Uruguay enfrenta una de las situaciones más difíciles a nivel diplomático. Una realidad dada por un nuevo episodio de la crisis del Mercosur. Al funcionamiento tortuoso del pacto regional se ha sumado una ofensiva política, que tiene como norte la exclusión de Venezuela, con el argumento de que no ha internalizado todas las normas mercosurianas. […]
Uruguay enfrenta una de las situaciones más difíciles a nivel diplomático. Una realidad dada por un nuevo episodio de la crisis del Mercosur. Al funcionamiento tortuoso del pacto regional se ha sumado una ofensiva política, que tiene como norte la exclusión de Venezuela, con el argumento de que no ha internalizado todas las normas mercosurianas. Sin embargo, la falta de incorporación de algunos aspectos de esos instrumentos a la legislación venezolana, la padecen también los miembros fundadores. Ninguno de los que firmaron el acuerdo inicial, hace 25 años, ha incorporado toda la normativa. Incluso una carta de la canciller del país caribeño, Delcy Rodríguez, del 28 de noviembre de este año, comunica a los socios que su país «se encuentra en condiciones de adherirse al Acuerdo de Complementación Económica (Ace 18)», señalado por los gobiernos de Brasil, Paraguay y Argentina como el principal incumplimiento de Venezuela.
Y los hechos son complicados para el gobierno uruguayo, porque, fiel a su concepción de que lo «jurídico prima sobre lo político», sabe que la sanción no tiene asidero legal. La diplomacia uruguaya se basó históricamente en el respeto de la letra de los tratados internacionales, única forma de que un país chico no fuera avasallado por los de mayores dimensiones. Es más, el protocolo de Ouro Preto, establece en su artículo 37 que las decisiones en el Mercosur deben ser tomadas por consenso y con la presencia de todos sus miembros, también una forma de evitar que Brasil y Argentina se llevaran por delante a Paraguay y a Uruguay. En el gobierno uruguayo se es consciente de que se está frente a una arremetida política contra Venezuela, pero también se percibe que no tiene mucho margen de maniobra y por eso su tarea parece ser la de acotar las decisiones tomadas por Argentina, Brasil y Paraguay. «Uruguay ha hecho y hace los máximos esfuerzos para que Venezuela siga en el Mercosur. Lo que ha cambiado es el contexto político de los gobiernos. Si no se hace más es porque no se puede», comentó a Brecha el diputado de Asamblea Uruguay y vicepresidente del Frente Amplio, José Carlos Mahía.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió una reu-nión con Tabaré Vázquez, a la que el presidente uruguayo accedió. Según declaraciones de Rodríguez, la conversación podría realizarse sobre fines de esta semana o inicios de la siguiente, aunque la canciller no especificó si el diálogo se concretaría mediante un encuentro de ambos mandatarios o por vía telefónica. Maduro señaló en su momento que estaba dispuesto a viajar a Europa si era necesario. Vázquez regresó ayer a Uruguay.
Los hechos y las implicancias
El pasado 2 de diciembre, los cancilleres de Argentina (Susana Malcorra), de Brasil (José Serra), de Paraguay (Eladio Loizaga) y de Uruguay (Rodolfo Nin Novoa) emitieron una declaración en la que se sostiene que, una vez constatado el incumplimiento de las obligaciones del protocolo de adhesión, se comunica a «la República Bolivariana de Venezuela el cese del ejercicio de los derechos inherentes a su condición de Estado-parte del Mercosur a partir de la fecha». Y aunque el texto está firmado por Uruguay, no existe consenso entre los distintos países sobre el significado del «cese». El vicecanciller uruguayo, José Luis Cancela (hasta ayer en funciones de ministro), dijo en reiteradas oportunidades (lo mismo sostuvo el presidente Vázquez en declaraciones públicas realizadas durante su gira europea) que Venezuela ha perdido el voto, pero no la voz y, por ende, tampoco su participación en las distintas instancias orgánicas del pacto regional. Los otros tres países sostienen que la resolución implica la marginación de Venezuela del Mercosur. Nin Novoa señaló a Brecha que en la reunión del próximo 14 de diciembre en Buenos Aires -oportunidad en la que Argentina asumirá la presidencia pro témpore del bloque regional- sostendrá la postura de que puede seguir integrando el pacto, aunque sin voto. A este encuentro no está invitada Venezuela.
La declaración de los cancilleres no fue realizada en ningún ámbito del pacto regional, surgió de reuniones informales al margen de su orgánica, recordó el diputado y vicepresidente del Parlasur, Daniel Caggiani (Mpp), a este semanario. «No se convocó al Consejo Mercado Común (Cmc), no se abrió la instancia de un diálogo con Venezuela, a pesar de que la canciller Rodríguez solicitó la reunión del Tribunal de Controversias», afirmó Caggiani.
Para el diputado socialista y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, Roberto Chiazzaro, resulta evidente que se está ante una ilegalidad, por lo que claramente «ha habido móviles políticos para expulsar a Venezuela. Es obvio que en la región se han producido cambios de signo político. Y de haber una mayoría de gobiernos de características progresistas, se ha pasado tanto en Brasil como en Argentina y Paraguay a administraciones de derecha». Todos son conscientes, añadió, que en ese país, a pesar de las disputas entre el parlamento venezolano y el ejecutivo de Maduro, no ha existido quiebre institucional. Chiazzaro recordó que se quiso aplicar la cláusula democrática y esta no fue aprobada por los miembros de la Oea, pese a los ingentes esfuerzos de su secretario general, Luis Almagro. «Entonces se apela a este último esfuerzo del Mercosur de expulsar a Venezuela, como forma de debilitar a su gobierno, apelando a la creación de un organismo que no existe en los estatutos del pacto regional y decide», concluyó.
En la misma sintonía, Caggiani agregó que se quiere incidir en la situación interna venezolana, justo cuando se procesa una negociación con intervención del Vaticano y la Unasur. Por tanto, la consecuencia inmediata y buscada es enfriar el diálogo entre la oposición y el gobierno de Maduro. Para el diputado emepepista está primando la tesis aislacionista del canciller Serra, similar a la aplicada por Estados Unidos contra Cuba en los años sesenta del pasado siglo. Por eso, «la intención ahora es aislar a Venezuela y en algún momento aplicar la carta democrática de la Oea. Por otro lado y desde el punto de vista ideológico, Serra no es un tipo que crea en el Mercosur. Lo cierto es que se complica la situación de Uruguay en el Mercosur». No obstante el reconocimiento de las dificultades que enfrenta la diplomacia uruguaya, Caggiani observó que «hubiera esperado de la cancillería una mayor firmeza para enfrentar esta pequeña crisis del Mercosur, y sobre todo tener un posicionamiento más claro de Uruguay con respecto a la defensa del derecho internacional. Por lo menos hubiera esperado la misma firmeza con la que enfrentó y salió a discutir públicamente la necesidad de establecer acuerdos de libre comercio entre Uruguay y diferentes países».
Y las dificultades son importantes para el gobierno uruguayo, porque además de enfrentar a los impulsos restauradores de la derecha regional, tendientes a dejar de lado una línea de integración latinoamericana, Maduro no ayuda mucho, confesaron a Brecha, en privado, fuentes de la Torre Ejecutiva. En especial por una prédica que parece más dirigida a galvanizar sus fuerzas que a tender puentes hacia el pacto regional. Su continua mención a la Triple Alianza, e incluso lo expresado en el pedido de reunión a Vázquez, cuando sostuvo que el mandatario uruguayo seguramente corregirá los errores de su cancillería en el caso (la firma de la expulsión), es más parecido a una intromisión que a un pedido. Un miembro del gobierno dijo a Brecha que, a diferencia del gobierno cubano, que frente al bloqueo y a las agresiones siempre se ubicó como la víctima de Estados Unidos y sus aliados, el de Venezuela tiene un discurso agresivo hacia sus pares del sur y poco seductor a la hora de generar comprensión entre sus pares.