria para estas personas y ésta se necesita porque es gente que viene con mucha desorientación y trauma» de su país.
Militarización en frontera ecuatoriana
Durante una década de aplicación del Plan Colombia han cruzado la frontera ecuatoriana miles de colombianos y colombianas buscando refugio. Hasta mayo de 2010 se habían regularizado 45.000 refugiados en una acción conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y el ACNUR. Pero según este último organismo existen 100 mil personas adicionales que huyeron de la violencia en Colombia y que «necesitan protección internacional».
El gobierno de Rafael Correa ha puesto en marcha el Plan Echador para atender las necesidades sociales de las provincias de la frontera, sin embargo, activistas de derechos humanos y dirigentes campesinos critican la política de militarizar la frontera.
Mauricio Gallardo, activista de la APDH, denunció que en el Ecuador, de una u otra forma, se ha militarizado la frontera con Colombia. De tres mil efectivos que había en la frontera hace una década se aumentó a cerca de 20.000 hombres en algunos momentos, lo cual ha tenido impactos en la población. Gallardo pregunta ¿cuáles son los objetivos de las políticas públicas: asegurar los intereses del Estado-nación o los intereses y el bienestar de las personas que viven en las fronteras?
Jorge Pinchao, profesor de primaria que pertenece a la Red Fronteriza de Paz de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, colindante con Colombia, señala que Ecuador comparte con Colombia una línea de frontera de 600 kilómetros habitada por gentes que provienen de diversas zonas empobrecidas del país.
«Quines habitamos el sur de Colombia y el norte del Ecuador vemos cómo se violan nuestros derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas en 1949. Hasta antes de la aplicación del Plan Colombia nuestras vidas fueron de paz, con una libre circulación de alimentos y personas, nos permitió mantener nexos económicos y familiares entre los pueblos fronterizos.
«Con el Plan Colombia la situación cambió, la militarización y la presencia de grupos paramilitares trajo como consecuencia continuos atropellos llegando hasta el asesinato en algunos casos, volviéndose una situación inestable, con una situación compleja para los campesinos, haciéndose difícil la movilización y comercialización de productos agrícolas como la adquisición de productos vitales como la gasolina y el gas».
«Merece destacarse que las fumigaciones en el lado colombiano incidieron en la salud de las personas, en la flora y la fauna y en nuestras tierras, como consecuencia de esto hubo desplazamiento, hambre, miseria y desesperación sin que se tomen medidas para aliviar y mejorar la vida diaria de los pueblos fronterizos».
«Desde el 15 de enero del 2004 hasta el 15 de marzo del 2008, 67 campesinos han sido asesinados por parte de militares colombianos y ecuatorianos. Con la llegada al poder de Rafael Correa apoyamos la propuesta para que la situación cambiara, para que hubiera una mejora del nivel de vida y hubiera protección. Los gobiernos de turno han militarizado la zona, aumentando el gasto militar, no conciben que un pueblo desarrollado es un pueblo seguro, como producto de la carrera militar se masacró a tres campesinos el 18 de enero de 2010 en la comunidad 18 de noviembre en el río San Miguel, limítrofe con Colombia. Por esto manifestamos que la paz no se logra con el aumento de uniformados», finaliza.
Otra forma de resolver los conflictos
Para Gloria Cuartas, líder popular y ex alcaldesa de Apartadó, Colombia, en el gobierno de Santos hay una continuidad de las políticas de Uribe, en lo relacionado a la «seguridad democrática», «seguridad al inversionista» y «cohesión social». Adicionalmente, hay una política de «control social y moral del país, para advertir que no tenemos conflicto, que la única forma de resolverlos es vía bombardeos». Esta política pone en riesgo a las iniciativas de las mujeres, de las organizaciones campesinas e indígenas que hoy estamos trabajando para mostrar otras formas de resolución de los conflictos. Cuartas propone la solución política y negociada del conflicto colombiano y plantea que la equidad es uno de los temas que debería debatirse. Pide un acompañamiento internacional para las iniciativas de paz de los movimientos sociales que en estos días se encuentran reunidos en Bogotá llevando a cabo el Congreso de los Pueblos.
Migración, drogas y terrorismo
El abogado peruano y experto en temas de drogas, Ricardo Soberón, se refirió al contexto internacional en el que se desarrollan los desplazamientos y la migración. El investigador sostuvo que en la región está avanzando una peligrosa tendencia, diseñada por Estados Unidos, en la que convergen migración, drogas y terrorismo.
«Si en la década de los sesenta -señala Soberón- la doctrina de la seguridad nacional nos planteaba un enemigo doméstico interno meridianamente identificado con determinadas características de origen social o prácticas políticas, hoy, 2010, y en los próximos cinco años, vamos a ver una peligrosa tendencia en donde van a convergir tres ejes como son migración, drogas y terrorismo, en los que observaremos que sobre el sujeto migrante latino, sospechoso, va a recaer un conjunto de paradigmas, políticas públicas de carácter hemisférico, regional, doméstico, y de lo cual ya fuimos testigos antes de los sucesos de Tamaulipas en el mes de agosto».
«América Latina está cada vez más polarizada de acuerdo con proyectos políticos que marchan y van en camino, y dentro de eso no podemos soslayar lo que significa la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina». Según Soberón, a Obama le cuesta dar un giro en su política anunciada en Santo Domingo, Egipto o al tomar posesión hace dos años. En la práctica, lo que se observa es una «peligrosa tendencia a que las políticas sectoriales de Estados Unidos relacionados con las drogas, el terror y la migración, van convergiendo indirectamente, de tal modo que en la práctica y en la operación cotidiana en zonas de origen, de tránsito y de recepción encontramos la aplicación de los mismos patrones, los mismos criterios y el mismo privilegio por lo criminal, lo interdictivo y lo represivo».
«El fenómeno del narcotráfico ha variado de manera definitiva respecto a lo que conocíamos en los años 90, consideramos que como fenómeno socioeconómico que articula oferta y demanda tiene características nuevas que tiene un impacto concreto en la migración, fundamentalmente para el caso de la cocaína hablamos de unas 200, 220 mil hectáreas de cultivos denominados ilícitos, aproximadamente medio millón de personas con sus respectivas familias que en la zonas de producción, desde el Catatumbo, hasta las zonas de Cochabamba, están subordinadas a las economías ilícitas.
«En lo antiguo ese era el objeto de atención de las políticas públicas de Estados Unidos y de los otros países. Hoy en día, esto ya no es así. En el camino tenemos un segmento poblacional, sobre todo de jóvenes y de mujeres, que por una u otra razón, son captados para integrar un ejército de hormigas con capacidad y disponibilidad para poder introducir en sus cuerpos o alrededor de ellos pequeñas cantidades de droga».
«La droga cuesta de 600 a 800 dólares por tonelada en las zonas de producción, llega a costar de 5000 a 7000 en las zonas fronterizas y 25.000 en los centros de consumo. Con ese nivel de precios, la «guerra contra las drogas» es una guerra perdida, no tiene solución. Al interior de Estados Unidos hay algunos cambios y se debate la legalización de la marihuana en algunos estados, pero a nivel externo no hay cambios y esto obedece a que la guerra contra las drogas no está diseñada para luchar contra las drogas, está hecha para otros fines, para otros intereses. Por ejemplo el mantener en la frontera entre Estados Unidos y México un régimen abierto para el ingreso de armas, un régimen formalmente cerrado para que ingrese la cocaína y un régimen visiblemente cerrado para el ingreso de personas, no es sino parte de ese nuevo paradigma de control, de esa nueva entelequia que denominamos drogas, migración y terrorismo», finaliza Soberón.
Fuente: http://alainet.org/active/41474