Desde el siglo pasado y a la fecha, en México, al igual que en otras lugares de Latinoamérica, el Estado y las empresas agroindustriales y de extracción de recursos naturales (nacionales y transnacionales) han tenido un papel preponderante en la construcción de territorios en contextos rurales.

México no sólo es un país de tránsito (de decenas de miles de migrantes irregularizados anualmente), sino también, y mucho por su ubicación geopolítica y la presión de la agenda antiinmigrante estadounidense, se prefiguraba ya como un enorme dispositivo de contención y desarticulación de las poblaciones migrantes irregularizadas.

En el contexto global, los Desplazamientos Internos Forzados (DIF) son procesos que, desde hace décadas y año y con año, afectan a decenas de millones de personas en diferentes regiones del mundo.

El control migratorio y el cierre de fronteras a poblaciones vulnerables y sin documentos son dinámicas presentes en diferentes países y zonas del mundo. Algunas de las regiones donde se dan estos procesos de manera muy aguda son Europa, Centro y Norteamérica, y estos se han venido incrementando desde hace años.

Hay que contrarrestar y criticar los discursos y narrativas que deshumanizan, silencian, invisibilizan y niegan las acciones y prácticas de los migrantes como sujetos sociales con intereses propios.

Desde hace varios años han venido desarrollándose propuestas decoloniales que, desde diversas disciplinas y articulaciones conceptuales en diferentes lugares del orbe, ha indagado en el presente y pasado diversos órdenes sociales en diferentes países y regiones bajo dinámicas de explotación, y caracterizados por relaciones de poder vinculadas y herederas de los sistemas de poder y dominación coloniales.

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Entre la movilidad como estrategia política y la producción de fronteras cerradas

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