El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe, que está integrado por las organizaciones y redes de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia más importantes de la región, se reunió en Panamá el 7 y 8 de mayo para abogar por esta causa junto con representantes del Comité de […]
El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe, que está integrado por las organizaciones y redes de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia más importantes de la región, se reunió en Panamá el 7 y 8 de mayo para abogar por esta causa junto con representantes del Comité de Derechos del Niño, la Oficina de la Representante Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños y la Relatoría sobre los Derechos de la Infancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) permite a los niños, los adolescentes o sus representantes denunciar violaciones de sus derechos por parte del Estado y llevar una comunicación o queja ante el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU, siempre y cuando el Estado haya ratificado el tratado y se convierta en derecho internacional.
«El Tercer Protocolo, si bien es un mecanismo cuasi judicial, adquiere legitimidad al ser aprobado y ratificado por los Estados, que reconocen así las funciones del Comité de Derechos del niño y su obligación de tener en cuenta sus decisiones. Cubrirá un vacío de protección, ya que la Convención de Derechos del Niño era el único tratado internacional de DD.HH. sin un procedimiento de comunicaciones que garantiza su exigibilidad. Es impensable hablar de derechos humanos sin la posibilidad de ser exigidos», expresó Rosa María Ortiz, de la Relatoría de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH (1).
La ratificación del Tercer Protocolo permitiría a los representantes legales de las víctimas menores de edad denunciar ante el Comité de la ONU que se encarga del seguimiento y cumplimiento de esa Convención cualquier violación a sus derechos en los países de origen.
«En este momento a nivel internacional no existe», dijo en conferencia de prensa Jorge Freyre, de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Hasta la fecha, solo Alemania, Gabón, Tailandia y Bolivia han firmado y ratificado ese protocolo. Según la ONU se necesita que al menos 10 países lo ratifiquen para hacerlo efectivo.
«Necesitamos que se apruebe urgentemente por parte de nuestros países», dijo la representante por América Latina del Comité Internacional de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU, Sara Oviedo, para quien se dan en la región «un sinnúmero» de violaciones a los derechos de los menores (2).
El último Informe sobre Seguridad Ciudadana emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revela que América Latina y el Caribe, posee los índices más altos de criminalidad y violencia del mundo. Datos del Estudio Mundial de Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños muestran que la región tiene la tasa de homicidios más alta entre adolescentes de 15 a 17 años, con una media de 22.3 homicidios (37.7 niños y 6.5 niñas) por cada 100,000 habitantes.
«En Centroamérica 30 de cada 100.000 personas mueren por razones violentas, 23% de estos son de adolescentes», afirmó Sara Oviedo, del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. La violencia contra la infancia no puede justificarse de ninguna manera, prevenirla y eliminarla es una tarea de toda la sociedad. Los Estados tienen la principal responsabilidad, pero las ONGs, las organizaciones de la Sociedad Civil, las familias y los niños, niñas y adolescentes, también tienen un rol vital en crear demanda social y monitorear su implementación para garantizar el derecho a la protección de la niñez.
El 3ºPF CDN permitirá incrementar el reconocimiento de las niñas y niños como sujetos de derecho, y les dará acceso a un mecanismo internacional para denunciar violaciones, como casos de violencia, explotación o discriminación, que no se resuelvan a nivel nacional. Para ello un Comité de expertos en Derechos de la Niñez considerará las quejas sobre vulneración de sus derechos y emitirá recomendaciones al Estado entre las que se puede incluir: una rehabilitación, indemnización o peticiones para acusar a los autores de los hechos. «La posibilidad de presentar quejas a nivel internacional animará a los Estados a fortalecer /desarrollar soluciones y mecanismos adecuados para garantizar derechos a nivel nacional» agregó Rosa María Ortiz (3).
Datos del Estudio Mundial de Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños muestran que la región tiene la tasa de homicidios más alta entre adolescentes de 15 a 17 años, con una media de 22,3 homicidios (37,7 niños y 6,5 niñas) por cada 100.000 habitantes.
Hay que destacar las buenas prácticas construida a través del Mapeo Subregional «Implementación de las Recomendaciones Del Estudio Mundial Sobre La Violencia Contra Los Niños Y Niñas» (4), realizado en 2012 por Marta Santos Pais, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Violencia contra los Niños, por el Movimiento Mundial por la Infancia de América Latina y el Caribe (MMI-LAC), con el liderazgo de la Ministra de Infancia de Paraguay LIZ TORRES (2008-2012); he participado personalmente en este mapeo sobre la situación de Colombia.
La misma Ministra de Paraguay Liz Torres ha organizado en Asunción un importante encuentro internacional en abril de 2011 donde han participado personalidades como el comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, relator de Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y experto independiente para el Estudio del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños de 2006; Norberto Liwski, ex vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (5).
Entrevista al Comisionado ONU Wanderlino Nogueira
Jorge Freyre, coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes REDLAMYC, me ha declarado desde Uruguay que «nuestro apoyo a la candidatura del Sr. Wanderlino Nogueira Neto se basa en nuestro conocimiento de su amplia trayectoria en temas de Derechos del Niño y Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional, así como su amplio conocimiento del Sistema de Naciones Unidas. Desde su labor como Director General de la Corte de Justicia y funciones afines contribuyó en forma amplia y concreta a la construcción de un Sistema de Protección de la niñez y adolescencia. Al mismo tiempo, como integrante de la organización Defensa de Niños Internacional, DNI Brasil, ha trabajado fuertemente en el grupo de monitoreo de la implementación de la Convención apoyando y acompañando al país a lo largo de estos más de 20 años» (6).
Wanderlino Nogueira Neto de Brasil, obtuvo la más alta puntuación con 161 votos para ser elegido miembro del Comité de Naciones Unidas por los derechos del Niño (2013-2017).
Wanderlino Nogueira, me ha declarado que «el Comité ONU de Ginebra se está comprometiendo en esta campaña por la ratificación del 3º Protocolo Facultativo, lanzado esta semana en Panamá por el Movimiento Mundial por la Infancia (Lamyc), donde Rosa Maria Ortiz Carron (CIDH), Sara Oviedo Fierro y yo (Comité ONU) estábamos, a lado de UNICEF, de IIN, de Save the Children, Global Fund y otros. Es importante difundir esta campaña por la ratificación de un número mayor de Estados, incidiendo políticamente sobre los Gobiernos y las coaliciones de la sociedad civil» (por ejemplo en Brasil: Forum DCA, ANCED-DNI).
Gerardo Sauri, (miembro fundador de Ednica I.A.P. en 1989, anteriormente director de la Red Mexicana de defensa de los derechos de la infancia y experto reconocido a nivel internacional), me ha personalmente declarado que «la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de Ciudad de México (CDHDF) celebra la entrada en vigor del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) representa un importante avance en la protección y garantía de estos derechos. El Organismo saluda este importante logro y se suma a las manifestaciones de la Sociedad Civil Organizada de la ciudad y el país en el llamado al Estado Mexicano para que firme y ratifique dicho instrumento.
El Protocolo establece tres mecanismos o procedimientos diferentes para atender violaciones: un procedimiento de comunicaciones individuales o colectivas (quejas o peticiones) que permite a las víctimas de violaciones a DESC presentar una queja ante el Comité DESC de la ONU; un mecanismo operativo de quejas interestatales o comunicaciones entre los Estados, y un mecanismo operativo de investigación que permite al Comité DESC iniciar una investigación cuando reciba información fiable que indique la existencia de violaciones graves o sistemáticas de los derechos consagrados en el PIDESC.
También se abona al reconocimiento de la capacidad de las personas individuales y colectivas para denunciar presuntas violaciones y reclamar el ejercicio de éstos derechos, lo que obliga al Estado a generar los mecanismos adecuados para garantizarlos, promoverlos, protegerlos y respetarlos. Para la CDHDF es un claro ejemplo de progresividad de los derechos humanos y de los alcances de lucha cotidiana por su reivindicación. La firma y ratificación de éste instrumento por parte del Estado Mexicano es fundamental, ya que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, representa su inclusión en los estándares internaciones que ya hacen parte del marco jurídico nacional», concluye Gerardo Sauri (7).
Wanderlino Nogueira agrega que «es importantísimo el resultado de la lucha en el caso del Pacto PIDESC con relación a México, como nos cuenta el compañero Gerardo Sauri. Es un camino por la vigencia del 3º Protocolo Facultativo (Comunicaciones y Denuncias directas), como herramienta para fortalecer el Comité ONU de Ginebra y la misma aplicación de la Convención sobre los derechos del Niño».
«Garanticemos la participación de las niñas, niños y adolescentes en la defensa de sus derechos»
El Movimiento Mundial por la Infancia de América Latina y el Caribe (MMI-LAC) es una alianza estratégica de las principales organizaciones y redes de la región que trabajan en la promoción, protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, integrada por: la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ/YMCA), Aldeas Infantiles SOS Internacional, ChildFund Alliance, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), el Instituto Interamericano del Niño (IIN) de la OEA, Plan Internacional, Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), Red ANDI Internacional, Save the Children, UNICEF y Visión Mundial Internacional.
El MMI-LAC fortalece la promoción y protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en América Latina y el Caribe: a) Jugando un rol de movilización social en la promoción de los derechos de los NNA, b) Articulando esfuerzos para una incidencia política más efectiva por los derechos de los NNA en el espacio regional acompañando y/o apoyando iniciativas que surjan de lo nacional y/o internacional, c) Promoviendo el intercambio y la sistematización de experiencias exitosas y buenas prácticas para la realización de los derechos de los NNA, d) Apoyando y promoviendo una coordinación más extensa y efectiva entre la sociedad civil organizada, los NNA, los Estados y las agencias y organismos internacionales y multilaterales.
Concluyendo, hay que resaltar que la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC) ha apoyado la carta abierta a Naciones Unidas (8) sobre el tema de los niños/as y adolescentes que viven y trabajan en la calle que he personalmente liderado junto a 74 expertos de todo el mundo (9), junto a Vernor Muñoz, Relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación (2004-2010), a Jaap E. Doek, Vicepresidente del Comité de Naciones Unidas por los derechos del Niño (desde 2001 hasta 2007), a Andrea Riccardi, Ministro de la cooperación internacional de Italia, y a la Red Europea de Maestrías sobre Infancia ENMCR (10), entre otros.
NOTAS
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http://www.fahrenheitmagazine.com/organizaciones-internacionales-buscan-justicia-infantil/
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http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3170-boletin-1612013
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www.equidadparalainfancia.org/descargar-carta-abierta-a…/index.html
Cristiano Morsolin, investigador italiano y operador de redes para la defensa de los derechos de los niños/as y adolescentes. Trabaja en Latinoamérica desde 2001. Autor de varios libros y panelista internacional.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.