El 1 por ciento del total de explotaciones agropecuarias concentra más de la mitad de la tierra productiva de la región. Miles de comunidades de la Amazonía peruana no cuentan con seguridad jurídica sobre sobre sus territorios, lo cual acentúa la pobreza y desigualdad El último informe de la organización internacional Oxfam explica por qué […]
El 1 por ciento del total de explotaciones agropecuarias concentra más de la mitad de la tierra productiva de la región. Miles de comunidades de la Amazonía peruana no cuentan con seguridad jurídica sobre sobre sus territorios, lo cual acentúa la pobreza y desigualdad
El último informe de la organización internacional Oxfam explica por qué América Latina es la región más desigual del mundo en la distribución de la tierra y aporta datos contundentes sobre este problema.
Más de la mitad de la tierra productiva de la región está concentrada en el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias.
El reporte Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina también demuestra que las pequeñas unidades agropecuarias, a pesar de representar el 80 por ciento de todas las explotaciones en la región, ocupan menos del 13 por ciento de la tierra productiva.
Millones de hogares campesinos, con pequeñas parcelas, conviven con mega-plantaciones. Las mujeres agricultoras son las más afectadas por esta desigualdad, pues las parcelas que trabajan son más pequeñas y de menor calidad que las de los varones.
En Perú, el proceso de concentración de tierras y la precaria seguridad jurídica de muchas comunidades sobre sus territorios, amenaza los medios de vida de miles de personas y acentúa la pobreza y la desigualdad.
En los últimos años se observa una marcada tendencia hacia la concentración de tierras en la costa peruana a favor de cultivos de exportación.
Tal tendencia también se empieza a manifestar en la selva peruana, con grandes extensiones de tierra empleadas para cultivos de palma aceitera.
«Si se quiere combatir la desigualdad en la región se deben enfrentar las diferencias abismales en la distribución y seguridad jurídica sobre la tierra, pues potencian la conflictividad social y ambiental», manifestó Vladimir Pinto, responsable del programa de Derechos Territoriales de Oxfam en Perú.
Como ejemplo, Pinto menciona la situación de las comunidades nativas y campesinas peruanas que no cuentan con políticas claras ni respaldo institucional para titular y proteger sus territorios colectivos, mientras enfrentan el despojo o pérdida de control sobre los mismos.
Tal es el caso de Saweto en 2014, o la actual postergación de la titulación de 14 comunidades indígenas en Nuevo Andoas, en Loreto (Lote 192), porque previamente el Estado favoreció un proyecto de hidrocarburos.
Extractivismo: raíz de la desigualdad
El informe de Oxfam sitúa el extractivismo en la raíz de la alta desigualdad del reparto de la tierra en la región.
Ese modelo productivo concentrado en las concesiones mineras y petroleras, la ganadería extensiva, y los monocultivos como la soja y la palma aceitera se viene apoderando del territorio latinoamericano.
El extractivismo no solo amplía su control sobre grandes extensiones territoriales sino que aumenta su influencia en las políticas públicas de todos los países.
La competencia por el control de los recursos naturales ha disparado los conflictos territoriales entre las grandes empresas y las comunidades, y ha incrementado los índices de violencia contra defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos.
Los pueblos indígenas son los más amenazados, pues sus territorios no están bien demarcados ni protegidos legalmente, y diferentes gobiernos los entregan para el desarrollo de actividades extractivas, en la mayoría de casos sin su consentimiento.
Oxfam hace un llamado a todos los actores en la región, especialmente a los gobiernos, a trabajar para que los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no queden solo en el papel.
Para ello es necesario promover una distribución más justa de la tierra, impulsar un crecimiento económico equilibrado y diversificado, y limitar la capacidad que tiene la gran industria y las élites económicas para influir en el diseño e implementación de políticas públicas.
Los gobiernos deben garantizar los derechos de las personas y comunidades, incluyendo el derecho a la consulta previa, para que toda comunidad afectada por inversiones y actividades de extracción y explotación de recursos naturales en sus territorios, pueda dar o negar su consentimiento libre, previo, e informado.
Para acceder al informe completo haz clic en el siguiente enlace:
– «Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina» (versión PDF, español, 100 páginas).