El aumento de los conflictos armados o la inestabilidad política y social están haciendo del planeta un lugar cada día más violento. Avanzamos hacia un modelo de sociedad donde se pone en cuestión la seguridad ciudadana, una necesidad imprescindible para quienes sufren las consecuencias de la guerra, son víctimas de la violencia de género o de delitos motivados por prejuicios. Si añadimos a lo anterior las olas de migración provocadas por el cambio climático nos encontramos en un escenario bastante incierto respecto a los derechos individuales y colectivos de la población. Según el informe Groundswell, publicado por el Banco Mundial, los gases de efecto invernadero pueden provocar migraciones masivas dentro de los propios países que a partir de la segunda mitad del siglo se verían aumentar aceleradamente.
La fundación política de la Izquierda Europea (PIE), Transform! Europe, ha difundido un documento titulado “Hacia un nuevo concepto de seguridad en la izquierda” donde ilustra lo perentorio de tener un criterio alternativo que enfrente el discurso hegemónico de la derecha. Políticas autoritarias impuestas por la dominación patriarcal son utilizadas por los partidos conservadores para restringir las libertades y discriminar a las minorías étnicas o religiosas. El texto propone desarrollar argumentos con los que obtener un concepto de seguridad verdaderamente de izquierdas con el que ofrecer alternativas al militarismo. Su axioma sería señalar al capitalismo y el poder neocolonial como los culpables de las guerras, la injusticia global y la degradación del medio ambiente. Una salvaguarda orientada hacia el ser humano, donde tener en cuenta a los movimientos sociales en su lucha por la paz; los activistas por el clima; y la oposición de los sindicatos al racismo estructural en el trabajo.
La tendencia impone el criterio de limitar los conflictos militares y el uso de la fuerza que suponen una amenaza a la soberanía de las naciones como lo han demostrado más de 50 golpes de Estado durante el siglo XXI. Algunos de ellos considerados “protestas” o “revoluciones de colores” y que dieron lugar a las intervenciones armadas de Occidente en distintos puntos del planeta. Muchas de las guerras actuales son consecuencia de los intereses geopolíticos por el control de los combustibles fósiles, un objetivo preferente en la doctrina hegemónica de Estados Unidos y al que se opone el liberalismo económico de China junto con los países emergentes.
Se puede ejemplificar con la coyuntura de Libia. Hace una década que la nación africana fue invadida por la OTAN dando inicio a una guerra civil que todavía hoy se mantiene intencionadamente activa y sin garantías democráticas para poder celebrar elecciones. En ausencia de un Estado soberano capaz de gestionar sus propios recursos están siendo los grupos armados que controlan los yacimientos de petróleo quienes —a través de un “acuerdo de honor”— han alcanzado un pacto comercial con la sociedad gestora Akakus, una alianza entre la transnacional española Repsol, la francesa Total y la noruega Statoil.
Otro ejemplo donde interaccionan guerra, migración y ecología también lo encontramos en África, un continente de vital importancia debido a sus abundantes recursos naturales y minerales. Tres cuartas partes de los migrantes que son capturados en Libia por las bandas criminales iniciaron su periplo en el sur de Nigeria, concretamente en el delta del Níger, uno de los lugares más contaminados del mundo debido al vertido de petróleo procedente de los extensos yacimientos de la empresa italiana ENI y Shell, de propiedad anglo-holandesa. Ante la llegada de estos migrantes a territorio europeo la ciudadanía considera legítimo el control y la militarización de sus fronteras externas a través de agencias como Frontex: el refugiado es un chivo expiatorio al que culpar de la crisis del capitalismo y al que se debe retornar al país de origen aunque ello atente contra su vida e integridad.
El informe de Transform! Europe destaca la estrecha relación de las luchas por el cambio climático y la migración con un modelo alternativo de seguridad. El colapso ecológico que estamos sufriendo es debido a la impunidad de empresas y gobiernos con sus ejércitos en la rapiña de los recursos naturales. Se ha convertido en algo habitual la noticia del asesinato de reconocidos defensores del medio ambiente latinoamericanos y asiáticos que son perseguidos por multinacionales hidroeléctricas o compañías mineras.
En su documento el PIE afirma que los ecologistas del continente carecen de visión política y deberían interconectarse con el movimiento pacifista. El desarraigo de los ambientalistas en las corrientes de izquierdas alimenta el temor a que puedan convertirse en la quinta columna del neoliberalismo, en particular los partidos verdes alemán y francés de centroizquierda que disputan el voto a los socialistas. Desde Moscú se han seguido con atención las negociaciones en Alemania para la formación de un nuevo gobierno federal de coalición entre socialdemócratas y Verdes. La agencia de noticias del Kremlin, Sputnik, asegura que esta organización es un adalid en la ofensiva contra China y Rusia orquestada por el presidente Joe Biden.
Las relaciones de la Unión Europea (UE) con una Rusia fortalecida militar y económicamente son difíciles debido a su dependencia de Estados Unidos y la agenda de sanciones que le acompañan. El pasado junio se celebró en la sede de Bruselas una cumbre a petición de Angela Merkel y Emmanuel Macron para reiniciar las reuniones bilaterales con Moscú, contactos que están interrumpidos desde 2014. Fue un intento en vano. La propuesta para sentar en la misma mesa a los líderes comunitarios y Vladímir Putin fue rechazada por Polonia, Holanda y los países bálticos, entre otros.
La crisis de Afganistán ha venido a echar más leña al fuego. El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, al ser entrevistado por el diario The New York Times hizo unas declaraciones donde advertía que “nuestra completa dependencia de Washington en el proceso de retirada es una llamada de atención para nosotros, (…) nos alertan para desarrollar nuestra capacidad de actuar estratégicamente”. El actual sistema de seguridad es desolador y sin una doctrina común que haya podido ser acordada por sus miembros, urge una política ajena al nacionalismo y la xenofobia defendida por los países euroescépticos de derecha radical. La iniciativa más destacada es el acuerdo PESCO (Cooperación Estructurada Permanente) firmado en 2017, donde los Estados de la UE se comprometieron a aumentar sus inversiones para la creación de un Ejército europeo capaz de conseguir una autonomía operativa que ponga fin a la tutela de la OTAN.
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