La compañía, integrada ahora en Gas Natural, está acusada de adquirir irregularmente la empresa pública de distribución eléctrica y de vulnerar derechos humanos.
«La situación de represión sigue agravándose contra quienes defienden la dignidad y la soberanía de las comunidades indígenas frente a las empresas multinacionales en San Marcos, Huehuetenango, El Quiché y Las Verapaces». Son palabras -en declaraciones a Vieiros- de Pablo Ceto, dirigente maya de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
La sangre volvió a correr este martes en Guatemala. Octavio Roblero, dirigente del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA) y líder de la lucha contra Unión Fenosa-Gas Natural en el Municipio de Malacatán (San Marcos) fue asesinado por varios desconocidos que, desde un vehículo, lo acribillaron enfrente de su negocio.
El nombre de Roblero figuraba en la lista de personas que, por estar bajo amenaza de muerte, interpusieron un recurso de exhibición personal, entregado a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, el pasado 20 de enero, como una medida de protección.
Una semana antes también era asesinada a tiros Evelinda Ramírez, presidenta del Comité del FRENA, cuando regresaba de la capital del país acompañada por tres compañeros dirigentes. No era ni la primera víctima ni, tal y como se confirmó esta semana, sería la última.
Antes que Ramírez y Roblero fue la vida de Víctor Gálvez, otro activista de Malacatán, la que se llevaron por delante. Precisamente, el grupo de Evelinda Ramírez venía de reunirse durante dos días con diferentes autoridades del Gobierno para reclamar el esclarecimiento de su asesinato, la suspensión del estado de sitio decretado en San Marcos y la expulsión de Unión Fenosa del país.
Irregularidades de Unión Fenosa
Fenosa, ahora integrada en Gas Natural, está denunciada entre otras cosas por atentar contra los derechos humanos. El pasado 30 de noviembre, más de 50 organizaciones y movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos enviaron una carta al presidente del gobierno español, al catalán y a los directivos de Gas Natural, La Caixa y Repsol exigiendo responsabilidades.
Las irregularidades no terminan ahí. La Corte de Constitucionalidad guatemalteca determinó en noviembre de 2004 que la empresa, a través de su filial DEOCSA, estaba realizando cobros indebidos mediante un impuesto ilegal, y que debía devolver a los usuarios los importes cobrados, que ascienden a casi 200 millones de euros. Sin embargo, a día de hoy, la empresa española sigue recaudando fraudulentamente ese dinero.
Además, se cuestiona la adquisición irregular de la empresa pública de distribución eléctrica por parte de Unión Fenosa. «Desde que en 1998 el Estado privatizó la distribución de la energía eléctrica entregándosela a las empresas trasnacionales españolas Unión Fenosa e Iberdrola, el servicio de electricidad se ha convertido en un problema pesado sobre los hombros del pueblo», sostiene el FRENA.
Lejos de ceder en su postura -y sin nadie que le haga cumplir la ley-, Unión Fenosa ha respondido a la lucha de los movimientos sociales con represalias contra la población, en ocasiones incluso dejando sin suministro eléctrico a las comunidades que protestaron por las altas tarifas, la mala calidad del servicio y los cobros indebidos.
Pablo Ceto (URNG): «Un nuevo expolio colonial»
Y mientras todo esto ocurre, señala el ex diputado indígena Pablo Ceto, «el actual gobierno pone cara de socialdemócrata frente a la comunidad internacional». «Se trata de un nuevo expolio colonial, neocolonial, neoliberal. Son las empresas multinacionales con la complicidad de los gobiernos las que están ahora cometiendo este expolio de nuestros recursos naturales a costa de las vidas de nuestros líderes», dice.
Fuente: http://www.vieiros.com/nova/