Un año después de la condena del Parlamento Vasco contra el genocidio en Gaza, el Gobierno Vasco ha seguido adquiriendo productos y servicios israelíes. Lejos de desinvertir y sancionar, mantiene su política de contratación con distribuidoras de firmas fundadas por exagentes del Mossad, con tres expedientes blindados como secretos y las adjudicaciones más cuantiosas firmadas sin concurso abierto.
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La violencia estatal contra el derecho a la manifestación y expresión no es un fenómeno nuevo en la historia reciente del país. Se inauguró durante la tiranía de Pinochet y continuó a lo largo de los gobiernos civiles hasta el día de hoy.
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