El Congreso peruano aprobó este fin de semana el informe final de la comisión del caso de corrupción Lava Jato (Lavado Rápido), la cual recomendó denunciar a 132 personas, entre ellas a los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski y siete empresas constructoras, pero dejó fuera al exmandatraio Alan García y […]
El Congreso peruano aprobó este fin de semana el informe final de la comisión del caso de corrupción Lava Jato (Lavado Rápido), la cual recomendó denunciar a 132 personas, entre ellas a los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski y siete empresas constructoras, pero dejó fuera al exmandatraio Alan García y a Keiko, hija del dictador genocida Alberto Fujimori.
Mientras, el presidente Martín Vizcarra convocó a un referendo para el 9 de diciembre donde la población votará por cuatro propuestas para modificar los sistemas judicial y político, afectados profundamente por la corrupción. Los ciudadanos deberán responder si aprueba la reforma constitucional a) sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, b) sobre regulación al financiamiento de las organizaciones políticas, c) la prohibición de la reelección inmediata de parlamentarios y d) el establecimiento de la bicameralidad en el Congreso.
Los ex mandatarios incluidos en el informe habrían incurrido en los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, así como colusión y lavado de activos. Toledo (2001-2006), Humala (2011-2016) y Kuczynski (2016-2018), quien se vio forzado a renunciar en marzo, son imputados de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, colusión y lavado de activos.
El documento inculpa a las personas que intervinieron en los sobornos y dádivas que recibieron funcionarios públicos en relación con concesiones, obras y proyectos que fueron adjudicados a las brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierres, Queiroz Galvão y OAS, y de sus socios empresariales peruanos. Según el documento, éstas ocasionaron al Estado peruano un perjuicio por unos 4.4 millones de dólares.
Tras una votación, el Congreso decidió no incluir en el informe al ex mandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011, a pesar de que se reunió en 15 ocasiones con Jorge Baratta, gerente de odebrecht en Palacio de Gobierno) y a la lideresa del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunciados por sus presuntos nexos con empresas brasileñas, pese a ser investigados por la fiscalía.
Keiko sigue presa
Keiko Fujimori, la hija del ex dictador y genocida Alberto Fujimori fue enviada a la cárcel (prisión preventiva por tres años) por recibir sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht para financiar a su partido Fuerza Popular en las elecciones presidenciales, mientras su partido, aún mayoritario en el Congreso, se desmorona tras el desastre electoral sufrido en Lima.
La detención de Keiko se produce cuando el fujimorismo atraviesa una grave crisis, con divisiones internas, renuncias a la bancada parlamentaria, la remoción de toda la dirigencia partidaria, acusaciones de corrupción, un congresista desertor de sus filas que le contó a la fiscalía lo que sabe de los manejos sucios del partido y de alta corrupción de la magistratura.
Pero el cuadro de situación se completa con una abrumadora derrota electoral hace menos de un mes en las elecciones en Lima, junto a un rechazo ciudadano del 80 por ciento. Mientras, su padre, el ex dictador genocida Alberto Fujimori sigue internado en una clínica para evitar regresar a prisión tras la anulación de un indulto presidencial.
La investigación palamentaria
La decisión del Congreso peruano de realizar una amplia investigación responde a denuncias periodísticas -basadas en información desde Brasil- que revelaron que algunas empresas brasileñas involucradas en el caso de corrupción en Petrobras fueron acusadas también de pagar sobornos para poder llevar a cabo y ejecutar obras en Perú.
Toledo, de 72 años y quien durante su mandato enarbolaba la bandera de la lucha contra la corrupción, es reclamado por la justicia peruana por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. El ex gobernante huyó a Estados Unidos tras ser acusado de recibir dádivas de Odebrecht y tiene una orden de extradición. Perú es uno de los países más afectados por la saga de corrupción de Odebrecht.
El informe denuncia a Toledo, Humala y Kuczynski por distintos presuntos, así como a los alcaldes de Lima Susana Villlarán y Luis Castañeda Lossio, a ex ministros y otros ex funcionarios, pero la mayoría parlamentaria de fujimoristas y apristas logró mantener fuera de la investigación a Alan García y a Keiko Fujimori, un tema central del debate toda la semana.
El otro informe
El pleno también rechazó considerar las recomendaciones del informe en minoría presentado por Humberto Morales (Frente Amplio), que señalaba que contra Alan García y Keiko Fujimori existen «indicios que revisten relevancia penal (delito de crimen organizado dentro de partidos políticos, relacionados a colusión, cohecho, negociación incompatible y lavado de activos)».
En el documento, se indica que García estaría involucrado en un presunto caso de corrupción en el proyecto línea 1 del metro de Lima. Aborda, además, los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de la fujimorista Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) en el 2011, investigados por el Ministerio Público.
Los magistrados
El juez supremo Cesar Hinostroza Pariachi -llamado «jefe de los cuellos blancos» – está recluido en una prisión VIP española, tras llegar fugado a ese país, burlando el control de fronteras el 7 de octubre, para embarcarse en Guayaquil, Ecuador, hacia Amsterdam y Paris y luego pedir asilo político en una comisaría madrileña.
Gonzalo García Núñez señala que ni las sorprendentes ocurrencias como la copia de 117 páginas de una tesis ajena, ni la defensa de personajes complicados en tráfico ilícito de drogas, ni las escondidas compras de inmuebles en Miami, ni las sucesivas denuncias e investigaciones en sede fiscal por enriquecimiento ilícito, ninguna eran señales de confianza o legitimidad social.
Tampoco, señala, los resultados del análisis de sus mejores resoluciones. Evaluadas en conjunto no alcanzaban los estándares técnicos y jurídicos esperables para el desempeño de la función. Menos aún la continua actividad dilatoria de los actos de evaluación que preocuparon a los magistrados. De no haberlo ratificado en el 2014, y de no haberle renovado la confianza al que la prensa llama «señor K» por su apoyo al fujimorismo, «no habría sucedido nada de lo que deploramos: estamos frente a los vidrios rotos».
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.