Justo cuando aún estaban candentes los disturbios de Estados Unidos encabezados por la comunidad afroamericana sobre el episodio de George Floyd, me piden un artículo sobre el racismo en España. Si no fuese una persona muy reconocida en el mundo de la solidaridad y los movimientos sociales, hubiese pensado que los hechos en los que me apoyaré para escribir este artículo forman parte de la moda que genera un hecho que sucede a miles de kilómetros y no evidencian tanto la existencia del racismo en España, al que seguidamente me referiré, tras una sucinta introducción sobre la presencia negra en la península Ibérica.
Categoría: España
«Cada cierto tiempo las Fuerzas Armadas tienen que recordarnos quiénes son y de dónde vienen. Nos recuerdan que ganaron la guerra, nos recuerdan que los Reyes se criaron en las rodillas del dictador, nos recuerdan que sostuvieron al Rey y conspiraron con él, y nos recuerdan que casi nada ha cambiado» (Luis Gonzalo Segura, ex-Teniente del Ejército)
Tras nueve meses de pandemia, con los servicios sanitarios otra vez al borde del colapso sin que se haya tomado medida significativa alguna – que no sea el confinamiento – para enfrentar una situación absolutamente previsible, y mientas las expectativas vitales se derrumban en los barrios obreros y para decenas de miles de pequeños y medianos empresarios, tenemos el derecho de afirmar que la estrategia del gobierno central, y de todos los gobiernos autonómicos, se dirige a utilizar todo tipo de instrumentos de control social y de represión contra previsibles revueltas populares.
La política educativa es un campo de conflicto social. Sólo desde una visión tecnocrática u organicista puede pensarse que es un campo donde es fácil el consenso —al margen de donde una visión social es tan hegemónica que no deja espacio para las alternativas—. Una de las utilidades de los enfoques institucionalistas es que permiten mostrar cómo en cada país existe un modelo educativo que es el reflejo de conflictos y trayectorias económicas y sociales distintas.
La Secretaría General de Presidencia rechaza distintas peticiones de información formuladas a través del Portal de Transparencia. En todos los casos alega razones de «seguridad» que afectarían tanto al Estado como al exmonarca.
Entrevista a José Antonio Llosa
José Antonio Llosa, psicólogo especializado en inseguridad laboral, precariedad y pobreza entre personas trabajadoras, analiza las circunstancias particulares que atañen a las personas jóvenes en el ámbito laboral y los efectos que esto tiene en la salud mental del colectivo.
Las polémicas declaraciones de la presidenta del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Chirsta Schweng, sobre la vacuna de la Covid-19.
Páginas de la herida
Un manifiesto colectivo pide la derogación del delito contra sentimientos religiosos: «Mientras exista el artículo 525 del Código Penal habrá jueces que, aun sabiendo que su sentencia va a ser anulada por un tribunal superior, aprovechen la ambigüedad legal para resucitar el delito de blasfemia y disuadir a cualquiera de reírse de los dogmas del catolicismo».