El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer ha participado en una audiencia en el Parlamento Europeo sobre el Mecanismo Interamericano de Derechos Humanos en la que ha hecho hincapié en la «necesidad de que a través de la tutela judicial se proteja a las víctimas de violaciones de derechos humanos y se luche contra la […]
El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer ha participado en una audiencia en el Parlamento Europeo sobre el Mecanismo Interamericano de Derechos Humanos en la que ha hecho hincapié en la «necesidad de que a través de la tutela judicial se proteja a las víctimas de violaciones de derechos humanos y se luche contra la impunidad».
Los conferenciantes, provenientes de diversos países de América Latina, informaron al Parlamento Europeo sobre los mecanismos regionales de protección de los DDHH, en particular sobre la actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Meyer, vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, consideró como fundamental «insistir en la tutela judicial de las víctimas de derechos humanos y en la lucha contra la impunidad a través del diálogo político, de la cooperación y del marco parlamentario común tanto en América Latina como en la Unión Europea» relata una nota del Mercurio Digital con fecha 26 de enero de 2012
«Lamentablemente, en el caso de España tendremos que presenciar cómo el juez Garzón va a sentarse en el banquillo por intentar investigar los crímenes de la dictadura, que en Argentina o en Chile no prescriben, pero que en un Estado miembro de la Unión Europea sí, lo que demuestra que lo que nos queda por trabajar en este sentido y que deja claro que América Latina tiene mucho que enseñarnos en la lucha contra la impunidad», señaló Meyer.
Ante las nuevas dinámicas de integración regional en América Latina, el responsable de política internacional de Izquierda Unida se interesó por la posibilidad de una modificación en la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, ambas estructuras dependientes de la Organización de Estados Americanos, tras la reciente creación de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Cabe recordar que Estados Unidos y Canadá forman parte de la OEA y que no han ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Instrumentalización de los derechos humanos: Caso López Mendoza contra Venezuela
El también vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo ha criticado la elección del Caso de López Mendoza contra Venezuela para ilustrar el ejemplo de una sentencia de la CIDH, cuestión presentada por el abogado defensor de Leopoldo López. En 2002 Leopoldo López, entonces alcalde del Municipio Chacao, apoyó el golpe de Estado contra el gobierno democrático de Hugo Chávez. Además ha sido inhabilitado administrativamente en Venezuela en dos ocasiones por casos de corrupción y de manejo irregular de fondos públicos. A pesar de la supuesta violación de los derechos políticos de Leopoldo López, que esgrimía la existencia de una campaña del gobierno venezolano contra él para impedirle su presentación a las elecciones presidenciales, López era hasta el día de ayer uno de los candidatos a las primarias de la Mesa de Unidad Democrática (que pretende agrupar a la oposición al Partido Socialista Unido de Venezuela). Y si ha renunciado, no ha sido por impedimento de presentar su candidatura, sino para apoyar la candidatura de Henrique Capriles. A ambos les une la fundación del partido Primero Justicia (que luego abandonaría López) y su condición alcaldes golpistas en el 2002, «organizadores de grupos fascistas que detuvieron a ministros y a diputados electos durante el golpe de Estado», como recordara Antonio García, Embajador de Venezuela ante la UE.
Meyer se cuestionó sobre los criterios de elección de este caso: «¿es ésta realmente una muestra de violación de derechos humanos en América Latina? Personalmente, hubiera elegido otra muestra, teniendo en cuenta las desapariciones, las torturas, los asesinatos, los desplazamientos que se producen en el continente, en vez del caso de un golpista condenado por apropiación indebida de 60 millones de bolívares y por irregularidades en la gestión del presupuesto municipal, hechos que en cualquier lugar atentan contra el buen gobierno. Como el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha dejado claro, López tiene garantizados todos los derechos políticos y puede concurrir como candidato a las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, aunque ahora parece que no quiere».
Más allá de este hecho, que el europarlamentario de IU tachó de «pequeña anécdota», Meyer volvió a subrayar «la importancia de que las instituciones europeas y latinoamericanas promuevan la cooperación y el debate político en materia judicial» y propuso la organización de un encuentro entre legisladores de ambas regiones «para analizar las medidas de tutela judicial de los derechos humanos y de la promoción de la lucha contra la impunidad» (http://www.elmercuriodigital.net/2012/01/willy-meyer-el-caso-garzon-evidencia.html).
Parlamento Europeo presiona a Guatemala en la lucha en contra de la impunidad
El dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, de 85 años, quedó ligado al proceso penal por una acusación de genocidio perpetrado durante su gobierno (1982-1983), según una resolución de la titular del Juzgado Primero de Alto Riesgo, Patricia Flores.
El general retirado Efraín Ríos Montt se acogió el pasado jueves 26 de enero de 2012 al derecho de no declarar ante la justicia al comparecer por primera vez en el proceso por el exterminio de comunidades indígenas guatemaltecas cometido por el ejército durante la dictadura que encabezó a inicios de los años 80.
A Ríos Montt se le acusa de al menos 266 hechos donde habrían muerto al menos 1.771 personas, se habrían cometido 1.400 violaciones y se habría desplazado a por lo menos 29.000 personas, según el fiscal Manuel Vásquez. En su exposición del caso, Vásquez presentó entre las evidencias recabadas informes antropológicos y de comisiones internacionales. Vásquez acusó a Ríos Montt de autorizar masacres que tuvieron como fin explícito el exterminar al grupo étnico ixil. «En 1982, Ríos Montt dio continuación a la política de ‘tierra arrasada’ para consolidar control sobre la población donde el grupo ixil maya fue denominado como enemigo interno», expuso Vásquez durante la audiencia. Citó los planes militares de campaña «Victoria 82» y «Firmeza 83» explicando que además del exterminio de civiles, parte de la estrategia de los militares constituyó de violaciones y agresión sexual a mujeres del grupo étnico Ixil, destrucción de fetos y posteriormente exterminaciones de las mismas.
El Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS ha contactado directamente el Diputado del Parlamento Europeo Klute Jürgen (GUE/NGL – www.guengl.org): «tarde o temprano, se conocerá la verdad sobre la violencia estatal a la cual fue sometida el pueblo de Guatemala. La inculpación del ex-dictador Ríos Montt en este día, abre una brecha de esperanza para las familias de las víctimas, que trabajan desde hace muchos años por la verdad, la justicia y la reparación. Desde el Parlamento Europeo, seguiremos muy atentamente la evolución de su juicio y el de los otros militares implicados en estos crímenes de lesa humanidad», concluye Klute desde Bruselas (www.dielinke-europa.eu).
Raul Romeva, Vice-Presidente de los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo (www.greens-efa.org), Miembro de la delegación del PE con los países de América Central, manifestó en entrevista concedida al Observatorio SELVAS que «la dictadura militar del General Efraín Ríos Montt constituye uno de los capítulos más sombríos de la historia de Guatemala. Desde hace casi 30 años esperamos que acabe la impunidad y que se dé finalmente justicia a los miles de víctimas en esta sangrienta época.
Hoy el General Ríos Montt se niega a declarar en el proceso que se ha abierto en contra de él. Sin embargo , desde la Unión Europea confiamos en que la Fiscalía de Guatemala sigue estableciendo las responsabilidades para un sinnúmero de operaciones de «tierra arrasada» y enjuiciando a su autor intelectual y muchas veces también material. Al mismo tiempo exhortamos a lo nuevo Gobierno de Guatemala hacer todo lo posible y necesario para alentar e impulsar el trabajo de la Justicia del país» (http://blocs.mesvilaweb.cat/raulromeva).
Jens Holm, Diputado de Suecia (ya Europarlamentario del bloque GUE-NGL www.jensholm.se), ha subrayado al Observatorio SELVAS: «Hay que terminar con la impunidad lo más pronto posible, si no, no será posible construir una sociedad estable y democrática en Guatemala».
Nery Rodenas, Director Ejecutivo Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ODHAG, ha comentado al Observatorio SELVAS desde Ciudad de Guatemala que «¡¡Si hubo genocidio!!, es el lema que manifiestan las victimas y organizaciones de derechos humanos, frente a la negación de los victimarios de las violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la guerra interna en Guatemala y es que es obvio que estos quieren negar sus crímenes, pero los testimonios, los peritajes de las exhumaciones realizadas en los cementerios clandestinos y en los documentos relacionados con los planes del Estado para cometer estos hechos existen y que confirman la realización de estos delitos. La reciente vinculación a proceso del General Efraín Ríos Montt es un paso importante en lo que justicia por los delitos cometidos en el Conflicto Armado Interno, las victimas tienen muchos años reclamando que se les haga justicia y el sistema en Guatemala siempre les negó ese derecho, esperamos que ahora este sistema se los proteja y los organismos del Estado puedan funcionar en una forma objetiva e independiente para que en un juicio oral y público se pueda demostrar las responsabilidades que se alegan», destaca una nota del Observatorio SELVAS que ha tenido una importante difusión a nivel mundial (http://publicogt.com/2012/02/06/parlamento-europeo-presiona-a-guatemala/) (http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/dynamic?language=en&page=4&edition=alertedition&option=EUForeignAffairsRepresentative).
Inauguraron en Brasil memorial de las víctimas del Plan Cóndor
El sábado 28 de enero en el ex Palacio del Correo de Porto Alegre, se inauguró en el marco del Forum Social Temático, el Memorial sobre las violaciones de derechos humanos a las víctimas de la Operación Cóndor y otros episodios de coordinación represiva ilegal en el continente Sudamericano.
El acto de inauguración fue presidido por la ministra de Derechos Humanos de Brasil, María do Rosario Nunes, acompañada por el secretario de Derechos Humanos de la Argentina, Eduardo Luis Duhalde, y rodeados de prestigiosos intelectuales como Leonardo Boff y Boaventura do Santos.
Duhalde agradeció el reconocimiento a la política de derechos humanos de Argentina, «impulsada y conducida por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner» y manifestó, al respecto, que la «experiencia de nuestro país prueba que el fuerte proceso de Memoria, Verdad y Justicia en marcha, no solo no pone en riesgo la democracia sino que la fortalece ética y políticamente».
El secretario de Derechos Humanos señaló que la coordinación ilegal no empezó con los acuerdos del Plan Cóndor, sino que comienza en la década del ´60 por acuerdos puntuales de las dictaduras de distintos países y también por las fuerzas represivas de democracias débiles, adquiriendo el carácter de plan sistemático en la década del `70.
Se congratuló que la política de la memoria hoy es patrimonio común de los países de la región al amparo de los procesos de profundización democrática que vive la región, de unidad y solidaridad latinoamericana, «es decir, los mismos sentimientos que cobijaban aquellas víctimas, militantes políticos y sociales, intelectuales, estudiantes y trabajadores, unidos en el sueño común de una Patria Grande».
Por último, Duhalde señaló que «los procesos de Memoria, Verdad y Justicia no significan quedarnos en el pasado, sino recuperar sus enseñanzas en función del presente y la proyección de un futuro venturoso de democracias consolidadas».
La ministra Nunes recordó que los actos ilegales coordinados entre diferentes regímenes dictatoriales del Cono Sur a lo largo de décadas, que dejaron un legado de centenares de víctimas, no son conocidos en su totalidad por los pueblos de la región. Señaló, asimismo, que Porto Alegre, debido a su localización geográfica, fue teatro de diversas acciones represivas ilegales, que hacía que fuera justo el emplazamiento allí del Memorial.
Asimismo, la ministra hizo hincapié en que ese Memorial se inscribe en los acuerdos celebrados en la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del Mercosur. Finalmente, la ministra Nunes hizo un fuerte reconocimiento al liderazgo de Argentina en esta materia, calificando de ejemplar su política de Memoria, Verdad y Justicia.
También, hicieron uso de la palabra el secretario de Cultura de Río Grande do Sul, Luis Antonio de Assis, el secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria de Argentina, Carlos Lafforgue y la conocida militante uruguaya, Lilian Celiberti, quien fuera secuestrada en Porto Alegre por fuerzas conjuntas brasileñas y uruguayas y trasladada junto a su esposo e hijos a Montevideo, salvando su vida por la movilización en la ciudad gaúcha.
En dicha ceremonia, se inauguró una exposición gráfica con textos explicativos sobre el golpe dictatorial en Brasil del año 1964 (http://www.prensa.argentina.ar/2012/01/30/27746-inauguraron-en-brasil-memorial-de-las-victimas-del-plan-condor.php).
El Observatorio SELVAS acaba de publicar una importante nota en portugués sobre el tema (http://www.ecodebate.com.br/2012/02/03/a-luta-por-memoria-e-justica-no-forum-social-tematico-fst-por-cristiano-morsolin/).
Once años de inhabilitación para Baltazar Garzón La condena es por el juicio que culminó hace dos semanas y en el que fue acusado de haber autorizado escuchas ilegales a miembros y abogados del Partido Popular, a quienes investigaba por corrupción en el marco del denominado Caso Gürtel. Aún está pendiente la resolución de la Justicia española por el proceso que culminó ayer y en el que se le imputa el delito de «prevaricación» por haber iniciado una investigación por los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.
El Tribunal Supremo español condenó al juez de renombre internacional por su trabajo a favor de los derechos humanos a «11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos», según la sentencia. El alto tribunal consideró que Garzón vulneró el derecho a la defensa al ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una red corrupta que en 2009 salpicó a altos cargos del Partido Popular, que ahora gobierna España. El mismo tribunal dejó visto para sentencia el miércoles otro juicio contra el magistrado, acusado por dos grupos ultraderechistas españoles de haber querido investigar la suerte de más de 114 mil desaparecidos durante el franquismo pese a una ley de Amnistía de 1977. La coincidencia de estos casos contra Garzón, y la existencia de un tercero para el que aún no se anunció juicio, llevaron a sus partidarios a denunciar una maniobra política contra un magistrado.
Demanda del Fòrum per la Memòria del PV contra el estado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estraburgo
El Tribunal Constitucional español no admitió a trámite el recurso de amparo presentado por el Fòrum per la Memòria del País Valencià, en relación con el genocidio franquista y con las 6 fosas comunes de Cementerio General de Valencia. Estas fosas ocupan una superficie total de 41.020 m2 en las que, del día 1 de abril de 1.939 al 31 de diciembre de 1.945, se han podido documentar 23.661 personas, todas ellas tiradas a dichas fosas durante ese periodo. Este Tribunal dice textualmente «que no se ha acreditado la trascendencia constitucional del recurso» y ello a pesar de no poner en duda la realidad de los hechos denunciados ya que especifica que «nada cabe decir sobre su verosimilitud». Es decir, en otras palabras y por si no quedara claro -desde hace muchos años- que todo está atado y bien atado.
Cerradas las puertas del ordenamiento jurídico español, el Fòrum ha presentado una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Consideramos que si el Estado Español niega a sus ciudadanos la investigación, esclarecimiento y reparación de los crímenes de la dictadura, es nuestra una obligación moral insistir en su denuncia, exigir la verdad y demandar justicia y memoria.
Cuando derechos básicos, como el de información, son conculcados por parte de un sistema político y judicial, heredero de las tramas de la dictadura, hay algo más que una simple voluntad de ocultación. Hay también, cabe pensar, una complicidad última con los hechos que denunciamos, una secuencia lógica de responsabilidad por parte de este Estado llamado de Derecho con el régimen anterior, una naturaleza heredada o, sin más, continuista de la estructura de poder franquista.
Se trata de una simple cuestión de Derechos Humanos. El Estado Español no parece ser sensible a algo tan elemental como la existencia de innumerables fosas comunes desperdigadas por todo el territorio, repletas de personas víctimas de la represión general, fusiladas, estranguladas, ahogadas, apalizadas o muertas bajo las terribles condiciones sociales que impuso la dictadura durante todos los años en que oprimió a la población que había perdido la guerra (www.forumperlamemoria.org).
Cristiano Morsolin, operador de redes internacionales para la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS con sede en Milán (Italia). Trabaja en Latinoamérica desde 2001 con experiencias en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil. Investigador, panelista y autor de varios libros.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.