Pocas veces en la historia republicana se han dado situaciones similares a las del resultado del ballotage electoral del 5 de Junio: Un partido gana el poder ejecutivo y otro gana el poder legislativo. Esta cuestión, como han comparado algunos historiadores, solo tiene similitud con el gobierno de José Bustamante y Rivero (JBR), donde éste […]
Pocas veces en la historia republicana se han dado situaciones similares a las del resultado del ballotage electoral del 5 de Junio: Un partido gana el poder ejecutivo y otro gana el poder legislativo. Esta cuestión, como han comparado algunos historiadores, solo tiene similitud con el gobierno de José Bustamante y Rivero (JBR), donde éste controlaba la presidencia, pero donde el APRA controlaba el Parlamento, desde donde elaboro una estrategia de alianza con el Gral. Manuel A. Odría, para derrocar a JBR tres años después, en 1948.
Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tiene varias similitudes con el fujimorismo en cuanto a su visión del Estado. Ambos quieren un Estado más pequeño (que el mercado se autoregule), que la inversión privada extranjera y nacional sea decisiva para el crecimiento económico y que el presupuesto debe seguir siendo centralista.
No obstante, el gobierno de PPK tiene posiciones de derecha más liberales que entran en colisión con el fujimorismo ultraconservador en cuanto a temas como la lucha anticorrupción, el matrimonio igualitario, la píldora del día siguiente, etc.
Justamente, el rechazo al proyecto de Ley para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (que permitiría el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria de los acusados de corrupción, lavado de activos), acaba de plantear una crisis en la relación Ejecutivo-Legislativo (en el marco del pedido de facultades que hizo el gobierno nacional para legislar en temas de economía, corrupción, seguridad ciudadana, saneamiento y Petroperú).
Y esto porque si bien es verdad ambos partidos políticos son primos hermanos neoliberales, pues, mientras que PPK está más vinculado al lobby internacional a través de grandes proyectos de inversiones, Keiko, está más vinculada a la mafia del narcotráfico que utiliza la banca para lavar su dinero (y tiene cinco congresistas denunciados por lavado de activos sin contar a su ex secretario general Joaquín Ramírez).
«Esto es muy importante si queremos realmente tener una guerra efectiva contra el crimen y el lavado de dinero » , declaró preocupado PPK (La República, 26-09-16). Por su lado, el congresista fujimorista y presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, dijo, «Ellos hablaban de un juez ad hoc asignado a la UIF. Pero eso puede generar colusión y desviarse de objetivos. Nosotros en Constitución estamos proponiendo que vaya el juez de turno. Creo estamos encontrando los mecanismos para fortalecer la UIF y hacer respetar los derechos constitucionales», (La República, 27-09-16).
Anteriormente, el fujimorismo, negó ceder facultades en el tema económico. A lo que PPK, manifestó, «Es una reforma económica, el impacto presupuestario es nulo y creo que aquí se han equivocado de enemigo: el verdadero enemigo es la informalidad…», (Canal N, 21-09-16).
Los analistas y periodistas comentan todos los días estos dimes y diretes alrededor del pedido de facultades, no obstante, al parecer hay una tendencia política dentro del partido PPK a co-gobernar decisivamente con el fujimorismo.
Es así como se puede comprender el nombramiento de funcionarios en cargos clave del Estado como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) con Victor Shiguiyama (ex asesor de Keiko), como nuevo jefe. Curiosamente, una de las instituciones clave en la lucha contra la corrupción para levantar la reserva tributaria dentro del marco de potenciación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Antes de este hecho se nombró a un cuestionado filo fujimorista Walter Gutiérrez como Defensor del Pueblo, produciéndose una fricción en la bancada oficialista absteniéndose de votar por éste 5 de sus 18 congresistas.
¿Hasta dónde llegaran las fricciones? Al parecer, hasta aquí nomás (aunque pueden haber algunas contradicciones de forma), ya que la Comisión de Fiscalización del Congreso acaba de dar visto bueno a la delegación de facultades legislativas en diez de los 11 puntos que analizó. Y sobre la UIF, pues, aprobarían una pantomima donde previamente al levantamiento del secreto bancario tendrían que contar con una orden del juez de turno.
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