Gran Max y el desarrollo local

Recién nos enteramos del fallecimiento del destacado economista Max Velásquez Matute, acaecido en Tegucigalpa, capital de Honduras.  Además de ser una autoridad en temas relacionados con el desarrollo urbano y local, cabe destacar sus aportes al conocimiento de la planificación del desarrollo, tanto desde las instituciones de gobierno, ONG y Organismos Internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) [1] , del que fue consultor e investigador.

Recordamos su participación en el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009) como Viceministro de Gobernación y Justicia, al promover junto a Víctor Meza, la Agenda y la Política Nacional de Descentralización como pilar fundamental del Plan de Nación. Contrario a lo que se pensaba, el Gobierno del poder ciudadano apoyaba la descentralización del Estado como una estrategia para fortalecer, técnica y financieramente, a los gobiernos locales, y el logro de la autonomía municipal mediante el ejercicio de las competencias institucionales de la Ley de Municipalidades y su Reglamento.  Esta política no pudo ser aprobada por el “madrugón” a Zelaya Rosales, pero el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2013)  retomó gran parte de sus enfoques y medidas de política al aprobar la Política de Descentralización en agosto de 2012, que amerita ser evaluada por actores y gobiernos locales.

Promovió, además, la vigencia de la Política Sectorial  de Agua y Saneamiento como soporte al proceso de transferencia de recursos y poder a los gobiernos locales en la materia, y la gestión de los servicios tradicionalmente asignados a instituciones del Gobierno central. Se buscaba, tal como lo definió Max en los términos de referencia,  de elaborar un instrumento para que sea  utilizado “como herramienta de síntesis de los acuerdos nacionales que se han generado sobre el tema en los últimos años (plasmados e implícitos en la Ley Marco, su Reglamento, el Plan Estratégico de Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento, PEMAPS y otros), a la vez que se emplea como herramienta de discusión y búsqueda de consenso para su aprobación dentro del Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA)”[2].

Para Max Velásquez, el concepto de descentralización del Estado tenía varias acepciones de acuerdo a los intereses involucrados y el grado de organización y participación de los gobiernos locales y ciudadanía en la gestión pública y ejercicio de las competencias municipales. La primera es como eje transversal de la política sectorial de gobierno en el marco de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza (ERP) 2000-2015 y su continuidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030. Es decir, Max Velásquez concebía la descentralización como eje transversal de las acciones que ejecutan las instituciones públicas, pero tomando como referencia las propuestas internacionales del desarrollo humano.

La segunda como estrategia de la reforma y modernización del Estado, pero no ligada obligatoriamente a un enfoque de corte neoliberal, sino como un proceso de mejora sustancial de la institucionalidad publica, incluyendo a los gobiernos locales. Es decir que, en la búsqueda de objetivos de eficiencia y eficacia, la modernización de las estructuras de gobierno es parte de la política de desarrollo del país.

En tercer lugar, como proceso continuo de transferencia de competencias, recursos y poder del Gobierno central a gobiernos locales legalmente constituidos y nombrados como tales por el voto directo del pueblo, sin imposiciones. Hemos confundido este proceso al ligar y aceptar como válidas modalidades “espurias” de la descentralización, caso de la desconcentración y delegación, sin trasladar todos los recursos que se requieren, pero, ante todo, poder de decisión a los gobiernos [3].

Contrario a otros países como Bolivia, Colombia e incluso Chile, llevamos más de 34 años desconociendo competencias, recursos y poder a nivel local, con lo cual hemos vuelto dependientes y subordinados  a dichos gobiernos y ciudadanos del Gobierno central. La única excepción  corresponde al traslado de la administración y equipos de los servicios  de agua potable y saneamiento, pero que, al no acompañarse del poder de decisión total, todavía seguimos consultado en gran parte de  municipios del país al Gobierno central.

En cuarto lugar, como programa de gobierno de mediano plazo, tal como lo promueve el Gobierno de Nasry Asfura, pero que debería integrarse a un sistema de planificación de desarrollo municipal. En el Gobierno de Ricardo Maduro (2002-2005) se aprobó el Programa Nacional de Desarrollo Local (PRODDEL), que enfrentó la falta de una política de descentralización y funcionabilidad del sistema de planificación a nivel nacional y regional [4].

En el Gobierno actual, el programa es espontáneo visto como un mecanismo de apoyo del Gobierno central a los gobiernos locales sin objetivos claros de desarrollo de mediano y largo plazo y rol de actores. Lo que prende las alarmas entre dirigentes de partidos de oposición, organizaciones de sociedad civil y actores locales, al considerarse el programa de descentralización como un instrumento de control político.

Hay denuncias de dirigentes del partido Libertad y Refundación (LIBRE) e incluso Liberal, que la asignación de maquinaria y equipo a las municipalidades por el Gobierno central, no es más que un mecanismo de control de dichas alcaldías, aunque el presidente Asfura ha manifestado que en la entrega no se miran colores políticos ni beneficios particulares, por lo que el Gobierno central seguirá muy de cerca el uso de dicho equipo para beneficio de las comunidades.

Aunque la preocupación de Max Velásquez fue evidente por la vigencia de planes de desarrollo territorial y/o urbano de mediano y largo plazo en los centros más poblados, donde el uso de suelo, equipamiento social básico y promoción de las actividades productivas y comerciales con participación activa de las mipymes y grupos informales se consideran prioritarias, destaca también su interés por el desarrollo municipal con la operativizacion de un Sistema de Planificación e Información para la toma de decisiones robusto.

Este sistema debería integrar varios instrumentos:

a) Políticas públicas municipales, asociativas, comunitarias, regionales y multisectoriales;

b) Estrategias y planes de desarrollo locales, regionales, departamentales y municipales;

c) Programa de inversiones municipales;

d) Plan operativo anual (POA) presupuesto;

e)  Agendas de desarrollo económico local (ADEL).

A excepción de las políticas públicas, los demás instrumentos han tenido y siguen teniendo vigencia, siendo necesaria la aprobación de convenios de colaboración entre la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)  y las universidades para diseñar y validar metodologías participativas que permitan la construcción de los instrumentos, acompañado de un sistema de seguimiento y evaluación con indicadores aceptados por los actores involucrados. El desarrollo de los municipios demanda la construcción de un sistema de planificación, ya que la experiencia ha demostrada que la dependencia de instrumentos construidos por instituciones del Gobierno central sin el involucramiento de los gobiernos locales, actores y comunidades no ha sido ni será el camino correcto.

El Gran Max, como le llamábamos, además del interés puesto en los recursos naturales, infraestructura básica, tecnología, capacitación de la mano de obra, organización del catastro urbano, finanzas municipales y cadenas productivas y valor, miraba al territorio cómo un actor social más. Un espacio geográfico delimitado que posibilita que actores diversos (cultura, organización, intereses, motivaciones, aspiraciones y metas), interactúan y realizan actividades para solucionar problemas comunes en beneficio de ellos y colectividad, donde dichos actores le atribuyen valores más allá de los que el propio territorio manifiesta.

Es importante que la Academia y las agencias de cooperación rescaten el legado del Gran Max en temas relacionados con el ordenamiento territorial, desarrollo municipal y local,  para beneficio de los territorios, municipios, gobiernos locales, ciudadanos y colectividad en general.  De entrada podría organizarse un foro sobre los resultados del  proceso de descentralización y privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, hoy que sentimos que retrocedemos en vez de avanzar, dada la carencia del recurso, sequias, cambio climático y la falta de acceso de la población.

Descansa en paz amigo,  gracias por compartir tus conocimientos, experiencias y calidad humana.

NOTAS:

[2] Ver Max Velásquez Matute “Términos de referencia para elaboración de Propuesta Sectorial de Agua y Saneamiento”. Tegucigalpa, Honduras julio de 2007.

[3] Ver para ampliación a Javier Suazo “Descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales”. Seminario-taller (El estado del arte). UNAH-Departamento de Sociología-Desarrollo Local, Tegucigalpa, 16 de mayo de 2026.

[4] Con el PRODDEL se buscaba, entre otras cosas, “fortalecer la institucionalidad publica a favor de la descentralización desde el Gobierno central, caso del Ministerio de Gobernación y Justicia, Comisión Ejecutiva de Descentralización (CEDE) y la Unidad Técnica de Descentralización (UTD), como instancias responsables de diseñar y aprobar las políticas, planes y programas a favor de la descentralización, seguimiento y evaluación de las acciones y la transparencia en la asignación de los recursos públicos por medio de las transferencias municipales; también operativizar un pacto para la descentralización y el desarrollo local (2005) avalado por los partidos políticos, avanzar en forma planificada en el fortalecimiento de los gobiernos locales, principalmente de aquellos de menor desarrollo (C y D), la ejecución de proyectos de desarrollo económico local, participación ciudadana y ordenamiento territorial”. Ver Javier Suazo “Descentralización: Urge nueva agenda. Alainet.org, 17-04-2017

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.