Las organizaciones de la sociedad civil denuncian que las políticas migratorias en la frontera sur siguen fallando en la acogida y la garantía de los derechos de las personas migrantes que toman la ruta canaria.

La negociación de la Ley de igualdad de trato trajo la semana pasada una conquista para el pueblo gitano: la aprobación de una enmienda que introducía el Antigitanismo en el Código Penal. La también conocida como ley Zerolo está pendiente del dictamen de la mesa del Congreso para seguir su tramitación hacia el Senado.

Desde el pasado 18 de marzo los sectores 4, 3 y la mitad del 2 de la Cañada Real están sin luz. Tras año y medio de apagón en los sectores 5 y 6, la población se debate entre seguir exigiendo sus derechos a una administración que les ignora, o afrontar la autogestión energética. La energía solar entra en la ecuación.

Mientras Europa y España dan pasos decisivos para responder a la situación en la que se encuentran las personas afectadas por la guerra en Ucrania, activistas y colectivos celebran que se proteja a refugiadas y migrantes de este país, mientras reivindican el mismo trato para todas las personas en estas circunstancias independientemente de su origen.

La pensadora ecofeminista Yayo Herrero reivindica la “justicia materna” del compartir lo que hay, frente a un sistema que premia a quienes compiten por la satisfacción de sus deseos sin asumir ningún límite.

La dimisión del primer ministro civil, Abdalla Hamdok, es el último episodio de la pugna entre quienes se levantaron en diciembre de 2018 y un ejército que no quiere renunciar al poder.

Las muertes y desapariciones de migrantes en la ruta canaria continuan, cada vez más fuera de un foco mediático que siembra dudas sobre si las vidas negras importan.

“Impulsar la formación profesional es la mejor manera de invertir en una economía cada vez más moderna y sobre todo es la oportunidad más clara de resolver ese empleo juvenil”, declaraba Pilar Alegría, la nueva ministra de Educación el pasado 1 de septiembre. Pocos días después, el gobierno aprobaba el proyecto de Ley de Formación Profesional, que pasaría así a trámite parlamentario. El borrador ya había sido presentado ante la comunidad educativa el pasado junio por parte de la entonces ministra Isabel Celaá.

Septiembre arranca con concentraciones para exigir la reforma del reglamento de extranjería dirigido a menores y ex-tutelados que Interior paralizó.