Durante los últimos años el área comprendida entre el Sur de México, Centroamérica y el Caribe se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos mundiales. Este fuerte crecimiento ha tenido lugar bajo el liderazgo y control estratégico del capital transnacional y los grandes grupos empresariales de la propia región, que han transitado hacia […]
Durante los últimos años el área comprendida entre el Sur de México, Centroamérica y el Caribe se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos mundiales. Este fuerte crecimiento ha tenido lugar bajo el liderazgo y control estratégico del capital transnacional y los grandes grupos empresariales de la propia región, que han transitado hacia este nuevo nicho de negocio procedentes de otros sectores que tradicionalmente habían dominado su economía, fuertemente vinculada a la agroexportación. El modelo ha tenido un intenso carácter segregador y generador de desigualdad social, ya fuera a través de los complejos hoteleros «todo-incluido» o por medio de nuevas formas de promoción inmobiliaria de segundas residencias, lo que conocemos como «turismo residencial». Con mayor o menor intensidad, según los países y en función del momento en el que se encuentra el sector en su particular evolución, este tipo de turismo ha generado un proceso de transformación histórica radical para esas sociedades, del que muchas veces no nos hemos dado suficiente cuenta.
Algunos de los impactos que ha provocado su expansión han empezado ya a llamar la atención: comunidades campesinas desposeídas de recursos esenciales como la tierra o el agua; restricciones a la población local para acceder a playas privatizadas o degradación ambiental por la urbanización de la franja costera. Son parte de esta profunda mutación en curso. Sin embargo, uno de los grandes fenómenos de la turistización, y que hasta el momento no ha sido suficientemente dimensionado, es la movilización masiva de trabajadores de diferentes partes de la región para la construcción de esos enclaves.
La creación de espacios turísticos emblemáticos como Punta Cana – Bávaro, en República Dominicana, Cancún y Riviera Maya en México o el litoral de Guanacaste en Costa Rica, se han llevado a cabo desplazando las actividades pre-existentes. En la lógica de la agroexportación tradicional esas áreas habían estado destinadas al cultivo de caña de azúcar y otros monocultivos, la ganadería, o eran zonas de selva que se explotaban comercialmente en una fracción menor, como en el caso de la península de Yucatán, en México, con la extracción de chicle. Al mismo tiempo, algunos de esos lugares no estaban tan insertados en la dinámica del mercado internacional y habían quedado en manos de comunidades campesinas y pesqueras con economías orientadas fundamentalmente hacia el autoconsumo y los mercados locales. Cuando se pusieron en marcha estos nuevos centros de desarrollo turístico, en algunos casos de forma planificada por parte del Estado (como en México o Costa Rica), en otros en base a iniciativas privadas pero con diversos tipos de acuerdo con los respectivos gobiernos, en esos territorios no existía suficiente mano de obra para la construcción de las infraestructuras necesarias. De forma generalizada, esto ha requerido atraer trabajadores procedentes de otras zonas, fundamentalmente población campesina de áreas más empobrecidas: haitianos en República Dominicana, nicaragüenses en Costa Rica y centroamericanos (y chiapanecos) en México.
Este proceso de movilización social, a pesar de sus particularidades, reviste ciertas características comunes:
– Los Estados se han desentendido de gestión de las necesidades de fuerza de trabajo para esta nueva actividad, que por otra parte sí han planificado y promovido como destinos turísticos, dejando que imperase el «laissez faire» en materia laboral, que sólo ha beneficiado a los grandes empresarios, confiriéndoles mayor poder de facto sobre los trabajadores. De este modo se impone e l recurso sistemático a la mano de obra inmigrante de origen extranjero, que se moviliza sin contratos previos, y en muchas ocasiones en situación de ilegalidad. Estar en otro país sin la documentación en regla somete a los trabajadores a todo tipo de arbitrariedades y abusos, reduciendo los márgenes legales de su defensa y protección. Esto provoca un estado de permanente vulnerabilidad frente a los empleadores.
– Por norma general estos trabajadores obtienen bajos salarios, a menudo según el mínimo previsto como referencia y en dependencia del trabajo realizado, mayores sin embargo que los que logran en el sector agropecuario en sus lugares de origen. Aunque también es cierto que tienen que hacer frente a un coste de vida más elevado que de donde proceden, lo cual reduce el hipotético beneficio de esos mayores salarios. Dada su debilidad frente a la empresa, motivada por múltiples factores, a menudo son despedidos sin sus correspondientes liquidaciones o últimos salarios, ni las prestaciones que les corresponden. Oportunamente las autoridades policiales hacen operativos contra la inmigración ilegal, lo que mantiene en un estado de permanente inseguridad a los trabajadores. Frecuentemente los contratos son verbales y según las necesidades puntuales de las empresas y no se dispone de ningún tipo de prestación social. A esto hay que sumar unas condiciones laborales especialmente duras, inseguras e insalubres. Tanto los accidentes como las enfermedades laborales son habituales en el sector por cuanto son escasas las condiciones de vigilancia y protección en seguridad e higiene en el trabajo. El origen campesino de muchos de estos trabajadores, no acostumbrados a este tipo de actividad o a la altura de las obras, y la misma precariedad en sus condiciones de vida (mala alimentación, lugares para el descanso inapropiados, estrés) pone claramente en riesgo su salud y su vida.
– Cuando los trabajadores migrantes llegan a su destino, se encuentran que prácticamente no existen condiciones para su alojamiento, por lo que acaban viviendo en las mismas obras en las que están empleados o en campamentos informales con un elevado grado de provisionalidad y precariedad, hacinamiento y sin infraestructuras básicas necesarias. Esto da pie al nacimiento de nuevas aglomeraciones urbanas insalubres. En su mayoría son hombres solos, que se han desplazado sin sus familias. En este ambiente social y laboral, es muy difícil el arraigo en los nuevos territorios, lo que da pie al incremento de los niveles de alcoholismo y otras formas de drogadicción, como forma de superar la situación o evadirse de la realidad. Esta falta de integración en el territorio se puso más en evidencia con el estallido de la crisis económica internacional a partir de los años 2007 y 2008, y que supuso la paralización o redimensión de los proyectos constructivos en curso, provocando la desaparición de muchos de esos asentamientos, especialmente en Guanacaste.
– La maraña de subcontrataciones tras las que se encuentran las grandes cadenas hoteleras y proyectos inmobiliarios limitan que los trabajadores puedan plantear cualquier demanda o acusación frente a los grandes capitales. Para la construcción de un determinado proyecto, o incluso partes de él, se acostumbran a contratar a diferentes empresas locales. Este tipo de práctica empresarial logra segmentar a los trabajadores y, en caso de cualquier incidente, desresponsabilizarse. Y si esto ocurre durante la construcción, se agudiza aún más en la fase de gestión del desarrollo turístico: las tendencias internacionales del sector hotelero apunta a una creciente separación entre la «marca» con la que opera un determinado establecimiento y la propiedad de sus inmuebles. En conjunto esta evolución dificulta cualquier acción colectiva por parte de los trabajadores. Incluso cuando las cadenas transnacionales adoptan estrategias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), esta lógica de subcontratación les permite evadir responsabilidades.
– Las medidas de protección por parte del Estado son mínimas. Resulta especialmente significativo el pobre papel que desempeñan los ministerios de trabajo, responsables de las inspecciones en este tipo de empresas, que en realidad no responden a los intereses de los trabajadores. Incluso cuando hay voluntad política en algunos funcionarios, los presupuestos disponibles hacen que su capacidad de incidencia sea mínima en relación a los intereses de las grandes corporaciones. En el mismo sentido, la capacidad de organización sindical en este sector es muy limitada, con lo cual las posibilidades de salvaguarda y defensa colectiva son escasas. Y si bien es cierto que la tradición y características del sindicalismo mexicano es muy distinta a la existente en Costa Rica o República Dominicana, donde hay escasa y débil presencia sindical, en ese caso la existencia de sindicatos de albañiles no significa necesariamente que los trabajadores dispongan de estructuras para su organización y defensa. De este modo, las formas de protección existente se reducen fundamentalmente a organizaciones sociales con presencia en los territorios, mayoritariamente iglesias, como el caso de Caritas y la Pastoral Social de Liberia, en la cabecera de la provincia de Guanacaste.
Todos estos factores configuran un escenario caracterizado por la precariedad y la vulneración de los derechos humanos sobre los que se asienta la industria turística, en connivencia de los respectivos Estados de la región, para rebajar costos en la construcción de sus enclaves. Unos paraísos turísticos construidos, en definitiva, sin tomar en cuenta los derechos fundamentales de los trabajadores que los hicieron posibles.
Ernest Cañada. Coordinador ALBA SUD
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