Son varios los factores que en los últimos meses han llevado a la minería aurífera artesanal y en pequeña escala a figurar entre las prioridades del panorama político peruano. El elevado precio del oro junto con la situación de pobreza persistente han provocado la proliferación de este tipo de explotaciones por todo el país. En […]
Son varios los factores que en los últimos meses han llevado a la minería aurífera artesanal y en pequeña escala a figurar entre las prioridades del panorama político peruano. El elevado precio del oro junto con la situación de pobreza persistente han provocado la proliferación de este tipo de explotaciones por todo el país. En zonas como Madre de Dios se experimenta un creciente malestar por el daño medioambiental y la delincuencia asociados a las explotaciones mineras sin formalizar. Las medidas drásticas del Gobierno contra este tipo de actividades a menudo han sido recibidas con protestas y, en algunos casos, con episodios de violencia.
Este nuevo informe del Peru Support Group, disponible tanto en inglés como en español, analiza a conciencia hasta qué punto puede señalarse a la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) como responsable de los perjuicios que se le atribuyen. El informe revela que el mayor de los errores de enfoque hasta el momento ha sido la ausencia de distinción en cuanto a dimensiones (artesanal, en pequeña escala, mediana o grande) y modos de explotación (ilegal, informal y formal) de esta actividad. Todo ello deriva con frecuencia en malentendidos sobre las características precisas de la MAPE.
Así, el informe da cuenta de las grandes diferencias entre las diversas categorías de MAPE y aporta ejemplos de casos reales que ilustran la gran diversidad del sector. Su principal objetivo es mostrar cómo mientras algunas explotaciones artesanales operan de forma claramente irresponsable (al igual que ocurre con muchas explotaciones auríferas medianas) igualmente hay otras que cumplen a rajatabla con la normativa local. Como bien apunta este documento, la MAPE formal se caracteriza por unas mejores prácticas laborales que su homóloga ilegal y hace un uso más limpio de las tecnologías para extraer el oro, de manera que se reduce drásticamente el impacto ambiental. Por otra parte, existen muchos casos a medio camino entre ambos extremos; se trata de mineros con una clara voluntad formalizadora que todavía no han logrado superar los obstáculos y que por el camino continúan generando un impacto negativo en el ambiente y la salud pública.
Para concluir, el informe advierte que a la vista de la diversidad de la MAPE la respuesta gubernamental, basada principalmente en medidas sancionadoras, seguirá resultando a todas luces inadecuada. El primer paso para una solución eficaz a largo plazo requiere por parte del Estado lo siguiente:
1) Reconocer la diversidad del sector y acabar con el enfoque generalizador de las explotaciones sin formalizar;
2) Analizar y tomar ejemplo de iniciativas sociales que han ayudado a mineros a realizar el cambio; y
3) Reforzar el apoyo a quienes deseen formalizar su situación así como dotar a las autoridades regionales del personal y los medios económicos necesarios para regular el sector.
Dichas medidas serían de gran ayuda para distinguir las explotaciones de MAPE que operan con deliberada irresponsabilidad de aquellas con una sincera voluntad formalizadora. Todo ello constituye un primer paso para el desarrollo de políticas más eficaces y adaptadas a la realidad del fenómeno.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.