En Sudamérica existe un crecimiento de la migración interna y limítrofe. Si bien históricamente los flujos migratorios mayoritarios provenían de Europa, y en menor medida de Asia, esto está cambiando. Los porcentajes de migración de cercanía aumentan, pero no cambian las malas condiciones generales a lo largo de las fronteras. Cada día se registran condiciones […]
En Sudamérica existe un crecimiento de la migración interna y limítrofe. Si bien históricamente los flujos migratorios mayoritarios provenían de Europa, y en menor medida de Asia, esto está cambiando. Los porcentajes de migración de cercanía aumentan, pero no cambian las malas condiciones generales a lo largo de las fronteras. Cada día se registran condiciones más difíciles para el respeto de los derechos humanos básicos. Esto también es un claro reflejo de las condiciones de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y políticos y civiles que tendrán las personas migrantes después, dentro de los países receptores.
A partir de los acontecimientos terroristas contra las Torres Gemelas de setiembre de 2001 el entorno de control, securitización y criminalización de las personas migrantes se ve reforzado a todos los niveles y en toda la región.
Las fronteras identificadas como conflictivas en el subcontinente son la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay); la frontera occidental de Colombia (Nariño y Putumayo) con Ecuador; la frontera entre Argentina y Bolivia (especialmente en el paso Quiaca-Villazón); y la frontera entre Chile (Arica) y Perú (Tacna). (Ver Gainza, 2011)
Dentro de los temas comunes a estos espacios fronterizos en el subcontinente encontramos varias contradicciones que hacen a las dinámicas de los gobiernos:
La violación a los derechos de las personas migrantes es una constante que se manifiesta en actos racistas, discriminatorios o xenófobos por parte de las autoridades o funcionarios de gobiernos.
Una amplia mayoría de los gobiernos de los países sudamericanos predican un mismo discurso sobre integración regional, pero la práctica en sus fronteras y a la interna de sus países no es tal. Las condiciones de violencia, racismo y explotación son frecuentes y los gobiernos no toman medidas serias para su combate y acompañamiento de las víctimas. El desarrollo de este discurso común sobre integración regional, no se aplica y la realidad indica que las fronteras siguen siendo espacios de afirmación de la seguridad nacional. No son espacios de integración regional y tampoco bi o multi – nacionales (con algunas excepciones).
A pesar de estas condiciones, la sociedad civil organizada y los movimientos sociales a sudamérica, consideran que es la mejor instancia que se ha vivido para ser escuchados y plantear demandas, por lo cual insistimos en hacer oir nuestra voz en espacios como la CAN, el Consejo Social del MERCOSUR, la UNASUR y la Conferencia Sudamericana de las Migraciones.
Existe otra contradicción que es la disociación de los discursos de los gobiernos respecto a lo solicitado a nivel internacional para sus connacionales (ya sea a nivel regional o extraregional), y lo garantizado dentro de su territorio para las personas inmigrantes.
Una tercera incoherencia es que en las fronteras los estados establecen grandes despliegues de control y seguridad y a su vez son espacios donde la presencia estatal históricamente ha sido muy débil. Si hacemos un relevamiento de puestos de asistencia en salud, educación, vivienda y otras dependencias del estado, encontraremos muy pocas; o en su defecto, cuando las hay tienen una clara línea asistencial que no modificará la realidad. (Un ejemplo de esto son las políticas sociales aplicadas por el gobierno del anterior presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en las regiones de Putumayo y Nariño. (Ver: Laverde, 2009)
Los hombres y mujeres migrantes que atraviesan diversas fronteras a lo largo de la región se enfrentan a situaciones de violencia generalizada, que puede provenir de agentes del estado, grupos paramilitares, narcotráfico u otras formas de crimen organizado como la trata de personas y el tráfico de migrantes, grupos rebeldes, etc. Además viven el cruce con altos niveles de tensión e inseguridad frente a los abusos constantes y a los altos niveles de discriminación y racismo.
Las organizaciones de la sociedad civil en las fronteras, generalmente cumplen con tareas como la de informar, dar servicios básicos a las personas migrantes y generar espacios de denuncia. Otras veces también generan investigación y econocimiento. En la mayoría de los casos sustituye funciones que el Estado no cumple. Por ejemplo observamos un alto desconocimiento y confusión sobre la documentación, los derechos, las modalidades migratorias, trámites y requisitos para obtenerlos. El costo elevado de la documentación es también una limitante para su tramitación; pero muchas veces no realizan la tramitación porque consideran que no se las van a otorgar En Bolivia existen muchos casos donde las ciudadanas y ciudadanos [1 ]).
En la realidad específica de las personas desplazada por la violencia en Colombia, además de todos los problemas descriptos, las personas desplazadas o refugiadas sufren la estigmatización social y mediática.
Las desigualdades sociales y económicas preexistentes en los países son una condición que se repite o agrava en las fronteras. Por eso si la persona migrante es mujer, campesino/a o indígena o tiene más de una de estas características a la vez sus condiciones son más difíciles y su vulnerabilidad mayor.
La lista de recomendaciones es amplia, pero las reformas imprescindibles, hablan de la necesidad de que los Estados acuerden lineamientos regionales para la protección de los derechos humanos de las personas en frontera, protocolos ágiles que sobre todo acaben con la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Los abusos en materia de derechos humanos se realizan a todos los niveles de gobierno: central y también local. Esto indicaría que la formación en derechos humanos e integración debe construirse en los diferentes niveles.
Existe una distancia importante entre los principios acordados en tratados bilaterales de frontera y la realidad en el territorio fronterizo. Es necesario que todo acuerdo o convenio de integración fronteriza tenga un protocolo de aplicación.
Es importante dar a conocer Buenas Prácticas, como el tratado entre Brasil y Argentina, quienes crearon leyes que permiten la atención del sistema de salud indistintamente a los ciudadanos de ambos lados de la frontera.
Llamamos la atención en la urgencia de la creación de Centros de Información para las personas migrantes, en las principales ciudades de fronteras, así como ya existe en Foz do Iguazu
También es necesario informar sobre los derechos de las personas en situación de trata y tráfico y desarrollar políticas públicas coordinadas para la atención de los casos de violencia y explotación.
Patricia P. Gainza trabaja en su tesis de Maestría «Migración calificada reciente de uruguayos y uruguayas: motivos y vínculos»; y es candidata a investigadora en el Sistema Nacional de Investigación de Uruguay.
Nota:
[1] Como no reconocen la diferencia entre un pasaporte y una visa, creen que sacar el pasaporte y la visa es la misma instancia, y como sospechan que no les van a dar el visado, ni se toman el trabajo de solicitar el pasaporte y directamente compran documentación falsa, incurriendo así en un problema más grave. (Gainza y Baraldi, 2011)