La mayor ofensa contra la democracia entre el río Jordán y el mar Mediterráneo no es el papel del Parlamento israelí en la elección de los jueces o en la anulación de sus resoluciones, sino una ocupación permanente que niega los derechos democráticos a los palestinos y palestinas más allá de las líneas de 1967, y la discriminación estructural que les asigna un estatuto de segunda clase dentro de esas líneas.