Justo el mes en que el mundo conmemora, este 25, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género, como hiriente paradoja en estas últimas semanas la violencia machista ha cobrado la vida de nueve mujeres en República Dominicana, tierra donde nació la […]
Justo el mes en que el mundo conmemora, este 25, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género, como hiriente paradoja en estas últimas semanas la violencia machista ha cobrado la vida de nueve mujeres en República Dominicana, tierra donde nació la conmemoración, en memoria de las Hermanas Mirabal.
Hasta los días que corren de este 2019 se habla de la ocurrencia de 69 feminicidios, hechos que no solo conmocionan a la sociedad dominicana, sino que exponen con claridad la debilidad existente en la aplicación de políticas públicas y el mal funcionamiento del sistema judicial y demás estamentos del Estado para enfrentar esta situación.
El presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños, hizo saber públicamente este 24 de noviembre que se debía poner fin a los acuerdos en los casos de violencia contra la mujer, avalados por la Justicia, y los consideró inaplicables en el marco de la realidad social actual, ya que muchos se concretan violentando las leyes, en la mayoría de los casos.
«Es un tema que debe ser analizado, ya que estos criterios de oportunidad son otorgados pese a que no se cumplen los requisitos que establece la ley en la mayoría de los casos», afirmó Castaños y aseguró, además, que el Ministerio Público debía suspender esa medida y dar un mensaje contundente a la sociedad, tras considerar que es un problema muy grave.
Las palabras del presidente la FINJUS trascienden tras conocerse que, en menos de cuatro meses, dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, luego de los perpetradores llegar a acuerdos con las autoridades, aun cuando existía el precedente de haber sido ellas agredidas previamente.
Tanto Contreras como Lorenzo señalaron que otro de los serios problemas en el país es el «afán de la Procuraduría General de la República (PGR) por reducir las estadísticas de feminicidios», hecho que contabilizan cuando se da entre parejas o exparejas, e ignora los que ocurren en otras circunstancias.
«Mientras haya una mujer muerta por un feminicidio, los resultados tienen que ser cuestionados, porque cada vida vale lo que vale. Se trata de vidas perdidas, familias afectadas, niños que quedan en la orfandad», manifestó Lorenzo.
El vicerrector de Extensión, Antonio Medina Calcaño, alegó que la UASD se propone activar un convenio suscrito con la Procuraduría General de la República, para la formación mutua sobre violencia de género y la lucha por la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres.
A su vez, Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Investigación Género y Familia de esta casa de altos estudios, dijo que en los medios de comunicación y redes se desarrollará una campaña permanente de educación y prevención de la violencia de género, incluida como línea de investigación en las tesis, monográficos y en los programas docentes de las distintas carreras.
Este domingo, representantes de la familia universitaria de la UASD estuvieron presentes en la Marcha de las Mariposas, en conmemoración y homenaje a las Hermanas Mirabal y del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.
Jean Alain Rodríguez, procurador general de la República, se refirió al tema durante una rueda de prensa, en la cual resaltó, según su criterio, los avances en la ejecución del Plan Nacional Contra la Violencia de Género, en momentos en los cuales existe gran alarma social por los últimos nueve feminicidios ocurridos desde principios de noviembre: dos de ellos con la acusación de que se produjeron tras supuestas irregularidades en la excarcelación de los agresores, que guardaban prisión por hechos de violencia hacia las hoy occisas.
Ambos feminicidas obtuvieron la libertad de la prisión mediante acuerdos logrados con la falsificación de firmas de las fallecidas y la complicidad de funcionarios.
En relación con los hechos, Rodríguez subrayó: «Habíamos establecido formalmente y por escrito una prohibición de acuerdos ante tentativa de homicidio y esa prohibición fue violada por familiares, por abogados, notarios, fiscales, jueces que fallaron al sistema y hoy se encuentran bajo arresto algunas de estas personas».
Agregó que la PGR prohíbe el «régimen de consecuencias» previsto para sancionar a los funcionarios que cometan irregularidades en el desarrollo de su trabajo en este campo.
No obstante, la realidad indica que el Plan Nacional Contra la Violencia de Género, puesto en marcha hace dos años, con 22 acciones enfocadas en la prevención, fortalecimiento de la persecución y atención efectiva a las víctimas, no ha tenido los resultados requeridos.
Aunque el procurador menciona una supuesta reducción del 25 por ciento en el número de muertes de mujeres a manos de sus parejas en lo que va de año y lo resalta como el mejor dato de los últimos 14 años, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) posiciona a República Dominicana en el tope de países latinoamericanos con más incidencia de casos de feminicidios, con 1.795 mujeres asesinadas entre enero de 2010 y septiembre de 2019.
No en balde medios de prensa como la Agencia EFE y el digital InformativoMAS, publicaron de inmediato un titular que reseñaba: «Datos de feminicidios en la República Dominicana están en tela de juicio», al enfocar los cuestionamientos de grupos de derechos humanos sobre la veracidad de las estadísticas oficiales, que registran una aparente disminución de tales crímenes, cuando en realidad, por solo poner un ejemplo, noviembre ha sido mes negro para las mujeres dominicanas.
La portavoz de estos dos grupos, Raquel Rivera, entiende que las autoridades no tratan los asesinatos como feminicidios a menos que las parejas o exparejas sean detenidas o acusadas por sus parientes como sospechosos del crimen. «Todo esto tiene que ver con la desprotección que tienen las mujeres dominicanas cuando acuden a la Justicia a denunciar a sus parejas y exparejas por amenazas y malos tratos», observó.
Por su parte, la destacada activista Sergia Galván, organizadora de la manifestación contra la violencia hacia la mujer que tuvo lugar este domingo, recordó que uno de los problemas mayores que impiden la protección de la mujer en el país es la demora del Parlamento en aprobar el proyecto de ley para crear un «sistema de apoyo integral» capaz de erradicar la violencia contra las mujeres, estancado en el Congreso desde 2012.
Concluyó Galván que «cuando el Estado no da una respuesta efectiva, se convierte en cómplice».
La población se unió al intenso desfile y voces de renombrados artistas y comunicadores rememoraron este día, cuando 20 años atrás, la Asamblea General de las Naciones Unidas acogió, mediante resolución, el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en memoria a Patria, Minerva y Teresa, las heroicas Hermanas Mirabal, cuyo legado histórico mantiene en pie el propósito de lograr un país y un mundo justo, libre de feminicidios y de violencia contra las mujeres.