Alianza del Pacífico: el regreso del Tío Sam

Una década después del desplante que recibiera George Bush (hijo) por parte de los líderes sudamericanos sepultando el ALCA, Estados Unidos se apresta a retomar su dominio casi total sobre la región. El inevitable golpe mortal al Mercosur sellado días atrás por el gobierno ilegítimo de Michel Temer en Brasil y el de Mauricio Macri en la Argentina es una prueba irrefutable: el canciller interino de Brasil, José Serra, le propuso al gobierno argentino flexibilizar el Mercosur, a fin de que cada uno de los países miembros puedan negociar acuerdos de libre comercio con terceros países y bloques. Sería éste el primer paso para ingresar de lleno al Tratado de Libre Comercio (TLC) y luego al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), objetivos estratégicos que sepultan el viejo sueño de la Patria Grande e impacta enormemente en la pérdida de soberanía política y económica, con sus secuelas de ajustes, privatizaciones y exclusión. El TPP es el nuevo engendro de los Estados Unidos para contrarrestar a los BRICS (el bloque de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), hoy en retroceso por las crisis en Rusia y el gigante sudamericano. El Tío Sam espera, siempre agazapado, con el rostro severo y su dedo acusador, la mirada intrépida y su inagotable paciencia de araña.

En primer lugar, la Alianza Transpacífico es un acuerdo de libre comercio multilateral secreto, que tiene a los Estados Unidos como el principal interesado. Es casi una patente de corso concedida a los oligopolios norteamericanos: sólo los lobistas de sus multinacionales tienen acceso a sus contenidos. WikiLeaks filtró y publicó una parte del texto del borrador secreto, al que considera de gran controversia «debido a sus efectos de largo alcance sobre medicinas, editores, servicios de internet, libertades civiles y patentes biológicas». Tan secreto que, según afirman los editores de WikiLeaks, «los miembros del congreso de EE.UU. únicamente pueden ver porciones selectas de documentos relacionados al tratado bajo condiciones altamente restrictivas y bajo supervisión estricta». Según Julian Assange, editor en Jefe de WikiLeaks, «de ser instituido (el Tratado) pisotearía los derechos individuales y la libre expresión, y trataría como un trapo al patrimonio común intelectual y creativo. Si usted lee, escribe, publica, piensa, escucha, baila, canta o inventa; si usted cultiva o consume comida; si se encuentra enfermo o se pudiera encontrar algún día enfermo, el TPP lo tiene en su mira«.

El concepto de libre comercio constituye en sí mismo una ficción concebida por los países poderosos para expoliar a los débiles. Esas potencias actúan desde su posición privilegiada, asimétrica, para imponerles condiciones a sus socios menores. Pero -lo que es peor aún- esto implica la creación de un poder supranacional capaz de erigirse por encima de las constituciones y de las decisiones soberanas de los países firmantes. Dicho de otro modo, es un tratado organizado por corporaciones en nombre de los países: es decir, compromete la soberanía de los Estados al permitir a los inversores demandar a dichos Estados ante comisiones arbitrarias como el CIADI. Meses atrás, el Premio Nobel Joseph Stiglitz definió al TPP como una farsa, ya que no se trata precisamente de libre comercio sino de una estructura logística creada con el fin de concentrar aun más la economía mundial y llevar a límites exorbitantes el desempleo en el mundo.

El Tratado involucra a más de mil millones de habitantes que representan el 25% de las exportaciones globales y el 40% del PBI mundial. Algunas de las cláusulas que trascendieron al acuerdo secreto son: la eliminación de las barreras arancelarias, la garantía supranacional para que las corporaciones realicen sus negocios, la extensión de las patentes exclusivas para la industria farmacéutica, el impedimento de regular en materias tales como tabaco, alcohol y telecomunicaciones, la supeditación de toda política ambiental a las reglas de mercado, la restricción para el surgimiento de empresas estatales y la flexibilización de toda legislación laboral. En fin, la pérdida de soberanía y de los derechos civiles y laborales está a la vuelta de la esquina.

El presidente Mauricio Macri decidió dar un giro a la política exterior de los últimos años: para esto, viajará a Chile a fin de junio para participar como observador en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que ya integran Chile, México, Perú y Colombia. «Hay un claro objetivo del Presidente -expresó días atrás la canciller Susana Malcorra- de empezar a trabajar arduamente en una alianza real con los países del Pacífico y unir esas voluntades con las del Mercosur«. A su vez, la burguesía paulista reclama desde hace tiempo liberarse de los condicionamientos de la cláusula 31 del Mercosur que prohíbe a sus miembros negociar acuerdos con terceros. Para esos empresarios, el Mercosur es un obstáculo para sus aspiraciones de expansión internacional. Esto, y decretar su sentencia casi definitiva parecen ser la misma cosa, habida cuenta de que el Mercosur no solamente actúa como una herramienta económica sino también política y de cooperación regional con naciones y organismos mundiales.

Hasta hoy, el Mercosur había sido configurado como una unión aduanera que protegía con un arancel externo único a los frágiles sectores industriales de los países miembros (un bien o servicio paga la misma tarifa si ingresa por la frontera de cualquiera de los socios). Tal como afirma José Natanson, a diferencia de los acuerdos de libre comercio, que solo apuntan a crear mercados ampliados, la unión aduanera propone una articulación mayor, en la medida en que impide a sus integrantes negociar bilateralmente con terceros países y los empuja a coordinar políticas comerciales y productivas comunes. El debate entre acuerdos de libre comercio versus unión aduanera encierra una discusión más profunda acerca de los grados de protección económica, el rol del Estado y el papel de la industria en las economías. Países con estructuras productivas limitadas, como Chile, posiblemente se beneficien con una apertura que les permita exportar sus productos a la mayor cantidad de destinos posibles e importar todo lo que no fabrica localmente. Pero parece insuficiente para sociedades más complejas como la argentina o la brasileña, con industrias en acción, salarios más altos, sindicatos más poderosos y, por ende, mayor conflictividad política (José Natanson, Integración a la Macri, en «Le Monde Diplomatique», junio 2016)

Basta con recorrer las voces de los pueblos que ya sufren las consecuencias de estos acuerdos: es el caso de Chile, que «ha tenido beneficios mínimos en relación a las promesas previas a la firma del TLC -según expresa Sebastián Balbontín, integrante de la Plataforma Ciudadana «Chile mejor sin TPP«-. Hoy, es innegable que nuestra economía ha quedado a merced de los intereses corporativos estadounidenses, que entran libremente, sin protecciones, para la extracción excesiva de nuestros recursos naturales«. Y agrega que «la perdida de nuestra soberanía alimentaria, con la entrada oculta de la Ley Monsanto -que marcaría la llegada de los transgénicos a Chile-, el encarecimiento de los medicamentos genéricos, la implantación de altísimas restricciones al consumo de contenidos en la web por la aplicación de nuevas normas de derechos de autor, son solo algunas de las implicancias, y a esto se suma que el TPP coloca a las corporaciones transnacionales en capacidad de demandar al Estado chileno ante tribunales internacionales, si es que ven que sus intereses han sido afectados«. Otras organizaciones sociales de Chile, Perú y México se han movilizado en estos días contra la ratificación del Acuerdo Transpacífico.

El Tío Sam pretenderá imponerle a la Argentina sus condiciones: entre ellas, salarios competitivos -es decir, más bajos- acordes a los de la región, y una tropa sindical más disciplinada con el poder político. Para esto se necesita un índice de desocupación más alto que debilite los ímpetus gremiales, y un juego de alianzas entre los caciques del movimiento sindical con el oficialismo. Esto último se mantiene intacto desde el 10 de diciembre: los líderes de las CGT se han mostrado -a pesar del ajuste, los tarifazos y los despidos- extrañamente reticentes a sostener medidas gremiales de impacto general.

El ominoso acuerdo de libre comercio por venir sencillamente destruirá la integración regional, que tanto rédito les ha dado a nuestras naciones sudamericanas desde el amanecer del siglo XXI, aun con las grandes dificultades y contradicciones que entraña. Es necesario entender que un acuerdo semejante constituye un claro cepo a la soberanía nacional (porque el Estado no tendrá injerencia en asuntos que serán estrictamente de índole supranacional) y a la democracia (porque, por ejemplo, va a coartar la posibilidad de regular a través del Parlamento legislaciones relativas a los intercambios comerciales). Y también un cepo al trabajo, al desarrollo industrial y, por lo tanto, a la dignidad individual y social. Tal como sugirió Enrique Lacolla, se primarizará la producción y se repetirá el modelo de economía rentística y parasitaria que ha distinguido a la mayor parte de nuestra historia.

Por ahora, el gobierno argentino parece medir sus fuerzas promoviendo sólo una aproximación a la Alianza en calidad de observador. Esto en sí mismo no conlleva oportunidades ni riesgos, pero esa mera formalidad es, desde lo político y simbólico, toda una definición. Inquietante, en primer lugar, por la degradación del status social del Mercosur y, en segundo término, por la amenaza que implicaría ser un Estado Parte en un acuerdo librecambista que tiene a Estados Unidos como intérprete central. Este es el peligro del retorno del Tío Sam. El Viejo Caballero es la metáfora de las políticas expoliadoras y abusivas de la potencia hegemónica mundial. Y quiere regresar, más recargado que nunca.