«Han transcurrido cincuenta y cuatro dias desde el asesinato de nuestra querida Berta Cáceres Flores, y el Estado de Honduras nos sigue negando el acceso a la justicia y a la verdad». Así comienza el comunicado leído frente a las instalaciones del Ministerio Público, en Tegucigalpa, por Laura Zúniga Cáceres, hija de la dirigente indígena […]
«Han transcurrido cincuenta y cuatro dias desde el asesinato de nuestra querida Berta Cáceres Flores, y el Estado de Honduras nos sigue negando el acceso a la justicia y a la verdad».
Así comienza el comunicado leído frente a las instalaciones del Ministerio Público, en Tegucigalpa, por Laura Zúniga Cáceres, hija de la dirigente indígena Lenca asesinada el pasado 2 de marzo.
Una vez más, los familiares de la luchadora social, con el acompañamiento del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj, denunciaron la falta total de voluntad por parte del Estado de mantener un diálogo sincero y transparente.
Desde unos días después del asesinato de Berta Cáceres, los familiares y las organizaciones acompañantes solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, a efectos de que «se realizara una investigación criminal independiente e imparcial de los hechos», a través del nombramiento de un grupo de personas expertas.
Sin embargo, «el Estado ha decidido no darnos una respuesta directa, ni mantener un diálogo sincero y transparente con nosotros y nosotras», señalan en el comunicado.
Tras un recuento de las diferentes manifestaciones públicas hechas por las autoridades hondureñas, y las repetidas solicitudes interpuestas por los familiares ante las instancias judiciales, para poder ejercer sus derechos como víctimas, los firmantes del comunicado denunciaron que siguen «sin tener acceso al expediente y sin poder intervenir activamente como sujetos activos de la investigación».
Ante esta situación, exigieron tener acceso a la información y participar en el proceso de investigación, así como la creación de la comisión investigadora independiente, transparente e imparcial.
Asimismo, solicitaron a la comunidad internacional insistir para que las autoridades hondureñas acepten estos puntos, aborden las causas que generaron el asesinato de su madre y se revoquen «todas las concesiones que fueron otorgadas irregularmente sobre el territorio lenca».
De igual manera, exigieron al Estado «cesar la revictimización hacia nosotras como madre, hijas e hijo de Berta Caceres», así como «implementar medidas de protección integral».
Ante medios nacionales e internacionales, Laura Zúniga hizo un llamado a la unidad de los movimientos sociales y populares de Honduras.
«Pedimos que, desde la unidad, sigamos realizando todas las acciones para que el asesinato de nuestra Berta no quede en la impunidad. Que no interrumpamos la presión social, hasta lograr que el territorio hondureño, y especialmente el territorio lenca, sea liberado de las arbitrarias concesiones de sus aguas, minerales y todos los bienes comunes de la naturaleza», concluye el comunicado.
Fuente: http://nicaraguaymasespanol.