Su lucha contra la construcción de un residencial en una reserva hídrica le ha valido demandas y amenazas
Las mujeres están cada vez más presentes en las luchas ambientales, siendo muchas veces las activistas principales. En Centroamérica, donde muchas de ellas son campesinas y amas de casa, enfrentan una enorme violencia por su lucha. Entre 2015 y 2016 se contabilizaron en la región centroamericana 609 ataques a defensoras de la tierra y los bienes naturales.
Una de ellas es Sonia Sánchez, líder del Movimiento de mujeres de Santo Tomás, un municipio a veinte minutos de San Salvador. Su lucha contra la construcción de una zona residencial en una reserva hídrica le ha valido dos demandas, múltiples amenazas de muerte e insultos. A pesar de ello, confía en insuflar aire a la batalla de otras activistas que defienden sus territorios en el país y en la región.
– Cuéntenos cómo es el municipio de Santo Tomás, la zona donde vive y desarrolla su activismo. ¿Cómo es el territorio y a qué se dedica la población?
– Santo Tomas es un municipio que está a unos 20 minutos de la capital. Tiene mucha boscosidad y mucha vegetación. Por ello, cuenta con una ordenanza de uso y ocupación de suelo donde se tipifica que Santo Tomas es rico en agua. También es un municipio vulnerable porque es muy quebradizo. Su población, que está mayoritariamente en la zona rural, vive de la agricultura, de la crianza de ganado y las mujeres se emplean en la máquina textil y en el comercio informal. Santo Tomás es una especie de ciudad dormitorio donde la gente sale a trabajar y llega para dormir porque allí no hay fuentes de empleo directas.
– ¿Por qué empieza una lucha contra la multinacional Inversiones Robles?
– Robles compra 40 manzanas de terreno en un cantón que estaba tipificado como zona de recarga hídrica. El uso que le correspondía era para cultivo o para declarar zona de reserva forestal. En el 2006 gana un partido de derechas en el municipio donde están aglutinados todos los grandes empresarios y reforman la ordenanza para quitar el candado que no les permitía construir.
En 2009 la derecha pierde en el país a nivel de presidencia, pero el ministro de ese momento, Carlos Guerrero, otorga el permiso medioambiental a Inversiones Robles para que pueda edificar la residencia de Santo Tomas, un total de 416 viviendas de lujo para población de clase media alta. Inician el proyecto en 2015 con la tala indiscriminada de árboles, acaban con (1.300) centenarios en peligro de extinción. Al final construyeron la residencial.
– ¿Cómo ha sido la lucha del Movimiento de mujeres de Santo Tomás contra la construcción residencial Inversiones Robles en su territorio?
– Como Movimiento de mujeres de Santo Tomas empezamos a acompañar la lucha de la comunidad afectada. Eran más hombres al inicio, y poco a poco nos hemos quedado solas las mujeres. Esto nos ha llevado a enfrentar amenazas de muerte, acoso sexual, discriminación y judicialización porque al final nos criminalizaron poniéndonos dos demandas. Nos pusieron una demanda por coacción a dos hombres y mujeres y a mí la empresa me interpuso una segunda demanda por difamación y calumnias. Me pedían 25.000 dolares por resarcimiento de daños a la empresa y a la moralidad del representante legal, además de cuatro años de prisión o trabajo comunitario.
Logramos que nos absolvieran, pero no fue porque en El Salvador se aplique la justicia, sino porque hubo mucha presión de movimientos como el sindicalista o el de la diversidad sexual. Realmente no me sentí sola porque estuve acompañada de muchas organizaciones de El Salvador y a nivel internacional. Dos acciones bastante mediáticas hicieron que el juez se repensara la sentencia.
– Actualmente, ¿qué consecuencias está sufriendo su comunidad por la construcción de la zona residencial?
– Le cambiaron el nombre a Sierra Verde y ahora es toda una zona residencial con seguridad perimetral, con personal armado, donde no puedes acceder sin identificarte. Detrás de los muros permietrales está El Paraíso, que es la comunidad más afectada porque se abastecía de 24 pozos artesanales, pero con la tala indiscriminada de arboles se profundizó el agua. También han secado un río que antes llevaba agua todo el año, y ahora solo en invierno, cuando llueve. La residencial puede tener agua las 24 horas del día, los 365 días del año, pero no así la población que hemos vivido y nacido en Santo Tomás. Por ejemplo, el mes de abril, en la comunidad en la que yo vivo estuvimos 30 días sin agua.
No nos oponemos al desarrollo, pero nos oponemos al mal llamado desarrollo que destruye los bienes naturales, lo que nos permite la vida a los seres humanos. No podemos a estar desarrollando a unos económicamente y vulnerando a otros. Hay muchas luchas similares a esta en El Salvador. Aunque en Santo Tomás no hemos logrado detener la urbanización, sí hemos logrado que la empresa se piense volver a construir. Hemos demostrado que el poder económico no siempre va a tener la razón y que podemos doblarle la mano a estas empresas que solo buscan generar ganancias para cuatro familias.
– Además de las demandas que le puso la empresa, ¿ha recibido algún tipo de amenaza o presión por su activismo?
– Sí, de hecho hubo amenazas de muerte, persecución por allanamiento de vivienda, vigilancia constante… Vivimos también los secuestros de dos compañeras jóvenes. En un primer momento no lo vinculábamos al trabajo que hacíamos en el municipio, hasta que hicimos un análisis del riesgo al que nos habíamos estado enfrentando por defender derechos. Al final logramos entender que muchas de las mujeres que estamos en la lucha ambiental en municipios enfrentamos algún incidente, amenaza, y entendimos que era por las denuncias que hacíamos a la empresa.
– ¿Qué piensa su familia de su activismo?
– Los guardias de la empresa me decían «vaya a cuidar a sus hijos y a su marido» y mis hijas contestaban: «sus hijas aquí andamos». De hecho, mis hijas también son defensoras feministas que defienden el territorio. Siempre me siento acompañada, caminamos juntas. Sabemos que hay una necesidad de defender derechos y que a las mujeres no se nos ha regalado nada, sino que todo lo hemos conseguido con la lucha. Muchas mujeres han ofrecido sus vidas para que hoy tengamos cierto disfrute de ciertos derechos.
– ¿Qué dificultades añadidas tienen las defensoras de derechos humanos por el hecho de ser mujeres?
– Es difícil ser defensora porque no está reconocido nuestro papel. No tener un reconocimiento jurídico lleva a que te vulneren derechos, a que te enfrentes a gente antiderechos. Te afecta la cotidianidad. A mí me han dicho lesbiana, borracha, tira piedras, antidesarrollo o que vivo del dinero de la cooperación, cuando somos parte una organización local que no somos captadores de fondos. Nuestro trabajo es mayoritariamente voluntario. Para algunas actividades buscamos el apoyo solidario de organizaciones ambientalistas y feministas del país.
– ¿Como activistas tienen algún tipo de protección institucional o de los poderes públicos en su país?
– El apoyo solo lo tuvimos de la Procuraduría. Él era un procurador muy consciente, muy solidario y muy firme en su trabajo. Llamó a la Fiscalía y a la Policía a que se investigaran los hechos, pero no se ha hecho nada. Nosotras no nos sentimos seguras ante la Policía ya que golpeó a unas jóvenes por estar protestando contra de la empresa. De hecho, cuando nos atacaban les recordábamos el lema de la Policía salvadoreña: «servir y proteger». ¿Servir y proteger a quién? De hecho hubo ocho días en los que los policías se estacionaron frente a la empresa desde a las 8 de la mañana hasta las 17.00 hasta que se les hizo un llamado a que no podían estar protegiendo los intereses de la empresa, que puede pagar seguridad privada.