El desafuero de la parlamentaria Rocío González, el 6 de octubre, debido a una condena de cuatro años de prisión suspendida por robo de energía eléctrica, ahonda aún más el desprestigio del Congreso peruano, cuyos integrantes van de escándalo en escándalo. Su reemplazante, Francis Zegarra, también estaría inhabilitada para ejercer el cargo pues igualmente tiene […]
El desafuero de la parlamentaria Rocío González, el 6 de octubre, debido a una condena de cuatro años de prisión suspendida por robo de energía eléctrica, ahonda aún más el desprestigio del Congreso peruano, cuyos integrantes van de escándalo en escándalo.
Su reemplazante, Francis Zegarra, también estaría inhabilitada para ejercer el cargo pues igualmente tiene tres años de prisión suspendida por haber hecho firmar letras en blanco a sus empleados y luego pretender cobrarles dinero.
Si Zegarra no es autorizada a asumir la curul vacante, el tercer reemplazante, Tomás Zamudio, también tiene denuncias en su contra en el poder judicial por haber promovido invasiones de terrenos en Caylloma, Arequipa, en el sur del Perú, según informó el diario El Comercio, con lo cual estaría igualmente inhabilitado para ser congresista, presentándose una situación inédita en el poder legislativo peruano.
En declaraciones a Radioprogramas del Perú, Zegarra dijo que tiene dos sentencias a su favor y sólo la tercera en su contra, lo que atribuyó a «maniobras políticas» en el poder judicial.
Su acusación, cierta o no, sólo echa más leña al fuego del descrédito político del que también es parte el poder judicial. Según una encuesta de la Universidad Católica, realizada antes de los escándalos aquí reseñados, el Congreso ocupaba el primer lugar entre las instituciones percibidas como las más corruptas del país (78 por ciento), seguido del poder judicial (76 por ciento) y los partidos políticos (75 por ciento).
Lo cierto es que los congresistas peruanos van de escándalo en escándalo: contratos de familiares, amantes y trabajadores domésticos como asesores parlamentarios, delitos contra la fe pública y violencia doméstica, son acusaciones que pesan contra muchos de sus miembros. La opinión ciudadana, expresada en foros y programas radiales abiertos al público, es que el Congreso tiene en su haber más escándalos que buenas leyes.
Según un informe del diario La República, en los últimos tres años se han presentado 148 denuncias contra congresistas ante la Comisión de Ética por ciudadanos, sus propios colegas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Ningún grupo parlamentario -incluido el partido gobernante- se libra de tener, aunque sea, un congresista denunciado o investigado entre sus filas.
Sólo en la segunda semana de septiembre, cuatro legisladores se vieron involucrados en problemas públicos. Y en lo que va de octubre, ya hay tres más.
La congresista Rosario Sasieta fue acusada por María Medianero, una de sus ex trabajadoras en la sede parlamentaria, de malos tratos y humillaciones. Sasieta habría llegado al colmo de obligarla a lavarle los pies hasta en cinco oportunidades, según aseveró la agraviada ante la comisión de ética de la instancia legislativa.
Sasieta es muy conocida por defender los derechos de las mujeres y de los niños y ha impulsado importantes leyes a favor de estos dos sectores, incluida la que obliga a publicar el nombre y la foto de los padres que no cumplen con pasar pensión alimentaria a sus hijos, en la página Web del Ministerio de Justicia.
Aunque Sasieta se ha defendido, diciendo que es una venganza por haber despedido a Medianero -quien usurpó su nombre y cargo- y ha recibido el respaldo de algunos sectores feministas y del propio presidente Alan García, el asunto sirvió para poner sobre el tapete, una vez más, los abusos de poder que llegan a cometer algunos políticos.
Otro caso fue protagonizado por Milagros Morales, esposa del congresista fujimorista Ricardo Pando, quien, en un «momento de terrible ofuscación», como ella misma lo reconoció, le clavó un cuchillo en la zona lumbar, cansada de los malos tratos y vejámenes que él le propinaba. Morales aseguró haber sido maltratada física y psicológicamente a lo largo de los años, pero que sus denuncias ante la policía y la fiscalía nunca prosperaron porque Pando ejercía toda su influencia para impedirlo.
La legisladora nacionalista Nancy Obregón, por su parte, fue acusada por la bancada oficialista de mantener nexos con el narcotráfico, debido a un video donde aparece impidiendo una incautación de coca en un caserío de San Martín, en el noreste del país. Ella ha dicho que su intervención fue como mediadora, «para evitar un derramamiento de sangre».
Obregón es dirigente de los productores de hoja de coca, cultivo al que ella también se dedicaba, pero ha negado representar a narcotraficantes. Días antes, uno de sus ex asesores había sido detenido con un alijo de 140 kilogramos de coca. La Comisión de Ética decidirá sobre este caso.
El congresista Víctor Mayorga fue acusado por Isidro Villa, su ex auxiliar, de recortarle el sueldo a su chofer y el propio Villa denunció haber recibido maltratos por parte de la esposa de éste, que incluso lo obligaba a plancharle las camisas.
Apenas comenzado octubre, salió a la luz el caso de Rocío González por el hurto agravado de energía eléctrica. Asimismo, el diario Peru21 denunció que durante nueve años ella había estado cobrando al estado una pensión de orfandad que ya no le correspondía, incluso meses después de haber sido elegida parlamentaria. González aceptó la veracidad de la denuncia y se disculpó diciendo que no conocía la ley. El Congreso aún no se pone de acuerdo en torno al procedimiento a seguir en este caso.
El otro escándalo involucra al legislador José Maslucán, acusado por sus vecinos de pretender apropiarse de un terreno de 450 metros cuadrados en un distrito acomodado de Lima. Hasta el momento, el no ha respondido a la acusación.
Mientras tanto, Tula Benítez, una de las figuras oficialistas desaforadas el año pasado, podría volver a su curul, pues la sala especial de la Corte Suprema decidió archivar los delitos de peculado y colusión que motivaron la medida. Esta decisión nuevamente deja en entredicho al poder judicial. Benítez, sin embargo, aún afronta el cargo de falsedad genérica, pendiente de resolución.
Luis Galarreta, quien ejercía la presidencia de la Comisión de Ética cuando Benítez y Elsa Canchaya fueron desaforadas por, presuntamente, contratar empleados fantasmas para cobrar sus sueldos, pidió a sus colegas parlamentarios que no permitan que ambas regresen a sus curules «por el bien del país».
La legisladora Martha Hildebrandt, presidenta de la Comisión de Ética -que tendrá a su cargo la investigación de las nuevas denuncias- fue muy severa al criticar el sistema político. «Si los partidos no limpian sus listas y se dedican a poner a quienes les dan una cuota de millones, existe la posibilidad matemática de que el próximo Congreso sea conformado por 130 semianalfabetos prontuariados», advirtió.
«¿Quién elige al Congreso?, el votante. Entonces que no se quejen si no saben decidir. Hay que educar al electorado para que deje de ser tarado», añadió en su particular estilo.
Para Cecilia Blondet, directora Ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), lo que subyace en el fondo de los comportamientos de la clase política peruana es la falta de idoneidad de los militantes de los partidos políticos, defecto que se arrastra desde la vida partidaria.
Uno de los problemas que conspira contra la formación de buenos cuadros partidarios es la atomización de los partidos políticos peruanos, que no cumplen con educar en democracia sino que, por el contrario, son casi un club de amigos, caen en el clientelismo, en las preferencias al momento de hacer las listas y en una serie de vicios que luego reproducen en la vida pública, comentó Blondet a SEMlac.
Durante la inauguración de la Escuela Nacional Anticorrupción, a fines de agosto, se afirmó que los partidos políticos peruanos no se caracterizan por respetar las reglas de juego, están fragmentados, son casi inexistentes, están cargados de vicios y no ayudan al sostenimiento de la democracia.
¿Y las militantes mujeres?
«El nivel de violencia al interior de los partidos políticos (respecto a las mujeres) es grande», dijo a SEMlac Diana Miloslavich, cuando le preguntamos por el papel de las mujeres que militan en los partidos.
«Si una mujer sale elegida en algún cargo medio de la estructura partidaria, pocas veces se respeta esa elección, muchas veces no se la deja ejercer su cargo o se la relega de la toma de decisiones», añadió. Ella es responsable de Participación Política y Descentralización del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
También afirmó que «no se puede hablar de ética al interior de los partidos. No existen sistemas de control o fiscalización ciudadana o de su propio partido, ni se han preocupado por crear tal control».
En su opinión, los modelos que manejan los partidos peruanos, sean de izquierda o derecha, son muy masculinos; es decir, asumen las situaciones con dureza y hostilidad, lo que no ayuda ni permite encontrar climas de mayor distensión. «Es una dinámica muy feroz», subraya. En muchos casos, las mujeres deben entrar a competir bajo esa dinámica, si quieren ascender en la estructura partidaria, afirmó.
El asunto es más complicado para las que ya ejercen alguna autoridad pública, pues, en muchos casos, son opacadas y desacreditadas cuando, haciendo uso de esa autoridad, pretenden fiscalizar algún acto de corrupción. «Quienes quieren ejercer algún tipo de vigilancia son castigadas por el poder, les cae encima todo el poder de la corrupción», refiere Miloslavich.
Sin embargo, aclara que el hecho de ser mujeres ejerciendo política no significa que sean incorruptibles. «El ser humano es susceptible de corrupción, y eso es válido para hombres y mujeres», indica. Los últimos escándalos congresales le dan, lamentablemente, la razón.