La decisión del presidente Daniel Ortega de menguar los montos de las pensiones de los trabajadores nicaragüenses sólo podía haber producido lo que produjo: un enorme, severo y ruidoso descontento social y popular. Tan enorme, severo y ruidoso, que Ortega no tuvo más opción que echar abajo la antipopular medida. Pero, ciertamente, no lo hizo […]
La decisión del presidente Daniel Ortega de menguar los montos de las pensiones de los trabajadores nicaragüenses sólo podía haber producido lo que produjo: un enorme, severo y ruidoso descontento social y popular. Tan enorme, severo y ruidoso, que Ortega no tuvo más opción que echar abajo la antipopular medida.
Pero, ciertamente, no lo hizo de inmediato. Antes intentó salvarla acusando a los protestantes e inconformes de conspirar contra su gobierno. ¿Conspiradores y subversivos los modestos pensionados y sus familias que difícilmente llegan al fin de mes con los precarios montos de sus modestas, por no decir famélicas pensiones?
Digamos que Ortega puso en práctica una de las más conocidas y aborrecibles medidas de la teoría económica neoliberal, tan apreciadas y recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese tipo de medidas que suelen ser la punta de lanza, la pica en Flandes, la cabeza de playa de los siniestros programas de ajuste que han sumido en la pobreza a las naciones donde se han aplicado desde hace tres décadas.
¿Ignoraba Ortega que al ordenar la reducción de las pensiones ponía en práctica una de las célebres recetas del FMI y del Consenso de Washington? ¿Se comportó como un clásico neoliberal sin saberlo? ¿O más bien cedió a las presiones y chantajes de los organismos financieros internacionales que condicionan el otorgamiento de créditos a la aplicación de esos tristemente célebres programas de ajustes, los que siempre implican reducciones salariales y pérdidas de prestaciones sociales?
Ya se ve que Daniel Ortega se colocó en el peor de los mundos posibles. Con la decisión de reducir las pensiones quedó mal con los pensionados, con las familias de éstos, con los trabajadores que en el futuro serán pensionados y con la clase trabajadora que entendió rápidamente que a esta primera medida neoliberal seguirían otras del mismo tenor, como el aumento de la edad de jubilación, mayor precarización de las pensiones y mayores aportaciones para obtener el derecho a la jubilación. Y, por contrapartida, con la determinación de echar abajo la medida quedó mal con el FMI y con otros ideólogos del neoliberalismo.
Ortega esgrimió como razón para reducir las pensiones la necesidad de paliar la severa crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y aquí está otra clara concepción neoliberal: echar sobre las espaldas de los trabajadores la carga de resolver las crisis económicas.
Finalmente, y saludando con beneplácito la decisión de derogar la reforma de las pensiones, es imprescindible destacar que la tal reforma mostraba una quizás incipiente pero innegable derechización del sandinismo. Al menos de la facción del sandinismo que representa Ortega.
Los penosos acontecimientos de estos días dejan, sin embargo, una clara enseñanza: los gobiernos populares no pueden ni deben atentar contra los intereses y el bienestar de los trabajadores. Porque actuar así tiene una obvia consecuencia.
La pérdida de apoyo popular y social, y la consecuente invitación a la derecha criolla y al imperialismo yanqui para participar en los movimientos de rechazo a las medidas neoliberales con la finalidad de debilitar a esos gobiernos populares. Y luego, si las condiciones lo permiten, iniciar las tareas subversivas que conduzcan al derrocamiento del gobierno y al retorno de la derecha y del imperialismo al poder.
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