La nueva política de Washington de declarar colonia a Puerto Rico y someterlo a una junta de control fiscal ha puesto sobre la mesa hechos de 1961, cuando se aprobó aumentar el endeudamiento del territorio y que su estructura judicial fuese como la de los estados, con acceso directo al Tribunal Supremo. De igual forma, […]
La nueva política de Washington de declarar colonia a Puerto Rico y someterlo a una junta de control fiscal ha puesto sobre la mesa hechos de 1961, cuando se aprobó aumentar el endeudamiento del territorio y que su estructura judicial fuese como la de los estados, con acceso directo al Tribunal Supremo.
De igual forma, el uso de la «defensa» como uno de los motivos para el cambio de postura ha propiciado, tanto la revisión del nuevo contexto sobre la seguridad de Estados Unidos y sus aliados, como el recuerdo histórico de una época de aventuras militares y de intrigas.
Como ya está dicho, corría el año de 1961.
En ese año, el Congreso aprobó -y, por supuesto, firmó el presidente John F. Kennedy- una autorización para que Puerto Rico pudiera elevar su margen constitucional para endeudarse, lo que sentó las bases para el desarrollo de una madeja de estrategias para evadir los límites legales de empréstitos. En esa época no preocupaba porque la economía de Puerto Rico era muy dinámica, lo que cambió con la crisis continua desde 2006 y ha llegado a una pesadilla fiscal y al enfrentamiento entre San Juan y Wall Street.
También ese año, EEUU culminó el proceso de reforma judicial de Puerto Rico, al aprobar la ley pública 87-189. La reforma comenzó en 1956, al poner al tribunal federal de distrito al mismo nivel de los de los estados de la Unión, pero ahora se completaba al autorizar que las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico se apelaran directamente en el Tribunal Supremo de Washington, como ocurre también con los estados.
Esa reforma tuvo como apoyo la declaración del Departamento de Justicia de EEUU de que al aprobarse los cambios «se llena una brecha obvia en la ley debida al cambio del status de Puerto Rico, de un territorio a un Estado Libre Asociado (en inglés «Commonwealth»)».
Dentro del marco de ese proceso fue que, en 1957 y por presión del Colegio de Abogados de Puerto Rico ante denuncias de corrupción, fue destituido el último juez estadounidense que presidió el Tribunal Supremo de Puerto Rico, Aaron Cecil Snyder, quien muchos años antes y entonces como fiscal, logró la condena por «conspiración sediciosa» de Don Pedro Albizu Campos y el liderato del Partido Nacionalista de Puerto Rico.
Años antes, en 1950, Snyder, que en algún momento prefirió le llamaran «Cecilio», fue una de las figuras que compareció al Congreso de EEUU a testificar a favor del establecimiento del régimen autonómico.
Otra figura que sucumbió debido a acciones en Puerto Rico, pero de mucho más rango, fue el «maestro de los espías», el jefe de la Agencia Central de Inteligencia, Allen W. Dulles.
Ese otro episodio de 1961 es útil para arrojar luz sobre aspectos de «defensa» en la política de EEUU con respecto a Puerto Rico.
El 15 de abril, justo cuando comenzaban los bombardeos aéreos del día «D menos uno» en la preparación final del día «D» de la invasión de «Bahía de Cochinos» contra Cuba, Dulles viajó a Puerto Rico para pasar aquí el fin de semana y dar un discurso en una convención de jóvenes ejecutivos de empresas. Meses después, el presunto abandono del puesto de mando le valió su destitución.
La realidad era otra, pero muchos aspectos de la operación de Puerto Rico eran secretos.
El presidente Kennedy había dispuesto que la invasión de Cuba -planificada, organizada y ejecutada por la CIA y el Pentágono- no fuera atribuible a EEUU. La isla puertorriqueña de Vieques fue designada base de entrenamiento de desembarco anfibio y base de retaguardia, a donde serían llevados engañados los exilados cubanos si la invasión se abortaba, o, si era llevada a cabo, de punto de retorno y hospital para los heridos.
Mientras tanto, se organizó en San Juan un evento de la «Young Presidents Organization», que era en realidad una entidad frente de la propia CIA, para el que fue invitado de orador el director Dulles. En dicho evento, en el que compartió con el gobernador puertorriqueño Luis Muñoz Marín, se informó que también participó la antropóloga Margaret Mead, que estuvo vinculada a los programas de la CIA de guerra sicológica.
Una de las responsabilidades de la CIA para la invasión era precisamente la de acciones de guerra sicológica y hasta se incluyó el uso de Puerto Rico para difundir noticias de radio y hasta programas de televisión debidamente diseñados con la participación de «disidentes» de Cuba que ya residían en la colonia estadounidense. Además, ha aparecido por lo menos un documento en el que se consigna que se evaluaba una propuesta para usar la convención con el propósito de afinar las operaciones sicológicas de la CIA.
Eran tiempos en que EEUU intentaba, no sólo evitar que se conocieran esos usos de Puerto Rico, sino que, en ese mismo año de 1961, se ejecutó en Panamá la «Operation Solidarity», que promovió el entrenamiento de «fuerzas especiales» latinoamericanas, que apoyasen la hegemonía estadounidense. De hecho, ese mismo año, el Departamento de Estado tomaba nota de cómo habían ido cayendo dictaduras pro EEUU en los países ribereños del Caribe.
En ese marco, Puerto Rico era presentado ante el mundo no como una base de asalto contra América Latina, sino como un «experimento» de los «ideales democráticos» de EEUU, que contrastaba con la situación de las repúblicas de este hemisferio.
Eran tiempos en que la realidad y la fantasía se mezclaban en los sueños de dominio.
En un discurso en 1961 ante la California Medical School, Aldoux Huxley, pronosticó que «habrá, en la próxima generación más o menos, un método con fármacos para hacer que la gente ame su servidumbre y se produzca una dictadura sin lágrimas, por decirlo así, con la producción del tipo de campo de concentración sin dolor para sociedades enteras de forma que se les quite las libertadas mientras la gente lo disfruta».