
Entre los puntos más destacados del informe, se encuentra la denuncia de leyes regresivas como la Ley Naín Retamal y la Ley Antiterrorista, que facilitan el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales; la alarmante situación de zonas de sacrificio como Quintero-Puchuncaví y Calama; la privatización del agua en manos de industrias; y el avance de proyectos mineros y energéticos que violan el consentimiento indígena y ponen en riesgo ecosistemas frágiles como los salares altoandinos.