El 26 de julio, el expresidente Juan Orlando Hernández regresó a Honduras como «hombre libre». Había sido detenido y extraditado a Estados Unidos cuatro años antes, donde recibió una sentencia a 45 años de cárcel por narcotráfico y posesión ilegal de armas.
Este retorno fue posible gracias a un indulto presidencial (lo cual no implica inocencia, sino todo lo contrario) otorgado por el mandatario estadounidense Donald Trump, cuando faltaban menos de 48 horas para las elecciones en Honduras.
Esta y otras medidas de abierta injerencia se sumaron al burdo fraude electoral que devolvió el bipartidismo tradicional al poder. En tan sólo siete meses, el conservadurismo bicéfalo hondureño ha retomado el control absoluto de las instituciones y ha profundizado el modelo neoliberal extractivista.
Este retroceso pone nuevamente en venta la soberanía y el territorio nacional, concentra la riqueza en pocas manos y dispara la desigualdad social, precarizando aún más la mano de obra y el mercado laboral y elevando los niveles de confrontación y represión.
La atención está puesta, fundamentalmente, en revivir las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que, de forma inconstitucional, ceden el control estatal sobre el territorio a corporaciones privadas e inversionistas extranjeros.
Un giro de 180 grados que, además, consolida a Honduras como un enclave geoestratégico y geopolítico para el gobierno estadounidense y el lobby israelí.
Prueba de ello es la ratificación de acuerdos de cooperación bilateral con Israel; particularmente, la reciente firma de un memorando de entendimiento en materia de defensa y seguridad, enfocado en el intercambio de inteligencia militar, adiestramiento táctico y el fortalecimiento institucional de las fuerzas del orden.
La recolonización de América Latina
Los audios publicados en abril por los portales Diario Red y Hondurasgate testimonian el rol protagónico de Juan Orlando Hernández y Honduras en el proyecto de recolonización y remilitarización de América Latina y el Caribe. Una reciente filtración de nuevo material sonoro ratifica con fuerza un escenario cada vez más preocupante.
Entre los principales protagonistas de estas nuevas grabaciones destacan el propio Hernández, el actual presidente Nasry Asfura y la vicepresidenta María Antonieta Mejía, así como la cuestionada exconsejera electoral Cossette López, quien tras el polémico proceso electoral y las denuncias de fraude fue «premiada» con el puesto de embajadora ante la OEA (mientras su colega, Ana Paola Hall, fue nombrada embajadora en España).
La narrativa oficialista
Estas revelaciones destapan el control de la maquinaria mediática con la que el oficialismo y Hernández pretenden dominar la narrativa en Honduras. Las maniobras van desde el financiamiento de espacios televisivos completos y la sincronización de las portadas en los principales periódicos, hasta el control de canales claves y la contratación de casi 150 periodistas en calidad de asesores.
El nuevo escándalo salpica directamente tanto a los conductores de los programas con mayor audiencia en el país, como a los propietarios de los medios impresos de mayor difusión y al mismo Colegio de Periodistas de Honduras.
Por otra parte, los audios dejan al descubierto un plan para diseñar un marco legal que permita vigilar las redes sociales y eliminar el anonimato de los usuarios, todo ello mediante un software provisto por operadores israelíes.
El objetivo de esta agresiva campaña mediática es invariable: rehabilitar la desgastada imagen del expresidente indultado y afianzar la alianza estratégica con Estados Unidos e Israel, mientras se asfixia la lucha social territorial y cualquier intento de revitalizar una alternativa político-electoral progresista.
En la actualidad, Hernández enfrenta la audiencia inicial por delitos de corrupción y lavado de activos en el caso Pandora II. Los jueces le concedieron medidas sustitutivas para defenderse en libertad y sus abogados presionan activamente por la nulidad del proceso y un sobreseimiento definitivo.
La audiencia inicial arrancó este 24 de agosto y se estima que concluya el próximo 1 de septiembre. Posteriormente, el juez a cargo del Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada deberá determinar si existen elementos suficientes para elevar el caso a juicio oral y público o si dicta un sobreseimiento a favor del expresidente.
A pesar de los 49 medios de prueba presentados en conjunto por los entes acusadores, amplios sectores de la población temen que el proceso se convierta en un «juicio farsa», diseñado únicamente para legitimar a Hernández de cara a sus futuras aspiraciones político-electorales.
Fuente: LINyM
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