«Paso importante contra la impunidad». «El coraje de los familiares de las víctimas».
Desde el martes 29 de enero, el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt ocupa el banquillo de los acusados. Al mejor estilo de las causas y condenas contra los represores argentinos, la justicia chapina acaba de dar un primer paso histórico contra la impunidad reinante desde hace cuatro décadas enese país. La comunidad internacional mira con júbilo y respeto hacia las autoridades judiciales centroamericanas.
Este jueves 31 de enero el juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez confirmó la apertura de la recolección de pruebas contra el ex dictador guatemalteco.
Dos días antes, el 29 de enero, Gálvez había hecho pública su decisión de elevar a juicio la causa ya existente contra Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar en los años ochenta, el ex general Mauricio Rodríguez Sánchez. Falta confirmar todavía la fecha del inicio del juicio y la conformación del Tribunal de Sentencia.
La justicia guatemalteca acusa a ambos militares de la matanza de 1.770 indígenas mayas ixiles en el norteño departamento del Quiché, uno de los hechos más cruentos en la guerra de casi cuatro décadas -entre 1960 y 1996- que sufrió ese país centroamericano. Con un corolario de más de 200 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.
Ríos Montt, general transformado en político; genocida metamorfoseado en diputado; católico romano reconvertido en ministro de culto de la ultraconservadora iglesia del Verbo Divino se confronta ahora a un juicio pospuesto desde años.
Comisión de Naciones Unidas esperanzada
«Tarde o temprano la justicia debe aclarar los crímenes cometidos por cualquier persona sin distingos de clase ni de rango» puntualizó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El comunicado público conocido en Ginebra saluda el proceso contra esos ex funcionarios «y contra todo aquél que infrinja las leyes guatemaltecas».
«Es una clara señal para el pueblo de que ninguna persona puede estar por encima de la ley», enfatiza. La Comisión, creada en 2007 a partir del acuerdo de las Naciones Unidas y el Gobierno guatemalteco, busca reforzar la lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.
Genocidas en la mira
«El inicio del proceso es una muy buena noticia. Finalmente la justicia guatemalteca, luego de once años de lucha, logró abrir este juicio, que es histórico, contra dos personeros acusados de genocidio», expresó Alma Noser, responsable del trabajo para Guatemala de parte de la sección suiza de Amnistía Internacional (AI).
Noser, que desde años sigue de cerca los derechos humanos de ese país centroamericano, recuerda que «bajo el Gobierno de Ríos Montt y bajo la responsabilidad directa de Sánchez, se promovieron varias campañas de tierra arrasada, que condenaron al terror y a la muerte a numerosas comunidades indígenas y campesinas que vivían en zonas atravesadas por el conflicto armado».
La filosofía de los militares en esa etapa, recuerda Alma Noser, era «de quitar el agua al pez», es decir golpear a las comunidades que ellos consideraban como base social de la guerrilla.
Con ese pretexto, recuerda la portavoz de AI, numerosas comunidades fueron arrasadas del mapa. «Los que pudieron huyeron a México o a las montañas donde sobrevivieron en condiciones miserables durante muchos años».
Síndromes de la represión
Todavía hay familiares que siguen buscando a sus muertos o desaparecidos, sea en fosas comunes o en archivos del ejército o del Estado, explica Noser al recordar que esos hechos producidos hace casi 30 años, «siguen teniendo repercusiones y produciendo síndromes brutales en la actualidad».
Entre el ayer y el hoy hay una relación estrecha en la historia guatemalteca, insiste Alma Noser. De ahí que este «juicio histórico, signifique un gran paso reparador, un esfuerzo contra la impunidad».
La decisión de la justicia guatemalteca «debe servir para enviar un mensaje a muchos otros acusados de crímenes de guerra», insiste la responsable de AI/Suiza para Guatemala.
Quien subraya «que no puede haber paz, justicia y reconciliación sin un juicio justo contra los responsables». Recordando que esta decisión «significará una gran satisfacción para los familiares de las miles de víctimas del genocidio. Me alegro muchos por ellos y con ellos», concluye.
La victoria de los familiares
Concepto que comparte Anna Leissing, coordinadora de la Red Guatemala de Berna. «Los familiares de las víctimas han demostrado un valor enorme, un coraje de dimensiones titánicas. No es fácil confrontarse con los responsables de los genocidios y presionar para que sean juzgados», insiste.
Y ese compromiso, reflexiona Leissing, «debe ser un estímulo para la sociedad civil internacional y la solidaridad en general, para seguir acompañando y presionando a las autoridades guatemaltecas. Y asegurar que este primer paso de un juicio histórico en marcha prospere y se salde con condenas firmes».
Para todo esto «es fundamental que se asegure una buena información y se refuercen las redes de solidaridad fuera de Guatemala. Y que la sociedad civil internacional y los gobiernos acompañen políticamente y sigan atentos. El sistema allá es sumamente frágil y es importante reforzarlo», puntualiza.
Es esencial que la comunidad internacional mantenga su presencia política y aumente el apoyo a instituciones y proyectos, como la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Fiscalía del Estado. «Así como a otras iniciativas que abogan contra la impunidad, trabajan a favor de la reconstrucción de la memoria, y en defensa de los derechos humanos, económicos, y sociales de la población», concluye.
Sergio Ferrari, en colaboración con swissinfo.ch
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.