En América Latina, las políticas neoliberales que se han aplicado en las últimas décadas, han tenido en la mayor parte de los países, dos consecuencias particularmente graves. Por un lado, la destrucción del incipiente desarrollo industrial, retrocediéndolos al rol tradicional de exportadores de materias primas (reprimerizacion) y, por otro lado, un impacto socio-ambiental devastador en […]
En América Latina, las políticas neoliberales que se han aplicado en las últimas décadas, han tenido en la mayor parte de los países, dos consecuencias particularmente graves. Por un lado, la destrucción del incipiente desarrollo industrial, retrocediéndolos al rol tradicional de exportadores de materias primas (reprimerizacion) y, por otro lado, un impacto socio-ambiental devastador en las zonas que han sido concedidas a compañías multinacionales para la explotación de recursos naturales (en particular, petróleo, gas, minerales diversos y monocultivos extensivos).
En la situación actual, para salir del modelo neoliberal, hay que definir un nuevo modelo de desarrollo económico-social. Sin embargo, cualquiera sean las características de ese nuevo modelo, y cualquiera sea la orientación del régimen que quiera ponerlo en práctica, como es el caso de los llamados gobiernos progresistas de la región, éste deberá estar fundado inevitable y prioritariamente en la explotación de sus recursos naturales.
Aunque le explotación de los recursos naturales no sea el único aspecto de una nueva política orientada al desarrollo socio-económico, ésta es fundamental pues tiene que ver con la financiación de un proceso de cambio, como puede verse claramente en el caso del petróleo venezolano. Sin embargo, no es de ninguna manera un problema simple, como se verá en las líneas siguientes, comenzando por el hecho que estas actividades inspiran una grande y justificada desconfianza, incluso oposición, y que ha dado en llamarse con una ostensible carga peyorativa «extractivismo».
– Los prerrequisitos
Una política mínimamente progresista no puede dejar de tomar en cuenta la llamada «deuda social», es decir, la situación de grandes sectores de la población golpeados desde siempre por la pobreza y la exclusión. Esto define el objetivo prioritario de esos gobiernos: tratar de paliar en la medida de lo posible, los problemas más urgentes de esos sectores, en materia de salud, de educación, de vivienda, etc. No se trata sólo de un problema ético, sino también político. Esta atención por parte del Estado es, sin duda, la manera más eficaz de involucrar a esas poblaciones en el proceso de cambio y de ampliar así la base social de esos gobiernos, cuyo destino -recuérdese- depende siempre de los resultados electorales.
Ahora conviene preguntarse: ¿cómo se pueden financiar esos programas? En primer lugar mediante la redistribución del ingreso. Dicho de otra manera, tratando de que la riqueza del país sea repartida de mejor manera entre todos, teniendo cuidado de no afectar la ya debilitada estructura productiva del país, regida por las leyes del capitalismo. Luego, como de todas maneras esta riqueza no es mucha (por algo son países sub-desarrollados), hay que encontrar otras fuentes de ingreso, y la única disponible -como ya se dijo- es la exportación. Es por eso que los gobiernos progresistas, se empeñan en desarrollar proyectos de explotación de los recursos naturales.
– El primer problema
Sin embargo, el primer gran problema que presentan estos proyectos es la degradación del medio ambiente, en algunos casos por el uso intensivo del agua dulce, lo que pone en riesgo los cursos de agua y las napas freáticas, en otros por la polución que suelen generar esas actividades, del suelo y del sistema hidrográfico de la zona, lo que se traduce en daños graves -a veces irreparables- a la biodiversidad. Algo similar ocurre con los monocultivos extensivos, que destruyen los ecosistemas, esterilizan la fertilidad de la tierra para la producción de alimentos, y afectan de manera considerable la biodiversidad (plantas y animales).
Por estas razones, porque se ha tomado consciencia del carácter extremadamente nocivo de ciertas explotaciones (sin el menor control del Estado), y porque los habitantes de esas regiones no han obtenido ningún beneficio, las reacciones populares se han multiplicado en los últimos tiempos, llegando a oponerse enérgicamente a proyectos diversos de los gobiernos progresistas.
– El segundo problema
El segundo problema, de similar importancia, es que las áreas ricas en recursos naturales están situadas, generalmente, en lo que ha sido desde siempre el hábitat natural de comunidades originarias. Comunidades que benefician hoy del reconocimiento de los Estados y que tienen la posibilidad de rechazar todo proyecto que venga a alterar sus actuales condiciones de vida. Los gobiernos están obligados, en efecto, por el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), a consultar a las comunidades sobre todo tipo de intervención en sus territorios y, evidentemente, de tomar en cuenta sus reacciones.
– El tercer problema
El tercer problema tiene que ver con la capacidad financiera y tecnológica de los gobiernos para poner en ejecución, de manera autónoma, esos proyectos. Esa capacidad, simplemente, no existe. Esos gobiernos necesitan entonces de la ayuda internacional (que por supuesto no es gratuita, ni desprovista de otras exigencias), o de pasar acuerdos con las voraces compañías multinacionales para implementar esos proyectos.
– Una visión negativa
La explotación de los recursos naturales aparece así como un objetivo necesario (más aún, indispensable) y, al mismo tiempo, como una fuente de importantes contradicciones al interior de cada país. Tanto en Ecuador como en Bolivia, estas contradicciones han llegado a niveles de ruptura entre las organizaciones representativas de poblaciones originarias y los gobiernos.
Por otro lado, las luchas contra grandes proyectos extractivos han alcanzado en los últimos tiempos una gran repercusión, a nivel internacional, y han ganado la solidaridad de vastos sectores sociales de la aldea global. Ocurre que esta lucha se conjuga con la difusión de la problemática del cambio climático, que ha reforzado el peso de las exigencias en materia ecológica en todos los aspectos de la vida, como forma de proteger la ya quebrantada salud del planeta.
– El imperio de la necesidad
A pesar de estas dificultades, la necesidad de concebir otro modelo de desarrollo económico-social, es decir, que beneficie a toda la población y no a unos pocos, que inflija el menor daño posible a la naturaleza, que garantice la soberanía alimentaria, y que reduzca la dependencia tecnológica y financiera al mercado mundial, sigue siendo de acuciante actualidad. Si aceptamos sin reaccionar el rol de simples productores de materias primas, para lo cual tendremos que aceptar igualmente la perpetuación de la pobreza, lo único que podremos conseguir será el desarrollo del subdesarrollo, como ya lo dijo Gunder Frank el siglo pasado.
Para salir del neoliberalismo, para ir creando las bases de otra sociedad, que no tenga nada que ver con el capitalismo, las posibilidades existen. Desde el punto de vista interno, tal vez lo primero que debería hacerse seria de asociar más estrechamente al ejercicio del poder a los sectores populares, y en particular a los pueblos originarios. Participando en la gestión global del país éstos pueblos tendrían una visión de conjunto, y estarían en mejores condiciones para imponer sus limitaciones y reservas a todo contrato con las multinacionales, y para obtener beneficios tangibles de la explotación de los recursos naturales de sus territorios.
Desde el punto de vista externo, aparte de promover la integración latinoamericana, capaz de potenciar la autonomía de la región, hay que aprovechar la perdida creciente de la hegemonía norteamericana, y estrechar los lazos económicos, tecnológicos y financieros con los países emergentes con quienes compartimos, en este periodo histórico, los mismos intereses.
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