El grave conflicto agrario desencadenado en el Bajo Aguán no se puede resolver sin un cambio estructural del modelo capitalista neoliberal, que concentra la propiedad de la tierra, explota y reprime al campesinado y no se preocupa por garantizar la seguridad alimentaria de la población. Para analizar esta difícil situación, Sirel dialogó con Gilberto Ríos, […]
El grave conflicto agrario desencadenado en el Bajo Aguán no se puede resolver sin un cambio estructural del modelo capitalista neoliberal, que concentra la propiedad de la tierra, explota y reprime al campesinado y no se preocupa por garantizar la seguridad alimentaria de la población. Para analizar esta difícil situación, Sirel dialogó con Gilberto Ríos, secretario ejecutivo en Honduras de FIAN Internacional.
-¿Qué pudieron observar en el Bajo Aguán?
-Viajamos a la zona con una delegación de casi 90 personas y pudimos constatar la grave situación de pobreza, violencia y violaciones a los derechos humanos que padecen las familias campesinas.
Según las organizaciones campesinas hay once conflictos abiertos que han dejado un saldo de entre 30 y 40 campesinos asesinados. Vimos la militarización de la zona, el miedo de la población y la miseria en que vive la gente. Escuchamos las denuncias de violaciones en contra de las mujeres y los atropellos cometidos por los terratenientes. Es una historia que se repite, década tras década. Es la historia de Honduras.
-¿Qué pidieron las organizaciones campesinas a la misión que llegó a la zona?
-Que se instale un Observatorio de Derechos Humanos Permanente, porque hemos constatado que cuando hay presencia de defensores de derechos humanos disminuye la represión. Estamos analizando la posibilidad de responder a esa demanda, aunque eso implica disponer de recursos importantes en términos económicos y humanos.
Además, vamos a profundizar la comunicación con la Comisión Internacional de Derechos Humanos y con otras instancias internacionales. Necesitamos ir a más con el trabajo de denuncia e incidencia política en los gobiernos y los organismos de financiamiento internacional. Vamos a pedir, por ejemplo, que se suspenda cualquier tipo de apoyo económico al Ejército y la Policía locales. Nuestro trabajo debe ser constante, profundo, con mucha presión. Si no lo logramos, la violación a los derechos humanos puede, incluso, ser peor de la que hay ahora.
-El conflicto agrario y las demandas de las organizaciones campesinas tienen raíces profundas…
-Los campesinos no salen a las calles por el miedo de ser golpeados o asesinados. Es evidente que si el gobierno no implementa políticas públicas apropiadas, si no se resuelve el problema del acceso a la tierra, de la pobreza extrema, del desempleo, las tomas podrían expandirse al resto del país.
En el Bajo Aguán hay una lucha por la supervivencia frente a la voracidad de los terratenientes. Estos sectores se han consolidado después del golpe de Estado y han impulsado en el Congreso un sinnúmero de leyes y medidas nefastas, que se enmarcan en la estrategia plasmada en los documentos «Visión de País 2010-2038» y «Plan de Nación 2010-2022». Privatizan los recursos naturales y los servicios básicos, precarizan el trabajo, anulan las conquistas laborales y sociales, criminalizan la protesta. Estamos presenciando una acumulación acelerada de capital y poder de la oligarquía nacional.
-¿Qué escenarios prevés para el futuro?
-Tenemos una nueva generación que crece con miedo y desconfianza. Para estos niños, niñas y jóvenes, los militares y policías no garantizan su seguridad, más bien los ven como enemigos porque reprimen, torturan, violan y asesinan. Todo eso da al traste con el tan cacareado discurso de la reconciliación que pregona Porfirio Lobo. En el Valle del Aguán no puede haber reconciliación mientras no se resuelvan todas estas contradicciones, toda esta explotación y miseria.
-¿Cómo se enmarca el monocultivo de palma africana en este contexto?
-Alrededor de las plantaciones en manos de los grandes terratenientes se han creado grandes cordones de pobreza. Los campesinos asalariados viven en condiciones de gran explotación, sin derechos laborales ni sindicales, sin prestaciones sociales. Sin embargo, no tienen otra alternativa y deben trabajar en las condiciones que impone el terrateniente.
No hay ningún interés en invertir en la seguridad alimentaria de la población, y lo que se profundiza es el concepto neoliberal de producir para la exportación e importar alimentos del exterior. Una visión diametralmente opuesta a la de FIAN, que apunta a que el país tenga la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de alimentación de la población.
-¿Cuál podría ser la propuesta para comenzar a cambiar?
-El problema es complejo. No es suficiente la redistribución de las tierras, porque en Honduras no existe un modelo de desarrollo que acompañe este proceso de convertir a los campesinos en empresarios por cuenta propia. Necesitamos dar vuelta totalmente al asunto, cambiando las políticas de ajustes estructurales impuestas por el modelo neoliberal. Necesitamos de una nueva estrategia de desarrollo rural que reconozca que el pequeño productor es una fuerza importante para el desarrollo del país.
Fuente: http://www.rel-uita.org/
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