
La presencia de testigos sin rostro y la remoción arbitraria de la jueza Viviana García, son expresiones claras de un plan orquestado desde el gobierno, la fiscalía y las forestales para mantener en prisión a Héctor Llaitul, -de manera ilegítima y arbitraria-, violando normativas en torno al debido proceso, y todo apunta hacia un nuevo montaje de persecución política y criminalización.