En diciembre de 2013 se celebró en el Parque Bicentenario de Quito el Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes, en la que participaron jóvenes de 90 países y terminó con un llamado a la lucha antiimperialista. Al hilo de este cercano precedente, el sindicato Acontracorrent ha dedicado la última sesión de las jornadas […]
En diciembre de 2013 se celebró en el Parque Bicentenario de Quito el Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes, en la que participaron jóvenes de 90 países y terminó con un llamado a la lucha antiimperialista. Al hilo de este cercano precedente, el sindicato Acontracorrent ha dedicado la última sesión de las jornadas internacionalistas a América Latina. Las jornadas de Acontracorrent se consideran un espacio para compartir experiencias, una puesta en común que contribuya a «un futuro sin explotación, racismo, homofobia, colonialismo e imperialismo». Los organizadores han tomado como ejemplo los casos de Ecuador y Colombia, para delinear las problemáticas y transformaciones que se están produciendo en la región.
La Revolución Ciudadana. La transformación democrática del Estado en el Ecuador se despliega en un largo proceso, que comienza con la Consulta popular para la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La Consulta promovida por el presidente Rafael Correa contó con un apoyo popular (favorable a la propuesta) del 81,72%. En septiembre de 2007 se da el siguiente paso: se celebraron elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, en las que Alianza País obtuvo la victoria y el 70% de los escaños. Por fin, en el referéndum constitucional de 2008, se aprueba el nuevo texto con el 64% de los sufragios favorables.
«La Vida antes que la Deuda» fue una de las premisas de Correa, apunta Margarita Guerrero Calderón, de Juventud Revolución. El crecimiento exponencial de la deuda suponía un fuerte agobio para la contabilidad nacional. En tres décadas (1976-2006), el monto total de la deuda (interna y externa) se multiplicó por 12. La respuesta del ejecutivo ecuatoriano se fundamentó en una Auditoría, también fruto de un largo proceso. Y en la renegociación de los pagos. En abril de 2006 se crea la Comisión de Investigación de la Deuda Externa (CEIDEX). Tras esta fase de acopio de información, se constituye la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) en julio de 2007, en la que además de contar con el apoyo estatal, participan organizaciones sociales -ecuatorianas y del exterior-, ambientales y especialistas de la universidad, entre otras.
En un año (y dos meses de prórroga) se entregaron los resultados de la Auditoría (noviembre de 2008). Margarita Guerrero Calderón recuerda las acciones que se llevaron a término: suspensión de los pagos ante las evidencias de «ilegitimidad»; convocatoria a subasta invertida de bonos; y, tras la respuesta positiva de los tenedores, recompra de casi la totalidad de los títulos. Lo realmente importante fue que el proceso de renegociación de la deuda permitió aumentar la inversión social, destaca la miembro de Juventud Revolución.
La Revolución ciudadana aspiró (en la medida de lo posible) a una recuperación de la soberanía. Por ejemplo, destaca Margarita Guerrero Calderón, mediante la renegociación de los contratos petroleros; la implicación del gobierno ecuatoriano en el litigio con Chevron-Texaco y la recuperación de la base militar estadounidense de Manta. Los ejecutivos de Correa también contribuyeron a la construcción de un nuevo orden mundial multipolar, al fortalecer UNASUR, la CELAC y el ALBA.
En el capítulo de las conquistas socioeconómicas, cabe resaltar la Misión Solidaria Manuela Espejo, que atendió a cerca de 300.000 personas con discapacidad física, auditiva, mental y visual. Entre 2006 y 2012, la pobreza por ingresos (en porcentajes de población) se redujo en 12 puntos. En junio de 2012 la pobreza extrema en Ecuador descendió a un dígito (9,4%), cuando seis años antes rozaba el 17%. La estudiante, miembro de Juventud Revolución, continúa enumerando los logros de la Revolución Ciudadana: 450.000 niños y niñas dejaron de trabajar en el periodo 2006-2011; Ecuador ascendió, además, seis posiciones en los índices de desarrollo humano. Las inversiones educativas también aumentaron: de 90 millones de dólares en 2006 a 763 millones de dólares en 2011. Los indígenas y los afroecuatorianos incrementaron su asistencia al bachillerato (en un 22% y un 14%, respectivamente).
Margarita Guerrero Calderón resalta, asimismo, las cuatro leyes para la creación de otras cuatro universidades que apuntan a cambios en el modelo productivo: Universidad de las Artes (industrias culturales); Universidad Nacional de Educación (docentes para el desarrollo infantil, educación inicial, media y bachillerato); Ciudad del Conocimiento Yachai (investigación aplicada al desarrollo de las fuerzas productivas) y la Universidad Regional Amazónica IKIAM (uso racional y soberano de los recursos naturales). El número de investigadores dedicado a la innovación y el desarrollo (en institutos públicos) pasó de 205 en el año 2006 a 735 en 2011. En resumen, y con todos sus errores, «hemos pasado de un estado al servicio de las elites a un estado democrático para el Buen Vivir», remata la miembro de Juventud Revolución.
El caso colombiano pone de manifiesto las fallas de la contabilidad macroeconómica (al uso) para dar cuenta de la realidad social. Mientras que el crecimiento económico del país se situó en 2013 en el 4,3% y las expectativas para 2014 son del 5%, los índices de pobreza oficiales apuntan un porcentaje del 51,8%. Así comienza su exposición Jeison Osvaldo Martines, de Latinos en Movimiento. Cualquier análisis somero en torno a Colombia ha de considerar su posición geopolítica en el tablero latinoamericano. De entrada, es un país clave para la intervención de Estados Unidos en el continente y la desestabilización de gobiernos progresistas, como Venezuela, Bolivia y Ecuador. A ello se agrega la injerencia norteamericana a través de los miles de millones de euros del Plan Colombia para gasto militar. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea (injerencia de las empresas transnacionales). La Alianza del Pacífico -de la que Colombia forma parte junto a México, Perú y Chile- irrumpe en el escenario como bloque opuesto al ALBA y la UNASUR. Y a ello se agrega, en el ámbito interno, «un continuo estado policial», señala Jeison Osvaldo Martines.
El profesor Carlos Medina Gallego afirmaba en 2010 («Violencia, Tierra y Paz») que el problema de la tierra «está ligado al problema de la violencia; por lo tanto, el problema de la paz pasa necesariamente por dar solución al problema de tenencia de las tierras». El miembro de Latinos en Movimiento, Jeison Osvaldo Martines, se detiene en la estructura de la propiedad de la tierra. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano (2011), una pequeña porción de propietarios (1,15%) son los dueños del 52% del área cultivable. Es decir, «el problema de la tierra como causa de la confrontación entre clases en Colombia». Las desigualdades dieron lugar a un conflicto social y armado de más de 50 años. El ponente enuncia algunas de las consecuencias del conflicto: el exterminio de grupos políticos de la oposición (genocidio de la Unión Patriótica; M 19 y líderes campesinos e indígenas); la actividad de grupos paramilitares; o el espionaje ilegal a opositores y defensores de derechos humanos, dentro y fuera del país.
Pero no sólo eso. Colombia es el país del mundo con más desplazados internos (más de cinco millones, según ACNUR). En 2013, se denunciaron 28 asesinatos y 437 amenazas a sindicalistas (cerca de 3.000 sindicalistas asesinados en Colombia en los últimos 20 años). Se agrega a estas cifras otra bien indicativa: de los más de 110.000 presos, 9.000 permanecen en la cárcel por motivos políticos, según Corporación Solidaridad Jurídica. Para rematar, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó que más de 3.000 personas pudieron ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al ejército. La gran mayoría de los casos se dieron entre 2004 y 2008.
¿Cuál es la situación de la juventud y de los estudiantes? En Colombia, desde hace décadas, «el estado desarrolla comportamientos propios de una dictadura cívico-militar», sentencia Jeison Osvaldo Martines, quien analiza el periodo 1991-2011. «Los jóvenes son víctimas de persecuciones y ejecuciones por parte del estado colombiano», añade. «Los estudiantes sostienen reclamos sobre la autonomía universitaria, la financiación, la calidad académica, las libertades democráticas y los derechos humanos, puntos que conformaron el Programa Mínimo». Apunta el miembro de Latinos en Movimiento que, desde 2011, el Movimiento Estudiantil articulado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil logró, tras numerosas acciones reivindicativas en la calle, la consideración nuevamente de interlocutor del gobierno colombiano. «De la reforma estudiantil se ha trascendido a la preocupación por una sociedad más incluyente, democrática y soberana». A pesar de la criminalización del movimiento.
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