El Congreso de la República aprobó recientemente una serie de reformas al Código de Trabajo con las cuales se aduce que dan cumplimiento a los requerimientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- relativos a dotar a la Inspección de Trabajo de poder sancionatorio directo. El Movimiento Sindical Indigena y […]
El Congreso de la República aprobó recientemente una serie de reformas al Código de Trabajo con las cuales se aduce que dan cumplimiento a los requerimientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- relativos a dotar a la Inspección de Trabajo de poder sancionatorio directo.
El Movimiento Sindical Indigena y Campesino Guatemalteco (MSICG), en su oportunidad remitió un despacho calificado al pleno del Congreso de la República así como comunicaciones dirigidas a los Jefes de bloque y diputados en particular, explicándoles las razones por las cuales las citadas reformas, lejos de ajustarse a lo requerido al Estado de Guatemala en cumplimiento de los Convenios Internacionales ratificados ante OIT, representan un grave retroceso ya que insisten en un modelo de regulación que ya fue aprobado en una ocasión sorprendiendo la buena fe de la OIT y que fue declarado inconstitucional por parte de la Corte de constitucionalidad.
Este modelo, además de insistir en el trato inadecuado del conflicto, traslada a los Inspectores de trabajo facultades que corresponden con exclusividad a la jurisdicción privativa de trabajo por mandato del artículo 103 de la Constitución política de la República y genera condiciones de menos celeridad a la imposición de sanciones toda vez que, contrario a la regulación actualmente vigente en que el procedimiento es sometido a un máximo de dos instancias ante los tribunales y salas de trabajo y previsión social y la posibilidad de dos instancias más correspondientes al amparo, el procedimiento introducido por la reforma adiciona dos instancias obligatorias en sede administrativa a las que se suman las dos ante la jurisdicción privativa de trabajo y previsión social y la posibilidad de las dos instancias ante la jurisdicción privativa constitucional; es decir, se trata de un procedimiento que no otorga poder sancionatorio directo a la inspección de trabajo, sino que difiere esto en un procedimiento con la posibilidad de tener que agotar seis etapas para poder imponer una sanción. Se trata pues, de un nuevo bulo a la OIT y sus órganos de control y de un procedimiento con el cual los diputados del Congreso de la República garantizaron por tiempo indefinido impunidad total a los empleadores que violen los derechos de los y las trabajadoras en el país especialmente los derechos relacionados con la libertad sindical.
Preocupa sin embargo que este tipo de medidas sea impulsado de manera deliberada para hacer una burla de los trabajadores y trabajadoras, del Derecho del trabajo y del sentido común para justificar el turismo en Ginebra de algunos funcionarios públicos con recursos del Estado de Guatemala, como lo es el caso de los diputados Aníbal Rojas, de Visión con Valores VIVA; Alejandra Carrillo, del Movimiento Reformador -MR-; Ovidio Monzón, de TODOS; Marco Antonio Lemus, de la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- y el diputado oficialista Edgar Armando Sandoval, bajo el argumento de que irán a presentar el avance, o mejor dicho hacer mofa directa de los órganos de control de OIT, a Ginebra, obviando que los supuestos avances pueden ser comunicados por vías menos onerosas para el pueblo de Guatemala y menos placenteras para los señores diputados, o bien, ser presentados al Representante del Director de la OIT en Guatemala, cuya oficina es permanente y cuyo mandato es precisamente ese.
Debe recordarse que la lógica del viaje innecesario financiado con fondos públicos, teniendo como argumento la situación de Guatemala en OIT ha derivado que al menos desde el año 2013, el erario público haya debido financiar la agenda turística de por lo menos 15 funcionarios públicos cuya presencia no era necesaria en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, atractivo que seguramente ha sido considerado por los miembros de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, y particularmente por el Presidente de la misma, diputado Ovidio Monzón, como un beneficio adicional al que ya le representa el contar con servicios pagados por el Congreso y no cotizar al IGSS, esto porque debe recordarse que sin que su presencia fuere necesaria, asistió junto a otros 4 diputados de la misma Comisión a la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra en el 2016, ahora se inventan otro viaje innecesario y no cabe duda que buscarán que el pueblo les financie un nuevo viaje a la Capital Suiza bajo el pretexto de asistir, nuevamente de manera innecesaria, a la Conferencia Internacional del Trabajo de 2017.
El MSICG lamenta que la grave situación de los derechos laborales y la libertad sindical en Guatemala ante la imposición de una hoja de ruta que no aborda la problemática de fondo, una por demás discreta representación del Director de OIT en Guatemala, de supuestas representaciones sindicales que sobre la base de la evasión del problema siguen manteniendo el statu quo de sus caciques y la agenda viajera tanto propia como la de funcionarios públicos que han descubierto en esas condicionantes argumentos para justificar el viaje a costillas de la población en la ausencia de voluntad para el impulso de soluciones reales, tan sólo están dando lugar a la generación de condiciones de mayor impunidad y más precariedad para las trabajadoras y trabajadores.
El MSICG, teniendo en cuenta que una regulación similar aunque con menos vicios que la aprobada por el Congreso ya fue declarada inconstitucional por la Corte de constitucionalidad, bajo la lógica de resolución igual de igual supuesto que se impone como parámetro mínimo de resolución al menos formalmente justa, estará, en su momento oportuno, impugnando la constitucionalidad de tales reformas ante el citado Tribunal constitucional, como lo ha hecho de manera constante con la normativa que afecta los intereses de las trabajadoras y trabajadores que ha venido aprobando el actual Congreso de la República.
Movimiento Sindical Indigena y Campesino Guatemalteco