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Panamá

¿Quién investiga la corrupción?

Fuentes: Rebelión

Hasta hace unos días, muchos creían que el presidente Varela y su gobierno eran ineficientes o insensibles a los sufrimientos del pueblo, pero  también querían creer que un hombre tan cercano a la iglesia Católica, y con cara de santo, no podía ser corrupto. Pero las declaraciones de Ramón Fonseca Mora destruyeron la poca credibilidad […]

Hasta hace unos días, muchos creían que el presidente Varela y su gobierno eran ineficientes o insensibles a los sufrimientos del pueblo, pero  también querían creer que un hombre tan cercano a la iglesia Católica, y con cara de santo, no podía ser corrupto. Pero las declaraciones de Ramón Fonseca Mora destruyeron la poca credibilidad que quedaba en el gobierno panameñista y en la institucionalidad del país.
 
¿Mintió el abogado novelista por despecho, al verse abandonado de la mano protectora de su viejo amigo, o dijo la verdad en una confesión catárquica? Cualquiera que sea la respuesta a la pregunta anterior, la verdad sólo podrá saberse si hay una investigación imparcial e independiente, realizada por jueces y fiscales intachables que, por serlo, no pueden salir de los actuales poderes públicos.
 
Pero esa entidad NO puede ser comisión extranjera o internacional, como erróneamente proponen algunos sectores, porque eso sería un retorno al coloniaje contra el que hemos luchado por generaciones. Quienes integren una Comisión Investigadora Independiente deben salir del seno de la sociedad panameña, en la que hay muchas personalidades probas que concitan la confianza de los gremios profesionales, las entidades académicas y el movimiento popular organizado que es de donde deben salir sus nombres y su aprobación.
 
Las declaraciones de Ramón Fonseca M. deben investigarse por emanar de una persona que ha sido «amigo» íntimo del presidente Varela, su ministro consejero, tesorero y presidente del Partido Panameñista. Si él afirma que la campaña de su partido recibió dineros ilícitos de Odebrecht en 2014, hay que investigar. Si él afirma que el presidente «maneja» la Corte Suprema de Justicia a través del magistrado Ayú Prado, hay que investigar.
 
Pero ¿quién va a investigar al presidente? ¿La corrupta Asamblea Nacional cuyos diputados/as reelectos usaron 400 millones de dólares del PAN para financiar sus campañas? ¿La junta directiva de la Asamblea, que obedece aun pacto de favores mutuos con el ejecutivo y de alianzas espúreas entre partidos que usan sistemas de financiamiento parecidos? ¿Quién va a juzgar, una Corte Suprema en la que los magistrados se acusan mutuamente de corrupción, que constantemente vende sus fallos al mejor postor? ¿Qué procurador va a investigar a Odebrecht y otras empresas por los «salpiques» si son puestos por el presidente de la república?
 
En poco menos de un año ha quedado al descubierto la corruptela generalizada que reina en Panamá, gracias a investigaciones foráneas, como los «Panama Papers» o «Lava Jato», que ha puesto al descubierto el uso de los principales bufetes y bancos del país para crear empresas y mover dinero de fuentes ilícitas. Y gracias a las investigaciones internas, inicialmente parciales, pero que no pueden esconder la suciedad que sale por todos lados.
 
Esa corrupción se extiende como el cáncer a nuestro sistema político basado en multimillonarias campañas electorales financiadas por empresarios a cambio de jugosos contratos públicos cuando ganan sus pupilos. Todo está concatenado en la argamasa de la corrupción: sistema político, judicial, financiero, etc.
 
Se necesita una desinfección profunda de las instituciones públicas, pero ello requiere una movilización popular persistente y unitaria, si en verdad queremos hacer realidad la Constituyente «originaria y autoconvocada». Pero los sectores populares, profesionales, gremiales y verdaderamente independientes seguimos divididos por nimiedades. Se requiere un líder que encabece y guié la superación del actual impasse, que empiece con un verdadero encuentro en que prevalezca el diálogo.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.