Puerto Rico, el último país del continente americano de habla castellana pendiente de independizarse, se encuentra sumergido en una crisis económica descomunal, donde se combinan bancarrota, deuda impagable y una absoluta falta de soberanía económica. El presente análisis pretende desentrañar las razones históricas y contemporáneas de la catastrófica situación actual. Coloniaje español y yanqui. La […]
Puerto Rico, el último país del continente americano de habla castellana pendiente de independizarse, se encuentra sumergido en una crisis económica descomunal, donde se combinan bancarrota, deuda impagable y una absoluta falta de soberanía económica. El presente análisis pretende desentrañar las razones históricas y contemporáneas de la catastrófica situación actual.
Coloniaje español y yanqui.
La presente crisis no se puede entender sin tener en cuenta el legado de más de 500 años de colonialismo español y estadounidense, como nos señalan diferentes economistas del país. Los 4 siglos de colonia española, hasta 1898, no van a culminar con la independencia, como sí sucedió en Cuba, ya que EE.UU. se apropiará del país e impondrá un modelo de latifundios de caña de azúcar por toda la isla. La devaluación forzada de la moneda portorriqueña (el peso) permitirá que latifundistas yanquis acaparen la mayoría de las tierras y se proletarice una gran masa de campesinos en condiciones de gran explotación, señala Iván Rodríguez, economista de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Entre fines de los años 30 y principios de los 40 EE.UU. sustituyen el modelo agrícola-cañero por otro de corte industrial y militar. En primer lugar, en el marco de la II Guerra Mundial Roosevelt decide convertir a la isla en un territorio con fines militares. Se instalan bases y se construyen infraestructuras (carreteras, etc.) al servicio de estas. Paralelamente, se impulsa la industrialización bajo un modelo caracterizado por la atracción de empresas extranjeras, a las que se prometía exenciones fiscales, mano de obra barata y mínimos controles ambientales, según Marta Jiménez, economista de la UPR.
De cualquier manera, reconoce Rodríguez, la industrialización trajo aspectos positivos, ya que Puerto Rico pasó de ser un país empobrecido, donde las masas apenas trabajan 6 meses al año en la caña, a un territorio industrial, con salarios más altos y mejores condiciones de vida. A esto hay que agregar la inversión en salud pública y educación y el inicio de los programas de asistencia social a los más pobres. Jiménez recuerda que el objetivo de EE.UU. era que Puerto Rico fuera «la vitrina del Caribe», un ejemplo para América Latina, una alternativa al «peligro comunista».
El político autóctono encargado de liderar este proceso fue Luis Muñoz Marín, gobernador durante 16 años (1948-1964) de la «neocolonia», oficialmente denominada desde 1952 «Estado Libre Asociado» (ELA). José Alameda, catedrático de economía y consultor, recuerda que Muñoz Marín fue pionero en el endeudamiento del país y que incluso se jactaba de esto cuando repetía con sorna en sus discursos: «¿A qué se debe el progreso? ¡A que se debe!».
Alameda indica que a fines de los sesenta se impulsa con fuerza un nuevo sector: la industria petroquímica. La importación de petróleo barato venezolano permite la refinación del crudo en la isla y su posterior exportación a EE.UU. El boom duró poco debido a la crisis de los 70 que disparó los precios, terminando así con la rentabilidad del sector.
Boom farmacéutico.
Esto obliga a buscar nuevos nichos de negocio, que van a ser ahora la electrónica y sobre todo las farmacéuticas. De cualquier manera, los principios del modelo siguen siendo los mismos: atracción de empresas con exenciones contributivas. El gobierno estadounidense aprueba la «Sección 936 del Código de Rentas Internas», que en síntesis era una medida fiscal para facilitar la implantación de sus empresas farmacéuticas, y paralelamente para promover el negocio bancario. Alameda recuerda que a Puerto Rico le llamaron «la capital mundial de las farmacéuticas». Jiménez señala que la ley permitía que las empresas depositaran sus ganancias en bancos portorriqueños durante 10 años y luego poder repatriarlas sin pagar impuestos. En este contexto de fuerte liquidez financiera, los bancos comenzaron a realizar grandes préstamos al sector inmobiliario y a la ciudadanía en general, por lo que en poco tiempo la deuda acumulada fue notable. Se promovió vivir a crédito, otorgando incluso deducciones fiscales a todo aquel que comprara bajo esta modalidad.
Rodríguez puntualiza además que era un sector que no generaba un gran volumen de empleo, por lo que los programas de asistencia social tuvieron que ampliarse. Es la época en la que se inicia la alternancia entre los dos partidos dominantes al servicio de la colonia, el Partido Popular Democrático (PPD) fundado por el citado Muñoz Marín, y el Partido Nuevo Progresista (PNP) de orientación claramente anexionista. Tantos unos como otros, iban creando cada vez más agencias estatales para premiar el clientelismo creciente.
Desde fines de los ochenta y sobre en la década del noventa se impulsan las medidas neoliberales más drásticas. Alejandro Torres, abogado y profesor de derecho laboral de la UPR, señala que en primera instancia se crea el «Consejo estratégico de Planificación» con el fin expreso de privatizar un buen número de empresas públicas. Posteriormente, a lo largo de la última década del siglo se desmantela paulatinamente la «legislación de protección laboral». A su vez, se suprimen también las leyes de protección de los pequeños negocios locales.
Es la etapa de la llegada masiva de las grandes superficies comerciales estadounidenses y la consiguiente desaparición progresiva del comercio autóctono, recuerda Jiménez. De nuevo, la condición colonial de Puerto Rico se evidenció en la denuncia del gigante farmacéutico ‘Walgreens’, que llevó al Tribunal Federal de EE.UU. su «derecho» al libre comercio y terminó ganando la batalla. En poco tiempo, indica Rodríguez, la mitad de las farmacias locales del país desaparecieron.
El colofón de todo esto fue la privatización del sistema de salud (que había sido público, a diferencia del estadounidense). Para la población más empobrecida se inventó una tarjeta de salud para que pudieran acceder a las clínicas privadas. Esto aumentó el gasto sanitario de manera desproporcional y hoy día la gobernación tiene una importante deuda con este sector lucrativo, alerta Rodríguez.
De la 936 a la crisis de la deuda.
En 1996, el partido anexionista PNP propone a Clinton que suprima la «sección 936», creyendo así que facilitaría a medio plazo la conversión de Puerto Rico en un nuevo estado de la Unión. Se aprueba un desmontaje progresivo durante una década (1996-2006). Lo que ocurre a partir de 2006, según Alameda, es que tras el fin de las ventajas impositivas, un buen número de empresas se van, incrementándose el desempleo. A esto hay que agregarle una deuda creciente, por lo que se inicia una etapa de grave recesión.
Ante la crisis fiscal, el Departamento de Hacienda creo el IVU (Impuestos sobre Ventas y Uso), un impuesto al consumo para recaudar dinero de manera desesperada. Sin embargo, el incremento de la deuda continuó hasta terminar estallando. Todas las y los investigadores consultados coinciden en que se emitió deuda de manera inconstitucional. Alameda, por ejemplo, señala que la constitución portorriqueña no permite emitir deuda por encima de un límite, concretamente «un 15% de los recaudos de Hacienda», pero los gobernantes no lo cumplieron. De hecho, crearon una «corporación virtual» llamada COFINA para seguir emitiendo deuda por otra vía. Lo más preocupante, agrega el catedrático, es que la deuda anterior se utilizaba para inversiones, para «mover la economía», mientras que la nueva «se utiliza para pagar salarios», por lo que no genera más riqueza y su monto se dispara.
Parte de la deuda está relacionada, según Rodríguez, con obra pública que terminó costando mucho más de lo presupuestado. El caso del tren urbano de la capital del país, San Juan, es paradigmático, ya que finalmente el gasto se triplicó. Además, Marta Jiménez denuncia que encima se rescató a la banca y a las empresas constructoras. Todo esto ha llevado a que la deuda sea similar al 100% del PIB. De hecho es muy superior, afirma Rodríguez, ya que a esta hay que agregarle la deuda generada en los planes de pensiones, cifrada en unos 50.000 millones de dólares. El volumen es de tal magnitud, que como bien sentencia Alameda, «la deuda no es un problema político, es un problema matemático, y no se puede pagar».
¿Estado Libre Asociado?
Frente a la bancarrota del país, a mediados de 2016 el Congreso de los Estados Unidos aprueba la ley PROMESA (Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act). La consecuencia más dramática en términos de soberanía, según Torres, es que dicha norma impone una «Junta de Control Fiscal» que tiene poderes económicos por encima de la Gobernación y el Parlamento portorriqueño. El objetivo fundamental de dicha Junta será priorizar el pago de la deuda a los acreedores.
Alameda precisa que la Junta de Control Fiscal está compuesta por 7 miembros de los partidos demócrata y republicano, los cuales han sido nombrados por el Congreso estadounidense. Dicha Junta es la instancia máxima para administrar el presupuesto nacional de Puerto Rico y la que ha impuesto una serie de recortes para garantizar el pago de la deuda. En su plan de recortes destacan tres aspectos: la reducción de un 10% del salario de los y las empleadas públicas, la supresión de la paga de fin de año y el recorte de las pensiones. En síntesis, la Junta es «la agencia de cobro de los acreedores y si nos tienen que reventar para garantizarles el pago, nos reventarán», afirma de manera categórica Torres.
El carácter colonial de la relación entre Washington y la isla caribeña se muestra por tanto ahora sin filtros. Frente a la actual bancarrota nacional, Alameda indica que «no tenemos ley de quiebra porque somos colonia; hicimos una ley de quiebra local pero fue impugnada por los bonistas en la Corte Federal» y finalmente suspendida.
Paralelamente, la represión anti-sindical se ha incrementado sustancialmente en la última década, ya que para frenar huelgas obreras amenazan reiteradamente a los sindicatos con quitarles la «certificación» (su estatus legal), denuncia Luis Pedraza, dirigente sindical. Actualmente hay muchos convenios laborales suspendidos y un incremento de la precariedad laboral, apunta Pedraza.
La válvula de escape, de nuevo, como lo ha sido de manera recurrente desde el inicio de la colonia, es la emigración hacia EE.UU., recuerda Rodríguez. Torres estima que entre 350.000 y 400.000 compatriotas se han visto obligados a emigrar en los últimos años. Para un país de poco más de 3 millones y medio de habitantes esa es una cifra alarmante. En este contexto, la reflexión que nos transmite la vicepresidenta del Partido Independentista Portorriqueño (PIP), Lourdes Santiago, es muy clarificadora: «la deuda es un gran problema pero el mayor problema es que el país no tiene un proyecto de desarrollo, y no lo tendrá bajo la colonia».
Luismi Uharte. Parte Hartuz Ikerketa Taldea
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