«Rechazamos como violatorias al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas, las propuestas e iniciativas que se han movido en las Cámaras y Casas de los organismos legislativos de Estados Unidos, que son parte habitual de la política injerencista que, a través de la historia, ha intervenido en nuestros propios y soberanos procesos […]
«Rechazamos como violatorias al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas, las propuestas e iniciativas que se han movido en las Cámaras y Casas de los organismos legislativos de Estados Unidos, que son parte habitual de la política injerencista que, a través de la historia, ha intervenido en nuestros propios y soberanos procesos políticos, sociales y económicos, y de manera intensiva y particular en momentos electorales».
Responde así el gobierno de Nicaragua a la decisión de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos de aprobar, por unanimidad, lo que se conoce como Nicaraguan Investment Conditionality Act, también conocido como Nica Act. De ser aprobada también por el Senado y, luego, firmada y convertida en ley por el presidente Obama, la iniciativa aseguraría el voto contrario -y determinante- de Estados Unidos a la aprobación a Nicaragua de cualquier préstamo de los organismos multilaterales de crédito.
La iniciativa fue promovida y presentada en julio pasado por los congresistas de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires. Según ellos, el objetivo es obligar al gobierno de Daniel Ortega a tomar medidas para el restablecimiento de la democracia y la realización de elecciones libres, justas y transparentes.
El año pasado, miembros del opositor Mrs (Movimiento renovador sandinista), del Mp (Movimiento por Nicaragua) y de organismos de «derechos humanos» viajaron a Estados Unidos y se reunieron con la misma Ros-Lehtinen. Durante el encuentro solicitaron medidas de presión contra el gobierno sandinista.
La campaña antigubernamental arreció aún más tras la decisión de la Corte suprema de justicia de otorgar la representación legal del principal partido de oposición -Partido liberal independiente (Pli)- a Pedro Reyes Vallejos, y la del Consejo supremo electoral de destituir a 16 diputados, entre ellos al ex candidato presidencial liberal Eduardo Montealegre, por no aceptar las líneas dictadas por el nuevo presidente del partido.
Durante las últimas semanas, partidos y movimientos de oposición hicieron el llamado a boicotear el proceso electoral. De acuerdo con una publicación de Informe Pastrán, esta decisión sería parte de una estrategia bien clara. «El objetivo es desacreditar totalmente el actual proceso electoral, desconocer los resultados de las elecciones y propiciar que la comunidad internacional no reconozca en enero del 2017 al gobierno que surja de esos comicios, llamando a convocar a nuevas elecciones (…) Además pretenden crear inseguridad y temor en la ciudadanía, sobre todo para influir en los votantes, advirtiendo que el país ha regresado a la década de los años 80», advierte un ex legislador liberal.
Tras un viaje a Washington para reunirse con Luis Almagro, secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), quien está a punto de presentar un informe sobre la situación en Nicaragua, miembros de la oposición nicaragüense fueron invitados a la Convención Nacional Demócrata en Philadelphia. En el marco de la actividad se realizó el Foro Internacional de Líderes -financiado por el NDI (Instituto Nacional Demócrata)- donde activistas políticos de la «sociedad civil» de diversos países del mundo intercambiaron ideas sobre «como restablecer la democracia» en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Injerencia
«Cada país es libre y tiene el derecho de hacer sus pronunciamientos, sus leyes y emitir medidas de ese tipo, que son de orden político y no son propiamente del gobierno norteamericano. Sin embargo, cuando se trata de medidas amenazantes o de presión, siempre hay que considerar los efectos de otra índole que se pueden generar. No sólo son cuestiones de orden comercial las que están en juego, sino que entran muchos factores geopolíticos que deben ser bien ponderados. En este sentido, creo que se trata de un paso infortunado, como de injerencia. Es como si nosotros estuvieramos pronunciándonos sobre el desarrollo de la campaña electoral de Estados Unidos….sería irrespetuoso», dijo a medios nacionales el ex presidente de la República y actual diputado Jaime Morales Carazo.
Pagan los pobres
El economista Néstor Avendaño aseguró a Informe Pastrán que de aprobarse el Nica Act, los principales afectados serían los sectores más pobres del país. En la actualidad, el Bid (Banco interamericano de desarrollo) y el Banco Mundial prestan anualmente al sector público de Nicaragua un total aproximado de 250 millones de dólares para la ejecución de programas y proyectos de inversión. «Esto representa el 62% del total de préstamos oficiales que recibe Nicaragua de fuentes bilaterales y multilaterales de cooperación», dijo Avendaño.
Tras el supuesto fraude electoral de 2008, estos organismos ya no conceden a Nicaragua préstamos de divisas líquidas para apoyo presupuestario. Un eventual boicot financiero impactaría principalmente sobre la población rural, y provocaría la caída de la inversión pública en infraestructura económica. «Esto desaceleraría la inversión privada, provocando un menor crecimiento económico, la reducción del gasto de consumo público, el deterioro de los indicadores sociales, la mora en el pago de la deuda pública externa con las dos instituciones financieras multilaterales, y la creciente volatilidad del tipo de cambio financiero y de la presión inflacionaria», explicó el economista.
Sin embargo, una crisis de ese tipo debilitaría también la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado internacional, poniendo en riesgo la seguridad misma de Estados Unidos, ya que Nicaragua se ha convertido en la última década en un verdadero «muro de contención» y un aliado privilegiado para los norteamericanos.
Son varios los analistas políticos que creen que la iniciativa aprobada este miércoles por el Congreso de Estados Unidos no será ratificada por el Senado, o será vetada por el mismo presidente Obama.
Dignidad
Durante la jornada de ayer (21/9), Luis Exequiel Alvarado, representante de Nicaragua ante la OEA defendió la legalidad y la transparencia del proceso electoral del próximo 6 de noviembre, así como el derecho que su país tiene a realizar «elecciones libres y sin injerencias por parte de potencias extranjeras».
«En Nicaragua continuamos y seguiremos profundizando la paz, estabilidad, gobernabilidad y avance, a través de propuestas inéditas, como el modelo de alianzas, diálogo y consensos que tiene rango constitucional, y que ha venido movilizando la economía y alcanzando importantes logros en la lucha contra la pobreza», reafirmó el gobierno nicaragüense en su comunicado
«El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reitera su firme compromiso con ese modelo que nos reúne a todos alrededor del bien común, e igualmente ratifica su indeclinable e invariable vocación de paz, seguridad, tranquilidad y democracia», concluyó.
Fuente: http://nicaraguaymasespanol.