El paso del Huracán María y sus efectos evidencian la cruda situación colonial de la ‘Isla del Encanto’. A más de un mes de uno de los peores desastres naturales en la historia boricua, aproximadamente el 70% de los puertorriqueños todavía no tiene electricidad, un 28% continua sin acceso a agua potable, y solamente el […]
El paso del Huracán María y sus efectos evidencian la cruda situación colonial de la ‘Isla del Encanto’. A más de un mes de uno de los peores desastres naturales en la historia boricua, aproximadamente el 70% de los puertorriqueños todavía no tiene electricidad, un 28% continua sin acceso a agua potable, y solamente el 29% (2.400 km) de toda la infraestructura vial de la isla (8.200 Km) está habilitada.
Esta respuesta tardía y condicionada del gobierno norteamericano demuestra que para la potencia imperial, los puertorriqueños no tienen los mismos derechos, son ciudadanos de segunda clase. Algo que se visibilizó durante la temporada de huracanes en 2017.
Entre agosto y octubre, Texas, Florida y Puerto Rico fueron abatidos por los Huracanes Harvey, Irma y María. A pesar de que las tres áreas fueron declaradas ‘desastres mayores’, no todas recibieron ayuda federal de la misma manera.
Según cifras de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA), para Houston se aprobó 1300 millones de dólares de asistencia individual–fondos para cubrir gastos de reconstrucción de hogares y propiedad privada-, a Florida 879 millones y para Puerto Rico solamente 123 millones, a pesar de que quedó devastada en su totalidad. Esto quiere decir que para los 3.5 millones de habitantes, la isla solo recibirá entre un 10 y 15% del presupuesto entregado a los estados afectados.
El olvido es tal, que la administración de Trump tomó más de un mes para aprobar ayuda total para la isla, a pesar de la solicitud continúa de las autoridades isleñas. Y es en la posición oficial del presidente norteamericano, que se resume como Washington mira la situación puertorriqueña.
Después de los desastres en Houston y Florida, el presidente visitó las zonas afectadas en aproximadamente cuatro días. Para Puerto Rico su visita tomó casi dos semanas y cuando llegó amenazó que FEMA no se quedará en la isla «para siempre» mientras lanzaba rollos de papel a los damnificados con una sonrisa.
La precaria condición ha incitado la denuncia de expertos de las Naciones Unidas por ser una «alarmante» violación de derechos humanos. Al momento, la cifra oficial de muertos es de 51 pero desde el paso del huracán, 911 muertes han sido registradas. Al ser categorizadas como ‘causas naturales’ no se podrá saber si deben ser incluidas en la lista de víctimas. El equipo de médicos forenses en situ no realizó las examinaciones físicas de los cuerpos, como debería haberse hecho tras un desastre natural.
A su vez el riesgo de un brote masivo de leptospirosis aumenta. Esta bacteria se encuentra en la orina de roedores y otros animales y tiende a propagarse después de inundaciones a través de agua potable o infecciones de heridas abiertas, según la Organización Mundial de la Salud. La isla típicamente ve entre 63 y 95 casos al año pero solo en un mes ya van 76 casos confirmados, afirma Carmen Deseda, epidemióloga oficial de Puerto Rico.
Una muestra de la realidad de Puerto Rico, que por más de un siglo ha sido una colonia de los Estados Unidos, sistemáticamente maltratada y abusada ante el estoicismo mundial. Esta relación colonial inició en 1898 cuando Estados Unidos anexó la isla tras la Guerra Hispano-Estadounidense. Como explica Ángel Rivera, escritor puertorriqueño, la isla sufrió una transformación de «un colonialismo mercantilista a un colonialismo capitalista», convirtiéndose durante la primera mitad del siglo XX en una fuente de recursos (azúcar, tabaco, café) para el fortalecimiento industrial norteamericano.
Al término de la II Guerra Mundial, el reciente organismo internacional (ONU) inició un proceso de descolonización. El 24 de julio de 1952, Estados Unidos utilizó un mecanismo legal para convertir a su colonia, reconocida por la ONU, en un Estado Libre Asociado (ELA).
Es decir dejó de ser legalmente una colonia pero tampoco se convirtió en el 51º estado del país norteamericano, ni en un país independiente, era una figura político-legal, que como comenta Javier Hernández-Acosta, de la Universidad del Sagrado Corazón (Puerto Rico), «todavía al día de hoy nadie sabe a ciencia cierta qué es».
Esta ambigua categorización hace que los puertorriqueños no puedan defender ni solicitar ayuda como cualquier otro ciudadano estadounidense. A pesar de que pagan todos los impuestos (seguridad social, roles de pago, importaciones y exportaciones, commodities), excepto impuesto federal, no tienen el mismo trato ni acceso a una representación real.
En 2016, según los Servicios de Renta Interna (IRS), Puerto Rico pagó al Estado federal, 3.400 millones de dólares en impuestos, muy cerca de los aproximadamente 4.400 millones de Vermont o Wyoming. A pesar cumplir con sus obligaciones, al ser un ELA no tienen representación política.
Irónicamente la misma crítica que generó el cantó independista entre las colonias norteamericanas y Gran Bretaña en siglo XVIII se replica en la actualidad, Puerto Rico es una colonia que paga impuestos pero no tiene representación (No Taxation without representation).
En la actualidad, solo tiene una figura simbólica en el Congreso, un miembro sin capacidad de voto. Tomando en cuenta el tamaño de este territorio, si fuera un estado tendría aproximadamente cinco miembros en la Cámara de Representantes y dos en el Senado. Esto cambiaría el panorama ya que con siete representantes podrían cabildear para conseguir apoyo y fondos para la isla. Pero al ser una colonia simplemente deben hacer lo que el poder imperial ordena.
El Congreso de Estados Unidos tiene el poder de frenar cualquier acción que tome el gobierno local. Además controlan los asuntos económicos y fiscales, las relaciones exteriores, la migración y el comercio. La isla no puede hacer tratados comerciales ni recibir embarcaciones en sus puertos que no sean de Estados Unidos.
Según el Buró de Censo -que posee información hasta el 2010- se registra que en cantidad de dólares federales gastados per cápita, Puerto Rico recibió 5.600 USD; 23% menos que el menor estado, Nevada. Y sobre la ayuda federal a gobiernos locales, la isla recibió 1.848 USD per cápita; 22% menos que el promedio general de los 50 estados.
«Puerto rico es una colonia económica de Estados Unidos, los principales negocios de todo tipo son norteamericanos, los de puertorriqueños han cerrado por no poder competir con los negocios del norte como las Farmacias Walgreens, Farmacias CVS, Tiendas Home Depot, McDonalds, Burguer King, Pollos Kentucky», comenta Lajos Szaszdi León, analista internacional y miembro del Instituto de Relaciones Internacionales de Puerto Rico.
Y por esta razón, la estatidad o independencia nunca han sido opciones para el gobierno estadounidense. Como cualquier otra relación colonial, la isla ha sido utilizada para beneficiar los intereses económicos de la potencia imperial.
Entre 1976 al 2006 fue un paraíso fiscal para las multinacionales norteamericanas. Las empresas instaladas en Puerto Rico no debían pagar al fisco por las ganancias obtenidas en este territorio. Esto causó un ‘boom’ económico pero como toda burbuja llegó a su fin cuando la política de exoneración tributaria terminó. Durante esas tres décadas en la isla no se aplicó ninguna política de industrialización a futuro o mecanismo para evitar una crisis económica a este nivel.
Esto llevó a que se emitan bonos y un endeudamiento público, que actualmente se sitúa en 72.000 millones de dólares. En 2015, el ese entonces gobernador declaró «impagable» la deuda y al no ser un estado, no pudo acceder a la Ley de Bancarrota, como lo hizo Detroit en 2013.
Así fue que en junio del 2016, Barack Obama firmó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico ( Promesa ), que establece la creación de la Junta de Supervisión Administrativa y Financiera (JSAF); la nueva etapa colonial de Puerto Rico.
Un artículo del Harvard Law Review argumenta que esta ley contradice los estándares de la ONU sobre soberanía. Es decir que ‘Promesa’ es legalmente una estrategia neocolonial. A través de la JSAF, se tiene «una ‘agencia externa’ con control directo y significativo sobre el gobernador y a través de él o ella control sobre el poder ejecutivo de la isla», agregan los autores. Esta junta, además, tiene control sobre las decisiones económicas y sociales de la isla; lo que ha resultado en recortes en programas de educación pública y salud.
El renovado control colonial hace que la situación de la isla siga empeorando. Y el futuro no es prometedor, el huracán arrasó con el 80% del valor de las cosechas, lo que representará una pérdida de 780 millones de dólares. La incapacidad de cobrar impuestos o servicios básicos (luz y agua) resultará en una falta de circulante del gobierno para el final de 2017.
Las cifras de desempleo que bordean el 15% y de pobreza extrema del 45% de la población incrementarán. Y según expertos, la isla enfrentará un «éxodo» de casi el 10% de la población hacia los Estados Unidos.
Una cruda realidad que resultará en más subordinación política, social y económica. Es entonces que las palabras de Ramón Romero Rosa, ideólogo obrero puertorriqueño, escritas en su ensayo ‘La cuestión política y Puerto Rico’ en 1904 resuenan un siglo más tarde, «…el país se desmiembra en la lucha interna y el monstruo sigue con la boca abierta».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.