Nota: El miércoles en todo América Latina la gente se manifestó en contra de la violencia contra las mujeres. La convocatoria esta ves nació en Argentina tras el feminicidio de Lucía Pérez, de 16 años, que fue violada y asesinada el 8 de octubre. En este artículo, el Programa de las Américas analiza los datos […]
Nota: El miércoles en todo América Latina la gente se manifestó en contra de la violencia contra las mujeres. La convocatoria esta ves nació en Argentina tras el feminicidio de Lucía Pérez, de 16 años, que fue violada y asesinada el 8 de octubre. En este artículo, el Programa de las Américas analiza los datos que dan cuenta solo parcialmente de las verdaderas dimensiones del problema en el continente.
«Si mi vida no importa, produzcan sin mí». Con ese lema nació, desde Argentina, la convocatoria al primer paro de mujeres nacional. La idea se extendió rápidamente a varios países de Latinoamérica y mujeres de Honduras, México, Chile, Bolivia, Uruguay, entre otras, llamaron a movilizarse.
Si bien en los últimos años la violencia de género empezó a ocupar más espacio dentro de la agenda pública todavía hay muchas dificultades para lograr-como se estableció en la Convención de Belém do Pará en 1994- «prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer». Entre ellas, la falta de datos uniformes: ¿Cómo se mide la violencia de género en América Latina?
Todavía no existe un criterio común sobre cómo medir el fenómeno y cada país tiene distintos modos de concebirlo y registrarlo. Además, en cada zona el organismo encargado de relevar la información es diferente. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de CEPAL, reúne los principales datos de la región en cada uno de sus informes anuales. La entidad se creó tras la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Ecuador, 2007).
En sus resultados se puede ver la diversidad de instituciones: en Costa Rica se obtienen los datos de la Sección de Estadística del Departamento de Planificación Poder Judicial; en Ecuador usan los del Ministerio del Interior. En El Salvador la Fiscalía General de la República es la encargada, en Guatemala, el Ministerio Público. En Honduras le toca al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Observatorio de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios. En Nicaragua la Comisaría de la Mujer de la Policía Nacional da la información, en Paraguay lo hace la Policía Nacional y del Ministerio de la Mujer. En Uruguay, el Observatorio Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, en Perú el Ministerio Público y en Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero si miramos hacia adentro de cada uno de los países, encontraremos más de una institución midiendo los datos a la vez. Y no es raro encontrar desacuerdos entre los organismos oficiales y las organizaciones de la sociedad civil. El caso de Argentina resulta gráfico: si bien a fin del año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó el Registro Nacional de Femicidios, hasta entonces los datos más fiables llegaban de manos de una organización civil. Desde el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, coordinado por La Casa del Encuentro, se dedicaban a monitorear los medios y así registrar todos los casos que calificaban como femicidios. Según ellas, desde 2008 hasta 2015, hubo 2,094 femicidios, dejando sin madre a 2,518 hijas e hijos.
El año pasado, el Consejo Nacional de las Mujeres, que depende de Presidencia de la Nación, presentó el Registro Único de Casos de Violencia Contra la Mujer, en base a 50 mil registros. Algunos de los resultados fueron que el 50 por ciento de las violencias las ejercen las parejas y el 33 por ciento los ex, que la mayoría de las víctimas tienen entre 30 y 39 años, conviven con sus agresores y dependen económicamente de ellos. La creación de este organismo se enmarcó en la ley 26.485, sancionada en 2009 con el objetivo de dar «protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres».
No fue casual que ambos registros (el del ejecutivo y el judicial) se presentaran en 2015, el año en que el movimiento Ni Una Menos llenó las plazas de todo el país. Se calcula que ese 3 de junio unas 200 mil personas se manifestaron repudiando la violencia de género en Argentina. Aquella vez, fue tras el femicidio de la santafecina Chiara Páez, una adolescente de 14 años que apareció enterrada en el patio de la casa de su novio, en un pozo de 80 centímetros de profundidad. El paro de hoy fue motorizado tras el cruento femicidio de Lucía Pérez, una joven de 16. Cuando el sábado 8 de octubre su cuerpo llegó a la salita sanitaria, ya estaba muerta: la habían violado y empalado.
Algunas historias se hacen más conocidas que otras. Pero todas y cada una de las 40 chilenas, 14 costarricenses, 97 ecuatorianas, 217 guatemaltecas, 531 hondureñas, 36 nicaragüenses, 90 peruanas o 24 uruguayas tenían una. Los datos son los del informe del Observatorio de CEPAL, en 2014, los últimos disponibles. «Al menos 1.678 mujeres fueron asesinadas en 2014 por razones de género en 17 países de la región», advirtieron desde el organismo.
Las mujeres se convocaron en el Obelisco de Buenos Aires y en casi 100 plazas de otros puntos de Argentina. También en Palacio de Gobierno de Mexicali, en Guadalajara, el Monumento a la Revolución del DF, el Parque Central de Ciudad de Guatemala, Antofagasta y Plaza de Armas en Chile, La Paz, Bolivia, en Plaza del Entrevero de Uruguay y en Tegucigalpa, entre otras decenas de puntos. ¿Por qué un paro? Algunos datos que difunde el colectivo Ni Una Menos responde esa pregunta: «Si el desempleo promedio en Argentina es del 9,3 por ciento, para las mujeres es del 10,5» y «El 76% del trabajo doméstico no remunerado lo hacen las mujeres».
Mientras tanto, Montevideo se prepara para ser sede de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, del 25 al 28 de octubre. El foco de la reunión estará puesta en «la integración de la mujer en el desarrollo al desarrollo sostenible con igualdad de género». El documento que presentarán arroja algunos datos regionales consistentes:
I. «La sobrerrepresentación de las mujeres entre las personas en situación de pobreza, la falta de ingresos propios y suficientes, la sobrecarga de trabajo no remunerado, las brechas de participación económica y las tasas de desempleo sistemáticamente superiores a las de los hombres evidencian que aún quedan por enfrentar importantes desafíos para que hombres y mujeres vivan en condiciones de igualdad y gocen de manera plena de sus derechos. De este modo, en países donde los niveles de pobreza superan el 40% de los hogares, el índice de feminidad fluctúa entre 100 y 109 mujeres por cada 100 hombres»
II. «Los ingresos de las mujeres medidos en líneas de pobreza son marcadamente inferiores a los masculinos. Mientras que casi una de cada cuatro mujeres no llega a tener ingresos equivalentes a una línea de pobreza, la proporción entre los hombres es de casi uno de cada diez (9,8%)»
III. «Las mujeres realizan entre el 71% y el 86% del total de trabajo no remunerado que demandan los hogares, dependiendo del país. En todos los países de la región con información disponible, las mujeres en hogares pobres tienen una mayor carga de trabajo no remunerado»
Por último, CEPAL concluye algo que habrá que debatir en las calles: «Las estrategias de superación de la pobreza por sí solas no mejoran las condiciones de vida de las mujeres».
Julia Muriel Dominzain es periodista con sede en Buenos Aires. Es analista del Programa de las Américas http://www.cipamericas.org/es/.