Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
En 1979 un levantamiento popular encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocó a la dictadura de la familia Somoza, a la que respaldaba Estados Unidos y que había gobernado Nicaragua desde la década de 1930, y en 1984 los sandinistas y su candidato presidencial Daniel Ortega obtuvieron una victoria aplastante en las primeras elecciones libres celebradas en el país en décadas. Los sandinistas introdujeron un importante programa de redistribución de la tierra y un aumento significativo de los servicios de sanidad pública y educación. Sin embargo, los logros iniciales se vieron socavados por el impacto de una oposición armada (la «contra») organizada y promovida por Estados Unidos, el colapso de los precios internacionales de las materias primas a principios de la década de 1980 y los errores de la política sandinista, incluido un excesivamente ambicioso programa de inversiones a gran escala.
En 1990 una población cansada de la guerra voto a una amplia coalición liderada por Violeta Chamorro, viuda de un distinguido periodista asesinado por orden de Somoza. El G obierno de Chamorro siguió una política de reconciliación nacional pero para obtener una muy necesitada financiación el Fondo Monetario Internacional (FMI) este le obligó a adoptar políticas económicas excepcionalmente austeras. Tras un relanzamiento del crecimiento económico a mediados de la década de 1990 Arnoldo Alemán, un populista de derecha que posteriormente fue condenado a diez años de cárcel por corrupción, ganó las elecciones de 1996. En 2001 lo sucedió quien había sido su vicepresidente, Enrique Bolaños, un líder empresarial ferozmente antisandinista.
Tras la derrota sandinista de 1990 muchos activistas abandonaron el partido debido a su disconformidad con el liderazgo de Ortega y a la falta de democracia interna en el partido. Algunas personas formaron un pequeño grupo disidente, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), mientras que otras se involucraron en proyectos locales de desarrollo y en la creación de un movimiento independiente de mujeres. Sin embargo, en 2006 los indisciplinados partidos liberal y conservador no lograron ponerse de acuerdo para presentar conjuntamente un candidato a las elecciones presidenciales, lo que permitió a Ortega (que se había presentado a cada una de las elecciones desde la década de 1980) ganarlas con una minoría de votos.
A pesar de que la Constitución prohíbe los mandatos presidenciales consecutivos, la Comisión Electoral autorizó a Ortega presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales de 2011 y fue reelegido presidente. Posteriormente la Asamblea Nacional con mayoría sandinista aprobó un cambio constitucional para permitir los mandatos presidenciales consecutivos y en 2016 Ortega se volvió a presentar a las elecciones presidenciales, esta vez con su esposa, Rosario Murillo, como candidata a la vicepresidencia. Poco antes de las elecciones, se privó a los principales candidatos de la oposición de su derecho a presentarse a las elecciones, lo que permitió a Ortega y Murillo una victoria segura.
El nexo familia-partido-Estado
Desde que Ortega volvió a asumir la presidencia en 2007 ha gobernado gracias a una estrecha alianza con los principales grupos empresariales de Nicaragua. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal organización empresarial privada, había tenido una relación extremadamente conflictiva con el Gobierno sandinista en la década de 1980, pero mantiene una relación muy estrecha con el Gobierno actual. La American Chamber of Commerce [Cámara Estadounidense de Comercio], que incluye a las principales empresas estadounidenses del país, también ha trabajado estrechamente con el Gobierno, aunque después de una elección muy reñida a principios de 2018 el presidente de la filial nicaragüense de Cargill fue nombrado presidente después de hacer campaña a favor de emprender una trayectoria más independiente. El Gobierno también ha podido contar con el apoyo de los líderes de los principales sindicatos, que están afiliados al FSLN.
Ortega ha intentado asegurarse de que no surja ninguna fuerza política a la izquierda y el disidente MRS no se pudo registrar para las elecciones en 2016. Hay muchos partidos de derecha, pero son pequeños y en muchos casos son poco más que feudos personales de sus líderes. Uno de los partidos más grandes, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que ganó las elecciones en 1996, ha proporcionado apoyo a Ortega desde principios de la década de 2000, inicialmente bajo un «pacto» que permitió a su líder, Alemán, cumplir en su hacienda la pena de cárcel a la que fue condenado por corrupción.
La otra agrupación importante de derecha, el Partido Liberal Independiente (PLI), fue la fuerza líder de un frente electoral que podría haber sido la oposición más seria a Ortega en las elecciones de 2016. Sin embargo, esta oposición quedó minada unos meses antes de las elecciones cuando el Tribunal Supremo del país, dominado por personas nombradas por los sandinistas, entregó el control del partido a un grupo minoritario. Los candidatos originales del partido a la presidencia y vicepresidencia no se pudieron presentar y sus 28 representantes en la Asamblea Nacional tuvieron que renunciar a sus escaños. Desde entonces el que fuera durante mucho tiempo líder del PLI, un banquero, se ha retirado y algunos exmiembros del partido han fundado dos organizaciones políticas nuevas: Ciudadanos por la Libertad ( CxL), que fue reconocido legalmente en mayo de 2017 y más tarde ese mismo año participó en las elecciones municipales; el Frente Amplio por la Democracia (FAD), en cambio, considera que las actuales elecciones son un farsa y se ha centrado en crear un nuevo movimiento desde la base hacia arriba.
En las elecciones generales de 2016, cuando los principales candidatos del FSLN, Daniel Ortega y Rosario Murillo, obtuvieron el 72 % de los votos, se informó de que había habido una baja participación ya que al parecer muchas personas, incluidas quienes eran partidarias del FSLN, consideraban que el resultado estaba preparado de antemano. En las elecciones a la Asamblea Nacional el FSLN obtuvo 70 de los 91 escaños y 14 escaños fueron para la domada oposición a Ortega, el PLC.
El propio Ortega hace relativamente pocas apariciones públicas y según informes no oficiales tiene problemas de salud. Rosario Murillo, que ya desempeñaba un papel importante coordinando el trabajo de los diferentes ministros del Gobierno, desempeña un papel cada vez más importante gestionando día a día el gobierno del país. Murillo hace ahora prácticamente todos los anuncios ministeriales, generalmente durante un programa regular de radio a medio día, y se exige a los alcaldes de los municipios controlados por el FSLN que asistan a reuniones regulares con ella en Managua. Murillo también ha creado una sólida base de apoyo en el movimiento juvenil sandinista, que cuenta con una fuerte presencia en las universidades.
En las elecciones municipales de 2017 el FSLN ganó en 135 municipios, mientras que el PLC ganó en 11 y el nuevo partido, el CxL, en 6. Sin embargo, al igual que había ocurrido en las anteriores elecciones municipales, hubo denuncias generalizadas de irregularidades y en 2017 se ocultó el índice de apoyo a los diferentes partidos ya que solo se publicaron las cifras de la proporción de votos. En la parte más poblada del país a lo largo del Pacífico el FSLN obtuvo una aplastante victoria aunque la participación fue baja; en las zonas rurales del centro, donde la contra había tenido una base social en la década de 1980, el PLC y el CxL obtuvieron sus mejores resultados; en la poco poblada zona del Caribe el partido local con base indígena también obtuvo apoyo aunque las elecciones se vieron empañadas por la violencia entre los partidarios de los grupos rivales (1). Al parecer algunos miembros veteranos del FSLN también están descontentos por el hecho de que Rosario Murillo introdujera un procedimiento centralizado para seleccionar a los candidatos que supuestamente favorecía a sus partidarios más jóvenes (2).
La OEA y Estados Unidos
En respuesta a las acusaciones de irregularidades electorales el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro se reunió con Ortega en febrero de 2017. Para decepción de los críticos de Ortega, Almagro concedió a este último cuatro años para rectificar las deficiencias del sistema electoral del país. Ortega se encuentra bajo una fuerte presión internacional para responder a la OEA pero dado que inesperadamente perdió las elecciones en 1990, parece decidido a hacer el mínimo de concesiones necesarias para apaciguar las críticas externas con el fin de asegurarse su victoria o la de algún sucesor designado por él en las elecciones de 2021.
Como quizá era de esperar, el Gobierno de Estados Unidos y su embajador en Nicaragua han sido los principales críticos del una vez izquierdista presidente de Nicaragua y su régimen. Las autoridades estadounidenses han llamado la atención acerca de lo que consideran «regularidades significativas» en las elecciones nacionales y locales en Nicaragua desde 2011 y tras las elecciones nacionales de 2016 congresistas estadounidenses de los dos partidos principales propusieron la Ley de Condicionalidad de la Inversión en Nicaragua para exigir a los representantes estadounidenses en el Banco Mundial y en Banco de Desarrollo Interamericano votar en contra de aprobar cualquier préstamo a Nicaragua. La Cámara de Representantes aprobó esa ley en octubre de 2017 y se necesita la aprobación del Senado para entrar en vigor. Mientras tanto, la Agencia Estadounidense de Ayuda Internacional, que ha estado proporcionado unos 10 millones de dólares al año en ayuda al desarrollo, incluyó solamente 200.000 dólares para Nicaragua en su presupuesto de 2017-2018 y nada en absoluto para los años siguientes (3).
En una medida más directa en diciembre de 2017 Estados Unidos utilizó la Ley Global Magnitsky para prohibir a Robert Rivas, presidente de la Comisión Electoral de Nicaragua, el uso de los servicios bancarios en Estados Unidos. Hasta entonces esta ley solo se había utilizado contra funcionarios de los Gobiernos ruso y venezolano. De forma inexplicable Rivas había acumulado muchas propiedades de lujo en Nicaragua, Costa Rica y París. Ha sido un estrecho aliado de Ortega y aunque desde entonces sus funciones se han transferido oficialmente a su sustituto, aunque se le ha permitido mantener el título de presidente de la Comisión Electoral.
La policía y el ejército nicaragüenses fueron refundados después de la Revolución de 1979 y durante mucho tiempo gozaron de una reputación inusualmente buena debido a su honradez. Sin embargo, en los últimos diez años han aumentado las quejas, en particular respecto a la policía (4). Lo que quizá sea más grave es que también existe el temor de que se esté debilitando la independencia de ambas instituciones. Tanto la policía como el ejército habían establecido procedimientos para que los oficiales de alto rango cumplieran un mandato y después pasaran a jubilarse. No obstante, la Asamblea Nacional ha anulado y posteriormente cambiado las normas referentes a la jubilación en ambas instituciones y los actuales titulares están ejerciendo su tercer mandato consecutivo. Se teme que eso haya reducido su independencia y al menos da la impresión de que están en deuda con Ortega.
Los medios de comunicación más importantes de Nicaragua son la televisión y la radio, y la inmensa mayoría están en manos de dos grupos que controlan entre ellos 10 canales de televisión. Uno de los grupos es propiedad del empresario mexicano Angel González, cuyos canales se dedican de forma predominante al entretenimiento y evitan las polémicas políticas; el otro grupo está controlado por la familia Ortega y transmite lo que se ha descrito como una mezcla de propaganda oficial, periodismo sensacionalista y entretenimiento de masas. La única excepción es el Canal 12, que produce un programa de información crítica dedicado a la actualidad de Nicaragua.
Un fuerte crecimiento económico pero una desigualdad cada vez mayor
Con una población de 6.2 millones de personas en 2017 Nicaragua tiene el segundo ingreso per capita más bajo de las Américas. Su economía ha crecido mucho en los últimos años, aunque la producción cayó en 2009 a consecuencia de la profunda recesión en Estados Unidos y otros mercados principales. Entre 2010 y 2017 el promedio del crecimiento económico fue un poco inferior al 5 % al año, el tercero más alto en América Latina detrás de Panamá y la República Dominicana (5).
La economía sigue siendo dependiente de la exportación de productos primarios, fundamentalmente café, carne de vacuno, oro y azúcar. Además, desde la década de 1990 ha habido un aumento significativo de la producción en zonas francas de exportación, sobre todo de productos textiles y más recientemente de ensamblajes de arneses eléctricos para automóviles producidos en México. Con todo, todavía hay un amplio sector de agricultores de subsistencia, particularmente en las zonas más montañosas del norte del país, y en las ciudades hay un sector comercial muy amplio, en gran parte basado en el trabajo informal.
Los ingresos de las exportaciones de Nicaragua aumentaron mucho hasta 2014, aunque desde entonces el crecimiento se ha ralentizado debido al descenso de los precios del mercado mundial. En 2017 las exportaciones de bienes ascendieron a 4.100 millones de dólares, pero las importaciones fueron considerablemente mayores ya que ascendieron a 6.600 millones de dólares. El déficit se ha cubierto en parte con las remesas familiares, que han aumentado considerablemente en los últimos años. Debido a la situación laboral en Nicaragua muchas familias cuentan con al menos un miembro que trabaja en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos o en la vecina Costa Rica, y en 2017 las remesas ascendieron a 1.400 millones de dólares.
Nicaragua también ha recibido una importante inversión directa en los últimos años atraída por los bajos salarios y la relativa seguridad en comparación con los vecinos Honduras y El Salvador. La inversión directa neta ascendió a 816 millones de dólares en 2017 y se dirigió fundamentalmente a la industria manufacturera, las telecomunicaciones, el comercio y la energía. La fuente principal fue Panamá (22 %), seguida de Estados Unidos (13 %) y México (12 %).
Hasta hace poco Nicaragua se había beneficiado de petróleo suministrado en unas condiciones muy ventajosas por Venezuela. El suministro se organizaba a través de una compañía llamada Alba de Nicaragua SA o Albanisa, un 51 % de la cual era propiedad de la empresa estatal de petróleo de Venezuela y un 49 % de la empresa estatal de petróleo de Nicaragua, Petronic. Según el acuerdo firmado con Venezuela, se suponía que Nicaragua pagaba la mitad del coste del petróleo importado y la otra mitad era un crédito a bajo interés y a largo plazo que proporcionaba a Albanisa y a una red de empresas subsidiarias fondos para invertir en una amplia gama de proyectos en Nicaragua (6). Se calcula que entre 2008 y 2014 Nicaragua se ha beneficiado de unos 3.500 millones de dólares de esta manera pero, de manera controvertida, a pesar de ser deuda pública, esta importante fuente de financiación externa no se registró en las cifras oficiales del Gobierno.
A medida que se deterioraba la situación en Venezuela el suministro de petróleo fue disminuyendo y en 2017 no se recibió suministro alguno. Se había planificado que Venezuela construyera una nueva e importante refinería en el país, pero esos planes fueron cancelados. Desde entonces Nicaragua ha tenido que comprar petróleo en el mercado internacional y los gastos sociales financiados con los ingresos procedentes del petróleo venezolano se han tenido que reducir. Al mismo tiempo Nicaragua ha empezado a incluir en las cifras oficiales de deuda del país las cantidades que debe a Venezuela debido a las fuertes presiones del Fondo Monetario Internacional.
En 2013 el Parlamento de Nicaragua concedió a un inversor chino, Wang Jing, una concesión a 100 años para construir y gestionar un canal interoceánico a través de Nicaragua, un megaproyecto que podr ía albergar a barcos aún más grandes que los que transitan por el Canal de Panamá y que ha sido considerado un medio de acelerar el desarrollo económico del país. Este proyecto por valor de 50.000 millones de dólares se ha encontrado con una fuerte oposición de los ecologistas y también con un importante movimiento de oposición entre aquellos campesinos cuyas tierras tendr ía n que ser expropiadas y cuyas manifestaciones fueron duramente restringidas por la policía. L a s obras del canal se han aplazado en medio de informes referentes a que Wang sufrió grandes pérdidas cuando se desplomó el mercado chino de valores en 2015-16. De ser un elemento fundamental de los planes de desarrollo del Gobierno el canal ha pasado a no ser siquiera mencionado por Ortega en su discurso al inicio del nuevo mandato presidencial en 2017 y parece poco probable que se vaya a construir alguna vez.
En los últimos años se ha producido una considerable inversión en comunicaciones e infraestructuras. Es especialmente significativo en el estado de muchas carreteras. Se están ampliando y volviendo a asfaltar las carreteras principales mientras que se está ampliando constantemente la red de carreteras aptas para todo tipo de climas en las zonas rurales. También ha aumentado considerablemente el acceso a la electricidad, especialmente en las zonas rurales. Según cifras oficiales, la cobertura aumentó desde aproximadamente el 70 % de los hogares en 2010 al 94 % en 2017. La empresa estatal de distribución fue privatizada en 2000 y se volvió a vender en 2014 a una empresa registrada en España pero que se cree que está vinculada al Gobierno.
El suministro de agua ha permanecido en el sector público y también aquí se ha invertido para aumentar su cobertura. Pero aunque aproximadamente el 90 % de los hogares tienen ahora acceso al agua potable en las zonas urbanas, la cifra es ligeramente superior al 30 % en las zonas rurales. Existe un programa para construir viviendas para personas con ingresos bajos, pero la construcción de viviendas disminuye desde 2015. Según la Asociación de Constructores de Viviendas, aproximadamente la mitad de las viviendas construidas en 2017 estaban destinadas a familias con ingresos bajos, pero equivalían a solo 2.500 unidades. No obstante, se ha invertido en espacios públicos de muchas ciudades y se han construido parques infantiles además de lugares para sentarse y un muy utilizado acceso gratuito a internet.
El continuo crecimiento económico ha provocado un aumento de las personas que trabajan. La cifra oficial de la tasa de paro descendió al 3.5 % para los hombres y al 3,8 % para las mujeres en 2017, aunque esto presenta un cuadro bastante engañoso ya que a los trabajadores sin un trabajo formal les quedan pocas opciones que no sean buscar ingresos en algún trabajo informal. Incluso según las cifras oficiales, en 2017 el empleo informal ascendía al 42 % de la fuerza de trabajo.
La cantidad de personas que están empleadas formalmente e inscritas en el sistema de seguridad social aumentó de 534.881 en 2010 a 914.196 en 2017. Esto proporciona a los trabajadores una pensión al jubilarse, pero se ha ralentizado el aumento de personas inscritas y la cobertura es muy desigual. Mientras que aproximadamente el 75 % de los trabajadores empleados en el suministro de agua y electricidad está asegurado, en la industria manufacturera el porcentajes es de solo el 45 % y en la agricultura es inferior al 10 %. En todo caso, el sistema de seguridad social tiene un grave déficit de financiación y como ha advertido repetidamente el FMI, sufrirá un colapso que supondrá al Gobierno central más demanda financiera en 2019.
La situación en el ámbito laboral ha contribuido a que los campesinos pobres de las regiones centrales del país avancen hacia el Caribe en busca de tierras para cultivar, un proceso que se ha visto agravado por el aumento de las grandes inversiones en agricultura capitalista que ha desplazado a muchos pequeños agricultores. Esta migración de agricultores ladinos* ha llevado a graves enfrentamientos, en ocasiones mortales, con miembros de los grupos indígenas a quienes la Constitución nicaragüense garantiza el derecho exclusivo a cultivar la tierra en las regiones autónomas del Caribe.
Las escasas oportunidades de empleo en Nicaragua explica por qué tantos trabajadores buscan trabajo en otros países. Muchos de estos trabajadores emigrantes son trabajadores no cualificados, pero los cualificados, incluidos aquellos que tienen titulación universitaria, también se han visto obligados a buscar trabajo fuera del país y se calcula que aproximadamente un 20 % de la población vive en el extranjero. Las remesas que envían a sus familias han desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento del nivel del vida del país.
Cuando Ortega regresó al poder en 2007 su Gobierno emprendió un programa contra la pobreza llamado «Hambre Cero», que proporcionaba a los hogares más pobres apoyo agrícola básico y, lo que es más importante, láminas onduladas de zinc para impermeabilizar los techos de sus chozas. Sin embargo, a medida que los recursos financieros de Venezuela han ido disminuyendo el programa «Hambre Cero» se ha ido reduciendo y entre 2018 y 2022 se irán retirando paulatinamente las tarifas subvencionadas de electricidad para hogares con bajos ingresos y para pensionistas, que también se financiaban con los recursos de Venezuela. Según informes anuales independientes elaborados entre 2009 y 2015, la proporción de población que vive en la pobreza experimentó un descenso limitado, del 44.7 % al 39.0 %, y la de quienes viven en la pobreza extrema del 9.7 % al 7.6 %. El descenso más significativo se registró en las zonas rurales (7).
Tras asumir la presidencia en 2007 el Gobierno Ortega aumentó considerablemente el salario mínimo oficial. Sin embargo, para la gran mayoría de los trabajadores los aumentos salariales se quedaron por detrás de la inflación y solo en 2010 los salarios reales han empezado a registrar un aumento. Según cifras oficiales, entre 2010 y 2017 los salarios reales de los trabajadores en el empleo formal aumentaron aproximadamente un 10 % al convertirse en dólares o solo algo más del 1 % anual. En 2017 el salario medio equivalía a unos 340 dólares al mes. En el sector financiero y en el minero la cifra era algo más alta, un poco más de 500 dólares al mes, pero en el sector manufacturero la media era de solo 230 dólares al mes, mientras que la media de los trabajadores agrícolas era de solo 130 dólares al mes. Para el Gobierno los bajos costes salariales han sido claramente una parte importante de su estrategia para atraer la inversión extranjera.
Nicaragua también tiene una próspera clase media comercial y una muy rica clase alta. Según cifras de CEPAL, el 10 % más rico recibe aproximadamente el 33 % de los ingresos nacionales y junto con el siguiente 10 % casi el 50 % de los ingresos nacionales (8). En este grupo se incluye a las familias tradicionales propietarias de tierras, muchas de las cuales también se han diversificado y dedicado al comercio o a la industria. También se vincluye a los comerciantes nuevos ricos que se han beneficiado del boom del comercio. Según el informe de CEPAL, aunque la desigualdad disminuyó ligeramente en el periodo comprendido entre 2002 y 2008, como en casi toda América Latina, Nicaragua fue el único país en el que la desigualdad aumentó entre 2008 y 2014 (no se dispone de cifras más recientes para Nicaragua). Según un estudio de Oxfam publicado en 2015, en Nicaragua había 210 multimillonarios, cada uno de ellos con unos activos netos de 30 millones de dólares (9). Se calcula que el empresario más rico de Nicaragua, Carlos Pellas, ha acumulado una fortuna de 2.400 millones de dólares, una de las mayores de América Central, pero algunos líderes sandinista también se han enriquecido recientemente, aunque a menor escala.
¿El principio del fin?
El Gobierno nicaragüense se enfrentó a un difícil pronóstico económico para 2018 con la amenaza de que Estados Unidos empezara a limitar su acceso a las instituciones financieras internacionales, además de la necesidad de ajustarse al fin del apoyo financiero de Venezuela. Ante estos retos tanto el FMI como el Banco Central de Nicaragua han reducido las perspectivas de crecimiento para 2018 y 2019. En abril de 2018 Ortega se enfrentó al reto político más grave desde que volvió al poder en 2007.
El Gobierno anunció que para hacer frente al fuerte déficit de la Seguridad Social las pensiones se reducirían un 5 % y se aumentarían las cotizaciones de las pensiones tanto de los trabajadores como de los empleadores. Una manifestación en Managua de pensionistas en contra de la reducción de sus pensiones recibió el apoyo de los estudiantes de las universidades públicas de la ciudad, pero la policía antidisturbios y miembros de la organización sandinista juvenil hicieron frente a los estudiantes que se manifestaban. A lo largo de los tres días siguientes aumentaron los enfrentamientos callejeros, que se extendieron a otras ciudades y provocaron más de 40 personas muertas y muchas otras heridas.
Al cabo de cuatro días Daniel Ortega apareció en la televisión flanqueado por su esposa y los jefes de la policía y el ejército, y condenó lo que calificó de manipulación de unos estudiantes inocentes por parte de oponentes políticos con intenciones ocultas. Pero el hecho de que no condenara las muertes provocó nuevas críticas y en una segunda aparición ese mismo día anunció que se iba a cancelar la reforma de las pensiones y que el Gobierno iba a iniciar un diálogo con la organización empresarial del país sobre cómo reformar el sistema de pensiones. Las organizaciones empresariales, que hasta entonces habían mantenido de unas estrechas relaciones con el Gobierno, afirmaron que no iban a entablar negociaciones hasta que cesara la violencia policial contra los manifestantes y apoyaron los llamamientos a una importante manifestación pacífica al día siguiente. También insistieron en que cualquier negociación debía incluir a todos los sectores de la sociedad nicaragüense.
El lunes 23 de abril decenas de miles de personas acudieron a una gran manifestación pacífica en Managua y también hubo grandes manifestaciones en otras ciudades. Las autoridades no trataron de intervenir y las manifestaciones transcurrieron pacíficamente. No obstante, para entonces las reivindicaciones de los manifestantes ya había ido más allá de la cuestión de la mera reforma de las pensiones y se habían ampliado hasta incluir expresiones de profundo descontento con el régimen de la familia Ortega. Sin embargo, a falta de una oposición política seria no estaba claro cuál podría ser la alternativa.
Notas:
(1) Elecciones municipales 2017. Tres nicaraguas, tres escenarios diferentes, Envío, diciembre de 2017.
(2) Observadores del eclipse institucional, Envío, septiembre de 2017.
(3) Preocupa deterioro de relación con EE.UU., La Prensa, 23 de marzo de 2018.
(4) Véase Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Informe Anual 2016, 2017.
(5) A menos que se indique otra cosa, la fuente de las cifras es Banco Central de Nicaragua, Anuario Estadístico 2017, abril de 2018, disponible en www.bcn.gov.ni.
(6) Para más detalles véase la serie de artículos en confidencial.com.ni de Iván Olivares, ‘La ‘alcancía’ de Albanisa’ (9 April 2016), ‘Una ‘pulpería’ de negocios’ (11 de abril de 2016) y ‘La deuda: de Caruna a Albanisa‘ (13 de abril de 2016) y de Enrique Saenz, ALBANISA, Confidential, 27 de septiembre de 2017.
* En América Central y México las personas ladinas son aquellas que son mestizas y solo hablan castellano (N. de la t,)
(7) Fideg, Encuesta de hogares para medir la pobreza en Nicaragua. Informe de resultados 2015 .
(8) CEPAL, Panorama Social de América Latina , 2017.
(9) Oxfam, Desigualdad Extrema y Secuestro de la Democracia en América Latina y el Caribe, 2015.
Trevor Evans es profesor en el Institute for International Political Economy, Berlin School of Economics and Law.
Fuente: https://socialistproject.ca/2018/05/family-party-state-nexus-in-nicaragua/#more-2303
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.