Han pasado los 100 días de gobierno de la dictadura cívico militar, y a la par que las protestas han disminuido en intensidad, pues, la crisis política, producto, por un lado, del saqueo de los recursos naturales y de la fenomenal explotación de la clase obrera, y del otro, de la rebelión popular acicateada por el golpe de estado congresal-militar (expresado en fuertes contradicciones entre Legislativo y Ejecutivo por el poder político), adquiere diversas formas.
¿El gobierno ha conseguido cierta “estabilidad política”? ¿La rebelión popular ha sido derrotada? 70 muertos por la represión y 70 muertos por la inoperancia gubernamental frente a la catástrofe del ciclón Yaku, moldean la ingobernabilidad del régimen golpista.
El ciclón Yaku ha vuelto a desnudar el colapso del régimen entreguista. Según el INDECI, van 69 fallecidos, 1666 viviendas destruidas, 2 510 viviendas inhabitables y 31453 viviendas afectadas (21/03/23). El gobierno golpista se ha mostrado impotente para resolver las demandas populares por desastres. La Autoridad por la Reconstrucción con Cambios (ARCC), ha gastado cerca de 20,000 millones de soles en los últimos años sin poder paliar los desastres naturales (construcción de motobombas, represas para enfrentar las sequias que se avecinan, etc).
Contradicciones en las alturas entre Ejecutivo y Legislativo
La mayoría de los congresistas golpistas, cree que la rebelión popular ya “terminó”. Las mociones para el adelanto de elecciones han sido encarpetadas por ellos. En estas votaciones, los ex castillistas (tanto congresistas del llamado Bloque Magisterial como de Perú Libre), han puesto su sello. Estos ex castillistas afirman que apoyarían el llamado adelantado a elecciones si al mismo tiempo se realiza un referéndum para ver si el pueblo acepta la elección futura para una Asamblea Constituyente.
Así las cosas, Perú ingresa a un nuevo estadio de contradicciones ya que, si bien es verdad el Ejecutivo (impuesto por el golpe), y el Legislativo, están unidos en el objetivo de defensa del establishment (¿y quedarse en el poder hasta el 2026?), pues, también es cierto que los militares congresistas de ultraderecha tienen sus propias aspiraciones políticas. No olvidemos que Williams Zapata es un general retirado acusado de fuertes represiones y es el actual presidente de la Unicameral y el que debiera suceder a la actual presidenta Dina Boluarte en caso de “vacancia” (cesantía por el Congreso).
El Departamento de Estado de EE.UU. ha denunciado los “excesos” en la represión a la rebelión popular y convocado a que el Ejecutivo y el Legislativo establezcan un acuerdo. Para una eventual “solución política” (¿adelantamiento electoral?) que detenga la movilización popular. Esto es lo que explica que desde el Congreso se haya interpelado a Vicente Romero y Jorge Chávez, Ministros del Interior y de Defensa, respectivamente, por los muertos en las protestas y la crisis que desató la muerte de 6 soldados.
También estaría la razzia contra las jefaturas policiales, para depurarla de elementos no afines, para lo cual la ultraderecha ha utilizado el caso de un agente provocador (El Español, acusado de un supuesto operativo de espionaje sobre la oposición política a Castillo)
Por su lado, el Ejecutivo y sus aliados en la gran prensa (bendecida ahora con más de 30 millones en publicidad estatal), están reventando con escándalos de corrupción a varias bancadas congresales.
Crisis en el régimen militar
Frente a la disminución de las protestas sociales contra el golpismo, la dictadura, sentía que podía intentar avanzar en la derrota represiva del principal bastión de la insurgencia ubicada en Puno.
Armó un plan de militarización de la zona. No obstante, el tiro le salió por la culata. El envío de una tropa de soldados terminó en la muerte por ahogamiento de 6 jóvenes militares en un intento de cruzar a nado, cargados de peso, el caudaloso rio Ilave. Esto por orden de los oficiales al mando, en un intento de impedir el contacto de la tropa de conscriptos con el pueblo aimara alzado. El Alto Mando del Ejército trató de echarle la culpa de todo a los manifestantes en huelga. Sin embargo, un reportero de la zona lo desmintió:
“…En la zona altiplánica había mucha tensión. El sábado, el ejército abrió fuego a la población de Juli y dejó cinco heridos, uno de ellos con impacto de bala. Luego de lo sucedido, el acuerdo era sacar a todos los militares y poblaciones aimaras. Antes de sumergirse en el agua, los uniformados, nuevamente, hicieron disparos para que nadie se aproximara. Todos se protegieron. Los militares no estaban acosados por los aimaras que, como yo, presenciaban el cruce del río…”, (La República, 09/03/23).
Esta crisis puso con los pelos de punta a los militares congresistas que denunciaron al Ministro del sector de incompetente. Los soldados muertos eran puneños y los que lograron salvarse lo hicieron gracias al apoyo de las propias comunidades aimaras. La foto de este acto de solidaridad fue contundente logrando paralizar la represión y poniendo al régimen político- militar contra la pared. Tienen miedo que los soldados terminen rebelándose junto a sus familiares en huelga.
¿EE.UU. se transforma en árbitro de la crisis política?
“El gobierno no impidió de manera efectiva los abusos o castigo a quienes los cometieron”, señaló el reporte anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos (NYT, 22/03/23), como respuesta a la impopularidad y la insostenibilidad de la dictadura. No es que EE.UU. esté en contra per se. La potencia imperialista yanqui le dio “color” a Boluarte para reprimir salvajemente a los rebeldes provincianos.
Para los yanquis Boluarte es un títere fusible. No tiene ningún apoyo político, fue nominada a dedo por la embajada imperialista y el congreso derechista. Y si hay que sacrificarla políticamente…. Ya ha sido citada la presidenta golpista para tratar una acusación de “vacancia”-destitución. Y si bien los medios de prensa caracterizan que la moción no obtendría mayoría, no olvidemos que recién al tercer intento de vacancia de Pedro Castillo avanzo el golpe y su destitución.
Es así como el Ministerio Público (controlado por la derecha del Congreso) ha ampliado la investigación contra Vladimir Cerrón y su partido Perú Libre por lavado de activos, incluyendo ahora en la pesquisa a la golpista Dina Boluarte, al empresario Henry Shimabukuro y al exmandatario Pedro Castillo. Todos ellos presuntamente implicados en el delito de organización criminal y aportes ilícitos durante la campaña electoral del partido en el 2021. Hipocresía golpista para justificar los ataques derechistas.
La rebelión no ha muerto
Según las encuestas de IEP, cerca de un 90% de peruanos repudia a la Boluarte (incluido una mayoría en Lima). Y más del 90% rechaza a los congresistas. Varios de los ministros han sido rechazados y pifiados en sus visitas a las regiones (incluidas las regiones del Norte conservador), obligándolos a retirarse. Esto es un triunfo político de la rebelión popular: la mayoría nacional está en contra del régimen golpista, tanto del Ejecutivo, como del Congreso derechista. El reciente fallecimiento de un joven herido de bala durante los levantamientos en el Cuzco, que se debatió durante casi un mes en la terapia intensiva, fue seguido por una masiva marcha de duelo en esa provincia.
Está planteado con fuerza la necesidad de organizar un Comando Nacional para centralizar la movilización nacional (Conulp, Mesas Regionales, CGTP, etc.).
Se trata, en primer lugar, de realizar una campaña, especialmente en Lima, por la libertad de Pedro Castillo y de todos los presos detenidos en el transcurso de la rebelión popular. Por el retiro de las tropas del Puno y del Cuzco. Plena vigencia de las libertades democráticas: recuperar las plazas de Lima y la libre manifestación frente a los centros de poder (Congreso y Palacio Presidencial). Libre expresión, cese de la persecución a los periodistas independientes.
Asambleas sindicales y regionales para impulsar activamente todas las luchas obreras y populares por sus reivindicaciones, con la perspectiva de la Huelga General.
Fuera Dina y el Congreso reaccionario. Asamblea Constituyente Soberana.
César Zelada. Agrupación Vilcapaza.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.