El jueves 30 de septiembre de 2010 fracasó en Ecuador un intento de golpe de Estado. Un sector importante de la policía nacional mantuvo secuestrado cerca de doce horas al presidente Rafael Correa después que éste fuera a convencer a los policías para que aceptasen la ley sobre servicios públicos, aprobada en primera lectura por […]
El jueves 30 de septiembre de 2010 fracasó en Ecuador un intento de golpe de Estado. Un sector importante de la policía nacional mantuvo secuestrado cerca de doce horas al presidente Rafael Correa después que éste fuera a convencer a los policías para que aceptasen la ley sobre servicios públicos, aprobada en primera lectura por la Asamblea nacional el día anterior. Se ha activado la solidaridad internacional en favor de la movilización popular en defensa de la democracia.
Pedro Páez Pérez, Presidente de la Comisión Técnica Presidencial NAFR, ha declarado que «la Comisión Técnica Presidencial de la Nueva Arquitectura Financiera Regional del Gobierno de la República del Ecuador, ante los hechos suscitados desde las primeras horas de la mañana del día de hoy, solicita a los compañeros y amigos en todos los rincones del mundo, su solidaridad y pronunciamientos públicos en contra de los reprochables actos de irrespeto e intento de Golpe de Estado y desestabilización institucional para evitar que un proyecto patriótico y democrático comprometido con la paz encabezado por el compañero Presidente Rafael Correa Delgado siga concretándose».
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, desde Buenos Aires comenta que está «muy preocupado por la situación del hermano pueblo ecuatoriano, que es también la situación de todo el continente latinoamericano, escribo para recordar que rechazamos cualquier intento de golpe de estado que ponga en peligro la democracia en nuestra región. El pueblo ecuatoriano ha construido con sus luchas, un proceso democrático que no puede ponerse en peligro bajo ningún concepto. El gobierno constitucional del presidente Correa debe ser respetado y debe abrirse el diálogo que permita salir de la situación actual. La democracia permite el disenso y es en ese marco que los conflictos deben resolverse. El diálogo debe primar, es urgente que los sectores de la Policía Nacional reflexionen y depongan las medidas y demuestren su vocación de servicio como funcionarios públicos. El pueblo debe mantenerse en resistencia y en la defensa de la democracia y rechazando cualquier tipo de violencia».
Tras la intentona de golpe de Estado en Ecuador, Cayo Lara y Willy Meyer envían una carta al Presidente de la República de Ecuador para mostrar la solidaridad de Izquierda Unida con el pueblo ecuatoriano. Destacan que «en nombre de Izquierda Unida le trasladamos nuestra admiración por el coraje y dignidad que mantuvo frente a los golpistas que, en una acción cobarde, pretendían romper el orden constitucional violentando la soberanía popular. Estamos seguros de que la determinación del pueblo ecuatoriano y la lealtad de la mayoría de las fuerzas armadas y de seguridad, que han seguido su ejemplo, y servirán para cimentar y consolidar el camino de reformas sociales que el pueblo emprendió libre y soberanamente.
Tenga Ud. la seguridad de que en esas amargas horas vividas no estuvo solo, que desde muchas partes del mundo como Europa, y más concretamente España, millones de personas democráticas, progresistas y como no, las personas de izquierda, seguimos minuto a minuto los acontecimientos esperando un feliz desenlace. Nuestra reacción fue inmediata. Nos comunicamos con los Señores Embajadores de la República del Ecuador en España, el Sr. Galo Alfredo Chiriboga, y ante la Unión Europea, el Sr. Fernando Yépez. Asimismo, hicimos público nuestro rechazo al intento de golpe de Estado y realizamos un llamamiento a la comunidad internacional, a las instituciones europeas, y al gobierno de España para que condenaran unánimemente este intento criminal de torcer la voluntad soberana de las y los ecuatorianos. Su determinación y dignidad en la defensa de la voluntad popular han sido un ejemplo que, sin duda redundará, no sólo en su país sino en muchas más partes de la Tierra en la defensa de un mundo más justo, más igualitario y en paz».
El Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo CADTM, dirigido por Eric Toussaint, desde Bruselas, «recuerda que el presidente Rafael Correa es un presidente democrático. Fue elegido dos veces consecutivas (en 2006 y 2010) en elecciones democráticas. Desde el comienzo de su mandato, su gobierno puso en marcha una serie de medidas positivas como: un proceso de reforma política democrática que dotó al país de una nueva constitución en 2008; una reafirmación de la soberanía de Ecuador al poner fin a la presencia del ejército de Estados Unidos en la base de Manta; una auditoría sobre la deuda pública -en la que el CADTM colaboró activamente- que llevó a la suspensión del reembolso de la deuda externa, que a su vez permitió reducir de manera importante el volumen de dicha deuda; un aumento de los gastos sociales; la promoción de la integración latinoamericana; una iniciativa tendiente a proteger el medio ambiente al renunciar a la explotación del petróleo del subsuelo de la Amazonia ecuatoriana, en la reserva del Yasuní; la creación de una televisión y una radio de servicio público en un país donde los medios de información estaban totalmente controlados por las grandes compañías privadas, en particular por los bancos privados. Estos avances fueron posibles gracias a las fuertes movilizaciones populares que se sucedieron en el transcurso de los últimos 15 años».
CHILE, PREOCUPACION PARA EL PUEBLO MAPUCHE
Los diputados europeos de los Verdes/EFA, Ulrike Lunacek, Raül Romeva y Oriol Junqueras dieron a conocer su preocupación por la situación de los 32 presos políticos mapuche en Chile en un encuentro con la jefa de la delegación interparlamentaria UE/Chile, la socialista María Muñiz, en Estrasburgo. La huelga de hambre dura desde el pasado 12 de julio. Los presos políticos quieren mostrar con su huelga de hambre los muchos casos en que los derechos humanos de los mapuches han sido lesionados y siguen siéndolo, como es el caso al aplicar la ley contra el terrorismo del tiempo de la dictadura de Pinochet. Esta ley implica el juzgamiento doble frente a la justicia militar y a la justicia civil, la falta de garantías legales para el proceso, igual que la ocupación militar de las comunidades mapuche que viven desde hace tiempo en ese país con derechos territoriales especiales, los cuales son violados a menudo por empresas multinacionales.
Por este motivo, los diputados del Parlamento Europeo exigieron a María Muñiz que el tema de los presos se trate con urgencia en la próxima sesión de la Delegación, de la cual ella es la presidenta. Esta sesión tendrá lugar el 30 de septiembre con la presencia del embajador chileno ante la UE. Además, están planeando presentar una resolución de urgencia en la próxima sesión del Parlamento Europeo, si hasta esa fecha no hay cambios legales en Chile y la huelga de hambre continúa. Exigen que las vulneraciones de los derechos humanos de los mapuches sean discutidas y tomadas en cuenta en las próximas sesiones en que se vaya a evaluar el tratado de cooperación de la UE con Chile. Lunacek, Romeva y Junqueras consiguieron persuadir a la jefa de la delegación de la urgencia del tema. Ella manifestó no sólo comprensión, sino estar dispuesta a actuar de acuerdo a sus propuestas».
Una declaración firmada por Isabelle DURANT, Bélgica, Vice-Presidenta del Parlamento Europeo, Rebecca HARMS, Alemania, Co-Presidenta del Grupo de los Verdes, Heidi HAUTALA, Finlandia, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y otros parlamentarios denuncia que «el territorio del pueblo Mapuche, que con más de 600.000 personas constituye el mayor grupo indígena en Chile, está ubicado en las regiones VIII, IX y X del sur de Chile. Como producto de una larga historia de marginación, exclusión y discriminación, los Mapuches viven en una situación de alta conflictividad social. Más aún, se aplica a ellos la llamada Ley Antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado, heredada de la época de la dictadura y que les confronta a la vez con procesos ante tribunales civiles y tribunales militares, imponiéndoles dobles penas.
Comprendemos la actual huelga de hambre como un grito desesperado para llamar la atención a una situación intolerable y contraria a las Convenciones Internacionales en materia de derechos humanos. Compartimos la opinión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, según la cual no se pueden juzgar como terroristas a personas que han participado en la protesta social. (18.5.2007)
En este contexto, en los últimos días hemos podido seguir con mucho interés y simpatía las noticias sobre una iniciativa de algunos congresistas y representantes del actual Gobierno de Chile de iniciar una reforma de la justicia militar y de las leyes antiterroristas en vísperas del bicentenario.
Por lo tanto pedimos al Gobierno de Chile que, en este espíritu, se comprometa con todos sus esfuerzos a encontrar una solución inmediata humanitaria a la situación sumamente crítica de los presos políticos Mapuches en huelga de hambre, como también una solución satisfactoria y a largo plazo a la situación social, económica, cultural y judicial de los pueblos Mapuche. Esto implicaría:
– Aplicar en espíritu y letra el contenido del Convenio N° 169 de la OIT, suscrito por la República de Chile;
– Conformar una mesa de diálogo para escuchar las demandas del pueblo Mapuche y consensuar soluciones duraderas, en particular relacionadas a su reconocimiento constitucional, su derecho a la tierra y a la consulta previa e informada en casos de actividades previstos en su territorio;
– Desmilitarizar las regiones donde viven los Mapuches, no criminalizar las comunidades Mapuches y abstenerse de medias represivas, incluido para las personas encarceladas, como el aislamiento, dispersión y la relegación de presos Mapuches a centros de detención difícilmente accesibles para familiares y abogados;
– Garantizar el acceso de los Mapuches a la justicia ordinaria con todas las garantías procesales;
– No aplicar el sistema de los dobles juicios simultáneos ante tribunales civiles y militares, y por lo tanto no aplicar la llamada Ley Antiterrorista a los Mapuches detenidos en actos de protesta social; y reformar a fondo el Código de Justicia Militar.
Los órganos concernidos de las Naciones Unidas han emitido múltiples recomendaciones para que se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos originarios. El Acuerdo de Asociación que vinculan la Unión Europea y Chile y que se basa en una cláusula democrática y de derechos humanos tanto como señales de algunos representantes de Su Gobierno nos inspira la confianza que las justas demandas del pueblo Mapuche encontrarán una respuesta en pleno acuerdo con dichas recomendaciones, muy en particular en estas fechas, a pocos días de las festividades del Bicentenario».
La Coordinación Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores – CONNATs Paraguay exige al Estado Chileno que deponga su actitud represiva (policial y militar) y de persecución al pueblo y las reivindicaciones Mapuche. Que les devuelva sus tierras, que los dirigentes queden en Libertad. Que ningún niño, niña o adolescente Mapuche quede encarcelada por ningún motivo político. A Comunidad Nacional e Internacional y las Organizaciones Sociales exige que nos solidaricemos con el Pueblo y las reivindicaciones del Pueblo Mapuche repudiando y rechazando la actitud del Gobierno Chileno y exigiendo el cumplimiento de las reivindicaciones Mapuche. Sigamos construyendo una sociedad más justa, queremos y peleamos porqué ningún niño, niña, adolescentes o persona adulta en cualquier parte del mundo, sea perseguido y violentado en sus Derechos».
LUCHA ANTIMAFIA EN ARGENTINA
Libera es una agrupación de 1500 organizaciones de diferente tipo (sindicales, vecinales, sociales, religiosas) que desde hace más de 15 años combaten a la mafia italiana de diferentes maneras algunas de ellas con las leyes que han impulsado (la más destacada es la confiscación de los bienes de la mafia que pasan a bienes sociales como cooperativas de trabajo), la asistencias a las víctimas de los asesinados por los mafiosos, movilizaciones callejeras multitudinarias y la recolección de firmas entre la sociedad civil. Una delegación de Libera visitó hace poco Argentina y en particular la ciudad de La Alameda; la comisión fue encabezada por el padre católico Antonio Dell’Olio, y le siguieron las jóvenes Viviana Matrangola, familiar de una víctima de la mafia, y Valentina Giorda de Libera Internacional, además Jorge Ithuburu, argentino exiliado que preside allá la Asociación 24 de marzo, y Elsa la abogada de las víctimas de la mafia. Los italianos antimafia fueron acompañados por Graciela Palacio De Lois de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad e integrante del organismo de derechos humanos Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Tanto el padre Tonio como el resto de la comitiva de Libera hablaron con víctimas de trata para los talleres que trabajan en el cooperativa de la Alameda, con delegados de fábricas de importantes marcas (como Ezequiel Conde de Soho) conocieron de cerca la experiencia de las cooperativas cartoneras como El Álamo y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y a Nancy Miño, la mujer policía que denunció a los jefes de la Policía Federal por corrupción con el proxenetismo.
En la Legislatura se realizó el seminario que encabezó Libera para unir a las Madres del Paco, los cartoneros, y la Alameda en una red de América Latina antimafia que se llama Alas. Las organizaciones sociales estuvimos dando su postura sobre las mafias delante de la defensora del Pueblo Alicia Pierini, funcionarios, legisladores y jueces. Resaltó en el seminario la presencia de Dario Caputo, el Vicedirector de la Agencia Nacional de Bienes Confiscados al Crimen Organizado que es la encargada por la justicia de entregar y monitorear aquellos. Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda destacó que «el crimen organizado en Argentina viene del Estado mismo y cruza transversalmente a la mayoría de los partidos políticos. Medio millón de niños trabajando. Otro medio millón de esclavizados en los talleres y prostíbulos sin hablar de los relacionados al narcotráfico. Muchos de estos mafiosos no ‘encuadran’ y con la prepotencia del trabajo a menudo jaqueamos a las mafias desde todos sus costados. Sin plata, ni aparato damos clase acerca de cómo desenmascarar ladris. La Alameda es una pequeña historia barrial de ideas y valores que lo impulsa una inmensa voluntad de cambio».
A través de la Defensoría del Pueblo que conduce Alicia Pierini, y por intermedio de Graciela Palacio de Lois, funcionaria del organismo que viajó a Italia, Libera se contactó con la situación de la Argentina respecto al crimen organizado, por vía de organizaciones que se le oponen, como la fundación La Alameda, que agrupa militantes sociales, abogados y ex funcionarios. La relación de los italianos antimafia con la Argentina tuvo su primera iniciativa a principios de los noventa. Angela Boitano, la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, contó que «ante la imposibilidad de juzgar a los genocidas, como Emilio Massera, por las leyes y los indultos, recurrieron al artículo 8 del Código Penal italiano, que persigue a los asesinos de italianos en cualquier parte del mundo». Boitano, que vivió exiliada cinco años en Italia, agregó que «el juez Falcone iba a visitar nuestro país para tomar denuncias y entrevistarse con funcionarios. No fue posible porque dos semanas antes de llegar lo volaron en la autopista a él, su mujer y sus custodios. Falcone fue el único juez que nos ayudó. Sentimos mucho su muerte». En ese punto, los aplausos interrumpieron sus palabras cargadas de emoción, evitando que Boitano, una mujer mayor, rompiera en llantos. Legisladores, diputados nacionales, jueces y el secretario de Justicia Nacional, Héctor Masquelet, pasaron por el seminario. Para Masquelet «no existe la mafia aquí. No tenemos la lógica de organizaciones mafiosas territoriales. Hay organizaciones pequeñas que actúan en redes pero no con una cabeza vertical». Para el abogado Mario Ganora, quien presentó y cerró el seminario, «existe una guardia blanca de tipo mafiosa que actúa contra la confiscación de maquinarias ordenadas por la justicia en talleres textiles esclavos. Al jefe de la Policía Federal (Néstor Valleca) le dije personalmente quién es este señor. Hoy sigue libre pese a que luego montó un ataque contra Hebe de Bonafini y otra vez interceptó un proceso judicial en un taller de Villa Celina». Ganora, un abogado penalista de prestigio internacional por haber confeccionado un manual sobre trabajo forzoso en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseguró que «policías y funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones fueron denunciados. En esa causa no hubo ningún avance. Estos son hechos que favorecen al crimen organizado.» relata Noticias Urbanas (http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=71cf84f01b10b47da0a66bb6fb3f4a1a).
LA LUCHA POR LA JUSTICIA DESDE EL PLAN CONDOR HASTA HOY
Martín Almada fue el descubridor de los archivos secretos del Plan Cóndor, principal instrumento de persecución y muerte que usaron los dictadores militares en el Cono Sur (Argentina, Chile y Paraguay) para amedrentar a los intelectuales de la época. Fue entrevistado por el Diario El Telégrafo el 28 de septiembre del 2010, de visita a Quito. «En el Cóndor 1 había varias cabezas visibles: Henry Kissinger, Secretario de Estado norteamericano, en Washington; Augusto Pinochet, en Chile; Videla, en Argentina; Banser, en Bolivia. El trabajo era limpiar el ejército, la sociedad civil comunista y eso dejó más de 100.000 víctimas. Esas víctimas del Cóndor 1 fueron dirigentes de la clase obrera, artistas, estudiantes, religiosos, dirigentes campesinos. La clase pensante se pintó de sangre, se tronchó un proceso en donde la clase intelectual fue eliminada. El Cóndor 2, en cambio, se dirige desde los EE.UU. a través de la Conferencia de Ejército Americano. El objetivo es el mismo, es decir, mantener el pensamiento único. El objetivo es de explotación, no quieren que sigamos creciendo. EE.UU. sigue creando terroristas. Obama duplicó el presupuesto militar para el control. Yo me enteré del Cóndor 2 porque encontré un documento secreto militar, en donde un coronel de Paraguay le escribió a un coronel ecuatoriano, en 1997, y le dijo: «aquí le mando la lista de los subversivos paraguayos para que usted haga la lista de los de América Latina». Es decir, que no es algo que ya pasó; el proceso continúa. Salvo el documento que se halló en 1997, a Ecuador jamás se le vinculó con el Plan Cóndor; pero la CIA, en Washington, sí. Cada tiempo, esta entidad libera piezas documentales. Allí me enteré que Ecuador fue el último país que integró el Plan Cóndor».
El Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS está acompañando la movilización por la democracia de los pueblos de Latinoamérica, en particular sobre la lucha a favor de la justicia transnacional (http://www.choike.org/nuevo/informes/3137.html), en contra de la explotación económica (http://www.cadtm.org/VI-Cumbre-UE-ALC-propuestas-para).
Cristiano Morsolin, operador de redes internacionales. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS. Trabaja en Latinoamérica desde 2001.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.