En julio de 2009 inició el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal como administrador del Protectorado gringo que es Panamá desde 1846. La alianza entre los dos candidatos de la oposición de entonces se forjó en la Embajada de los Estados Unidos con lo que se envió otro claro mensaje: «Aquí mandamos nosotros». Martinelli Berrocal cumplió […]
En julio de 2009 inició el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal como administrador del Protectorado gringo que es Panamá desde 1846. La alianza entre los dos candidatos de la oposición de entonces se forjó en la Embajada de los Estados Unidos con lo que se envió otro claro mensaje: «Aquí mandamos nosotros». Martinelli Berrocal cumplió al pie de la letra sus directrices, desde impedir que Palestina ingresara a la UNESCO, como servirse para proponer en la OEA que se interviniera en los asuntos internos de la hermana república bolivariana de Venezuela, otro acto que nos dejó en el ridículo mundial. Endeudó al país por más de 20,000 millones de dólares, deuda impagable, por la cual se nos sustrae del presupuesto del gobierno central el 21,6 %, en un país con uno de los peores índices de redistribución de la riqueza del área. Con esa carga no podemos avanzar, de manera que muy pronto la tendremos que afrontar devolviendo nuestro principal activo: El Canal de Panamá a las grandes corporaciones trasnacionales.
En mayo del año pasado se llevaron a cabo nuevas elecciones y quedó victorioso Juan Carlos Varela, el vicepresidente y canciller de Martinelli Berrocal durante los 26 meses que duró la alianza; pero el equipo de trabajo del nuevo presidente no difiere del anterior, lo que nos indica que el gobierno que se inició en el 2009 continúa en la actualidad. Durante los últimos años del Presidente Martin Torrijos (2005-2009) y siguiendo directrices del Pentágono se dio inició a un masivo proceso de militarización dentro de Panamá, a pesar de que la Constitución Política, expresamente lo prohíbe. Esta militarización se da con dos objetivos: asegurar el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos y prepararse para las protestas populares que están al borde de la esquina, ya que el nuevo Presidente ha mantenido el mismo modelo que su antecesor. Como dato nuevo, y tal vez inesperado, la sociedad panameña ha detectado que los niveles de corrupción del gobierno anterior rebasaron todos los límites de tolerancia, por lo que éste no ha tenido otra alternativa que dar inicio a una serie de investigaciones que han llegado a un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (Alejandro Moncada Luna), a un par de ministros, a otros colaboradores del gobierno y a algunos empresarios de monta menor. Sólo están presos los instrumentos de baja jerarquía; a los demás les han dado casa por cárcel.
La situación se le está complicando al presidente Varela, sobre todo, al conocerse públicamente, con la traducción oficial, de los wikieleaks que fueron filtrados de la embajadora de los EEUU en Panamá el 22 de agosto de 2009, los que dan cuenta de que las personas que participaron en la solicitud gubernamental a la embajada de pinchar los teléfonos, celulares, redes sociales, a los opositores fueron Ricardo Martinelli Berrocal, Presidente; Jaime Trujillo, Jefe de Inteligencia, José Abel Almengor Secretario de Seguridad y Demetrio Papadimitriu, Ministro de la Presidencia. El caso toma proporciones gigantescas cuando los mismos wikileakes indican que el vicepresidente y canciller de entonces, señor Juan Carlos Varela, participó en el proceso y no tuvo el valor de denunciarlo, a pesar de que públicamente ha expresado su inconformidad con este acto, lo que le elimina la autoridad moral que ha de tener una persona para presidir el país. Ya se escuchan voces que reclaman su separación de la Presidencia de la República.
Pero esto no es todo: la comunicación entre Ricardo Martinelli Berrocal, quien espera plácidamente en Miami a que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo exoneren de toda culpa por lo que les suministró un adelanto de 7 millones de dólares a cada uno, y el actual Presidente es continua. En el juicio que la Asamblea Nacional le sigue al separado magistrado Moncada Luna se llegó a un acuerdo, en virtud del cual el imputado se declara culpable por el enriquecimiento ilícito de sólo dos millones de dólares y está dispuesto a pagar una condena de cinco años. Según los cálculos preliminares los delitos de este magistrado superan en creces esa suma de dinero. Se le está liberando de otros delitos como blanqueo de capitales, en los que están involucrados empresarios de alto calibre. Pero ese acuerdo no bajó del cielo: fue producto de negociaciones entre Martinelli Berrocal y el presidente Varela quien necesita empezar a reforzar la Corte con sus magistrados incondicionales.
Por su parte, Varela está tratando de que la cuerda no se jale con demasiada fuerza por el peligro de ahorcarse. Cada vez salen en los medios las implicaciones de sus familiares con actos de corrupción del periodo anterior. La situación en Panamá es tan inestable, con un presidente que ha dado sobradas evidencias de incapacidad administrativa, que no se descarta un golpe de Estado dado por el militar Frank Abrego, jefe del Sistema de Protección de Fronteras y el hombre del Pentágono en Panamá. Todo es posible en un país tan convulsionado como es el nuestro, y acordarse de que para los EEUU su protectorado no puede desestabilizarse.
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