Habiendo intentado un análisis de la coyuntura, en esta parte trataremos de mostrar el momento histórico que vive el país y el Estado, para fundamentar la necesidad de construir una república democrática que recupere y construya la soberanía popular, que deconstruya al Estado-colonial y sus formas actuales de gobierno sea cacocracia (gobierno de delincuentes o corruptos) o mafiocracia (gobierno de grupos criminales) y, que siente las bases de la unidad territorial y cultural, que movilice sus aristas democratizantes, que recupere medios de producción para la colectividad, en pos de un Estado que priorice la res pública y un nuevo ethos para construir un futuro.
Inaugurar este proceso significa cambiar las reglas de juego y ello debe hacerse desde una asamblea constituyente, pero, al mismo tiempo, para lograr que esta sea productiva y relevantemente seria, debe surgir desde estos momentos, de debates que empiecen en localidades y regiones, desde las necesidades más urgentes e impostergables hasta los grandes problemas que perciben que viven y requieren de resolver, como son: el despojo, ecocidio, estancamiento, potencialidades, servicios sociales, derechos conculcados, explotación, racismo, abusos, seguridad pública, etc. Esta perspectiva tendrá identificar obstáculos y sobre ellos proponemos se haga un debate inicial. Si no entendemos que es y cómo funciona el Estado colonial, neoliberal, no se podrá luchar contra él. En este apartado reflexionaremos al respecto, tratando de descubrir su carácter y naturaleza. Necesitamos entender cómo va el proceso de descomposición del estado, la generación de los antagonismos que produce y a partir de allí, impulsar las luchas sociales que devengan y en ellas, la configuración de la conciencia política. .
Perú vive una dictadura de las mafias liderado por Keiko Fujimori y ese es su gran logro. Es importante resaltar que si los grupos de poder (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas CONFIEP) y las mafias de políticos han seleccionado a esta corrupta mediadora, es porque ellos también lo son. Están unidos, por un lado, la lumpen-oligarquía, las trasnacionales, el capital financiero global y local (concesiones, lavado de activos, evasión impositiva, paraísos fiscales, etc); por otro, las mafias del narcotráfico, amadrinadas por la fiscal de la nación y familia, por el sistema judicial, que a su vez, están asociadas a las FF.AA y PP; y en tercer lugar a los delincuentes políticos asentados en el Congreso y otras dependencias, que no solo se benefician con los privilegios de su investidura, sino de la inmunidad e impunidad. Los saqueadores en una política extractivista y del despojo, se autodenominan empresarios, justificaron las masacres de Otarola-Boluarte-Gral. Gómez de la torre acusando al desaparecido Sendero de haber generado la violencia.
Tras 200 años, con un Estado que mantuvo su esencia colonial entre gobiernos oligárquicos de militares y civiles, donde “Los mestizos de la colonia son el germen malogrado de la clase media republicana, la llaga colonial que demorará siglos en cicatrizar.[1] En ese trayecto, del infierno que significaron las alianzas, acuerdos, traiciones y felonías entre los líderes de las nacionalidades sojuzgadas por los Incas (en conflicto interno) y que rápidamente devinieron en aliados de los conquistadores; llegamos a una actualidad, donde los fragmentos de lo que puede llamarse Estado nacional de los criollos (poderes diferenciados, elecciones, estado de derecho), ya no existen más que formalmente y las contradicciones van creciendo de la mano con la toma de conciencia de los pueblos de la macro-región sur amenazados por el despojo y la necropolítica. Como consecuencia se han esfumado la ideología y los principios del liberalismo político (estado de derecho, división de poderes, elecciones representativas, democracia aparente, etc. Tema que hemos tocado abundantemente en otros artículos). Cuando se suman a la lucha otras macroregiones, la izquierda achorada está entre aprovechar electoralmente del conflicto o infiltrarse en el Estado por cualquier medio; mientras la izquierda progresista prefiere defender una inexistente democracia e impulsar algunas identidades con sus ONG bajo la forma de un liberalismo cultural, recuperando y desvirtuando justas demandas sociales: feminismo, ecologismo, derechos humanos, aborto, indigenismo, decolonialidad, multiculturalidad, etc. convirtiéndolos en movimientos inofensivos para el capital.
Por lo contrario, los principios fundamentales sobre los cuales se estructura y organiza un Estado-nación como entidad política y jurídica, como son la soberanía, la democracia, la protección de los derechos de los ciudadanos (empleo, salarios dignos, salud, educación) y la distribución del poder, han sido eliminados por el neoliberalismo y en Perú por el fujineoliberalismo. Cierto es que nos enfrentamos a fetiches liberales y a ideas especulativas, como referentes de una democracia inexistente o superficial que se queda en lo mediático y el marketing empresarial, sin considerar una comprensión del tipo de Estado que tenemos. Los peruanos vienen entendiendo que el poder proviene del pueblo y en ese proceso estamos. Existe una destitución verbal del gobierno, con más del 80% de rechazo, pero a muchos les falta entender que la decisión final estará en manos de sus luchas, desde una práctica rebelde, comprender que la soberanía y las determinaciones pueden estar en sus manos. La naturaleza y carácter del Estado están definidos en la Constitución, que no es más que el marco legal y normativo para el funcionamiento del Estado del despojo, y los escasos derechos sociales que contiene son vulnerados cotidianamente. Un elemento fundamental como la soberanía, que se refiere a la autoridad suprema e independencia del Estado para tomar decisiones y ejercer el poder dentro de sus fronteras, sin injerencia externa no solo es una vacía declaración, sino que el monopolio de la violencia ahora se usa para destruir la soberanía y exterminar a quienes la defienden bajo el discurso de que es un imperativo de la globalización. Un cambio que ya se dió en las FF.AA, expresada en la famosa acta de sumisión al neoliberalismo y a la corrupción ante Vladimiro Montesinos, ahora se generaliza en el uso de la policía en el papel de sicarios del capital. Con esto ya no existe legitimidad para los militares y menos para la policía nacional sicaria; ahora son mercenarios institucionales del poder económico y político. Si las fuerzas armadas no defienden la soberanía ya no tienen razón de existir. Ahora son mafias militares al servicio del poder, con sus propios negocios, empezando por el narcotráfico. Son protagonistas de actividades ilegítimas cuando el Estado, inviste explícitamente a algunos de sus miembros de competencias legales para usar armas y ejercer la violencia en defensa de la propiedad y al capital.
Otro elemento central en la definición del Estado nación es el territorio. Desde el pensamiento liberal, el Estado Nacional tiene un territorio definido y delimitado, en el cual ejerce su jurisdicción y control sobre las personas, bienes y actividades que ocurren dentro de sus fronteras. Con la constitución del 93 las concesiones de territorios y recursos naturales como derecho real de propiedad han afectado a todo el país -incluso, su máxima expresión se dio cuando Fujimori vendió Tiwinza-; admitió el dominio incontrolado del capital foráneo sobre la economía y aceptó bases militares norteamericanas en el suelo patrio; consintió que Chile controle desde el Pacífico, hasta el espacio aéreo- y el comercio- y en particular territorios de los pueblos originarios.
Y el elemento mas importantes, la población. El Estado hoy está compuesto por un 5% de la población extranjera, criolla y criolla mestiza que se reparten los bienes del país sin ningún límite. Perviven las dos repúblicas, de criollos y la de indígenas. Los primeros viven en la capital y los centros de las ciudades mas grandes, mientras que los indigenas con sus particularidades étnicas habitan los andes, la amazonía y la periferia de las ciudades. El criollo y sus imitadores, no reconoce, extermina y repele a la mayoría de personas que habitan este territorio y no acepta que sean la mayoría indígena y mestizo indígena consideradas ciudadanos o habitantes legales del país. Luego, tenemos al Gobierno, ya mencionado, que se refiere al sistema político y las instituciones que ejercen el poder y toman decisiones en nombre del Estado. La forma de gobierno que tenemos, no es una democracia o una república. Tampoco es un gobierno híbrido, fallido, mixto o algo parecido. Simplemente, estamos ante un gobierno de tipo mafioso, dictatorial y criminal; sin reglas, ni principios y sin derechos que rijan el funcionamiento del Estado y garantice los derechos y libertades de los ciudadanos, y, a la inversa, los ciudadanos -para ellos-si deben obligarse a deberes y responsabilidades de sumisión y servidumbre hacia el Estado. Otro elemento del Estado nacional es la Justicia y Estado de Derecho: en el Perú no esta garantizado el acceso a la justicia y las personas son desiguales ante la ley. Las decisiones y acciones del gobierno no están sujetas a la ley y menos existe un sistema judicial independiente. El bienestar de los ciudadanos, el desarrollo económico y social del país y el respeto a los tratados y acuerdos internacionales han dejado de ser temas de discusión. La seguridad nacional y ciudadana ya no existen más; y la salud, la educación, vivienda y justicia solo tienen sentido para un reducido estamento de privilegiados.
En los últimos 50 años, se ha logrado imponer el carácter especulativo del capital, sobre todo financiero, el dominio de las grandes corporaciones, el imperialismo colectivo dirigido por Estados Unidos a la cabeza de Europa Occidental, creando un neofeudalismo con sus gobiernos virreynales y sus encomenderos. Configuran su propia geografía de globalización en torno al lavado de activos en red mundial de empresas y paraísos fiscales, por debajo de la legalidad y arriba del control de los Estados, en una conexión de mafias del capital criminal. Articula formas rentistas con capitales criminales transnacionales y el narcotráfico, junto al tráfico de personas, de armas, órganos, migrantes, alimentos, materias primas, etc. expandiéndose por los circuitos de reproducción ampliada del capital y la constitución-expansión de lumpen-burguesías que manejan los resortes del Estado y los juegos del mercado.
Con estas transformaciones, el neoliberalismo ha cambiado. La nueva etapa, está marcada por un neoliberalismo bruto y achorado que recupera a la vieja guardia de Fujimori que no sufrió condenas carcelarias, mercenariza a los militares y policías e incorpora a todos los poderes en unos solo, asimila e integra a un sector de plebeyos conversos de las clases medias provincianas, la mayoría residentes en la capital, conservadores de centro e izquierda, de universidades chicha, contaminados por la viveza criolla y la ambición, por aspirar a usufructuar del estado y del extractivismo, anhelar el consumismo e individualismo y actuar con un comportamiento cínico y sin principios. Al mismo tiempo, llegamos a un mayor antagonismo social ante la búsqueda dictatorial de sometimiento del pueblo peruano a través de la militarización y judicialización de los conflictos. Un último ejemplo fue la entrega de 12.2 millones del ministerio de economía al Ministerio de Defensa y la donación bancaria (Scotiabank, GNB e Interbank) de 4.5 millones más (H en sus 13, 21 julio) solo es una mínima parte de lo que viene ocurriendo; este no es más un acto simbólico y ejemplar de una realidad insoportable de retroceso al momento fujimorista (1990-2000) ampliado y empíricamente perfeccionado que consiste en que los grupos de poder gobiernan a través de Keiko-Montesinos-Fuerza Popular y Roque Benavides como comité central de la dictadura de la confiep y las transnacionales financiero-extractivistas que lideran el despojo del pueblo y en particular de los pueblos originarios, como veremos. La actuación del Gabinete, del Congreso, del Ministerio Público y aparatos judiciales, fuerzas armadas y policiales, partidos (mafias), ONG, medios, etc. solo son expresión de la recaptura del poder por las fuerzas neoliberales de la ultraderecha fascista.
Si con Fujimori habían logrado controlar y corromper a través de las coimas montesinistas todas las instituciones mencionadas, no habían logrado usar al Congreso y al sistema judicial en funciones de gobierno; tampoco habían conseguido capturar a los partidos de izquierda -solo parcialmente- y convertirlas en mafias a su servicio. En su primera versión actuaban clandestinamente en hacer negocio de la política, hoy es abierta e institucionalmente una privatización y mercantilización de la política. Se ha generalizado el uso de los sobornos, prebendas, clientelismo, patrimonialismo, reparto de privilegios, beneficios tributarios, donaciones, impunidades, etc. como vehículo de la política, de este modo la corrupción abarca a toda la estructura y superestructura. Antes los neoliberales cooptaban a la izquierda a través de las asesorías, consultorías y ONG (los caviares), ahora les entregan partes subsidiarias y exiguas del poder a los nuevos parásitos a su servicio para que participen del saqueo de las arcas y también ofrezcan servicios a las empresas en el poder. Esta nueva situación es difícil de explicar por las complejas interrelaciones que se han creado con el cambio de funciones en el estado privatizado de la primera etapa. Otro hecho novedoso es que las grandes empresas que contrataron a las ONG y a los caviares, para amortiguar los golpes neoliberales y que heredaron a sus hijos la semilla de la corrupción; ahora las ponen a su servicio y muchas son reemplazadas por los nuevos trepadores, mediante la educación “chicha” produjo egresados mediocres dispuestos a ser sicarios para trepar en la escala social a través de la política creando mafias con los empresarios regionales y después “nacionales”. Esta vez la derecha decidió redistribuir limosnas de modo colectivo y delictivo (mochasueldos, privilegios: viajes, créditos, regalos, condecoraciones, etc.). Las grandes empresas en lugar de coimas personales hoy van más allá y entregan coimas institucionales.
Los nuevos protagonistas de este segundo momento reclutan a selectos antecesores de la primera fase, para reiniciar el saqueo. El juicio al primer fujimontesinismo llevo a la cárcel a unos 200 corruptos y quedaron otros 4 mil libres, que fueron sacando cabeza progresivamente reapareciendo como asesores, lobystas, gobernadores o alcaldes. Un ejemplo patético son los “Cuellos Blancos”, que controlaban el Consejo Nacional de la Magistratura para modificar leyes a favor de mineros y narcos, entre otras tareas. Y hoy ocultos o visibles, perseguidos o no, controlan todo el sistema judicial sin ninguna cortapisa y manejan este sistema reformado a su antojo, desde la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la corte suprema y las superiores, hasta jueces y fiscales superiores provinciales. Antes permitían la independencia de algunos fiscales y jueces como José Pérez y Vela Barba; algunos narcos pisaban la cárcel, aunque los sacaba la fiscal ad hoc, ahora son intocables; también aceptaban la presencia de opositores en la JNJ, hoy ya nada de esto es posible. Abiertamente, vuelven al funcionariado muchos de esos 4 mil delincuentes que quedaron libres y ocultos. Con Fujimori las impunidades eran otorgadas a los grandes corruptos, hoy existe un mercado de impunidades, se pueden comprar y vender. Otra particularidad es que las grandes empresas convocan a sus administradores en la gestión pública. Dina, que en el MINDIS ya obedecía a los lumpenburgueses y entraba en la gran corrupción, convoca a Otárola, un abogado que proviene de la defensa de trasnacionales (SPCC, Repsol, Coca cola) y lumpenburgueses como los del grupo Alicorp; pasa de ser un simple sicario, a escoger, bajo la jefatura de la mafia Confiep, a los funcionarios.
Y podemos seguir. Con esas adaptaciones. Comenzaron a influenciar en los gobiernos con las puertas giratorias y el muy criticado y destituido PPK fue la mayor expresión. Lo hacían ocultamente y nadie se enteraba. Hoy los grupos económicos tienen sus ministerios y hasta las superintendencias. Por ejemplo, es el caso de los grandes mineros ecocidas y saqueadores que tienen para sí el Ministerio de Energía y Minas, manejan todas las fases del proceso: exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales, hidrocarburos y biocombustibles. En sus manos están las regulaciones, la salida de minerales sin control de tipos, pesos, valores. Hasta el uso de los puertos o el control y monitoreo ambiental, que solo lo pueden hacer ellos mismos a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de las empresas de la gran y mediana minería que se financia con el Aporte por Regulación (APR) de las mismas compañías que pagan sus salarios una “contribución” tributaria que después es descontada de impuestos. Las regiones y poderes locales, las universidades u organismos civiles no tienen el respaldo jurídico y corren el riesgo de perder regalías o canon si se atreven a investigarlos. El sector minero y construcción fueron los modelos del que se derivó una práctica generalizada. El primero, controlado por la Sociedad de Minería y petróleo, y el segundo, concentrado en el Ministerio de vivienda y construcción, por los Graña y Montero, Cosapi y las trasnacionales de Brasil. El Club de la Construcción (Graña y Montero, Odebrecht y otros) asociado al capital financiero y a lavadores de activos tiene que ver con todas las carreteras, con 17 importantes peajes
Los nuevos altos funcionarios han trabajado y hecho méritos en la empresa privada, o les han prestado actividades subsidiarias a sus inversiones, como la Fiscal Benavides cuya empresa “Chihuan” da servicios mineros y atiende s su patrón Roque Benavides y a otras 6 de las grandes minas; u Otárola, que desde hace mucho descubrió que el trabajo como sicario de grandes mineros era de lo más rentable. Hoy las empresas contratan a políticos y profesionales de izquierda o a sus ONG convirtiéndolos en defensores (caso de ex congresista Richard Arce en las Bambas, o la ONG Labor) y contratan a congresistas desde que son candidatos al Congreso. Antes, los bancos se apropiaron de las pensiones -incluyendo a la policía- a través de las AFP Integra, Sura y otras ahora para paliar esta situación de miseria ampliada crea Soluciones Integrales contra la Pobreza para los sectores afines a ellos. Antes el presupuesto tenía cierta rigidez, hoy se transfieren partidas de acuerdo con el interés político. Los hospitales tienen un déficit de personal especializado, o las escuelas y universidades funcionan en la precariedad sin embargo, no se miden en el abandono de la salud o para quitarles recursos a las escuelas de artes para destinarlos a la compra de armas o en la entrega de dádivas a militares y policías. Y si es necesario, disponen de las reservas del BCR o endeudan al país. Los problemas que plantearon estas transformaciones también se expresan en la desatención a la irrupción masiva de la ciudadanía en la vida política; no fueron más allá de las derivas de integración sistémica corporativa, clientelar, de cooptación y verticalización en el uso de la política, hasta las pulsiones autoritarias y dictatoriales que dominan la política y conducen al caos gubernamental.
De este modo, los grupos de poder han creado sus falsos partidos y con ellos controlan ministerios e instituciones por sectores. Privatizaron al Estado, se aliaron a narcotraficantes y otras formas de economía ilegal (v.gr.Interbank-Cartel de Cali) e intervienen en el lavado de activos. Las superintendencias (Osiptel, Oefa, SBS, SUNEDU, etc) y las fiscalias manejan a su antojo cualquier irregularidad denunciada y de cuando en vez les cobran pequeñas multas. En esta etapa neoliberal 58 empresas de la CONFIEP tienen una falsa política social que es clientelar y politizada, orientada a los grupos afines o represores y dirigida por el MIDIS cuya ministra fue Dina Boluarte, acompañada por las mineras, los ministerios de defensa e interior y la banca: Interbank, Intercorp. La lumpen burguesía (los Benavides, Brescia, Rodríguez Pastor, Romero, etc.) no solo controla los ministerios en cada uno de sus sectores, sino que han creado fondo de donaciones -liberándose el pago de impuestos-.al Estado dirigida a la Policía Nacional, militares, a trabajadores de las fiscalías, a funcionarios de bajo nivel, etc. Se les otorga miles de becas, créditos para construcción de viviendas de hasta 40 mil dólares, donaciones. Contratan y subsidian a los medios, a las universidades privadas, hasta diseñan los currículos de competencias adaptadas a sus necesidades laborales. Se dan el lujo de financiar comedores populares, ONG contra el hambre, feministas, de DDHH, ambientalistas, grupos LGTBY y queer mientras no cuestionen al sistema responsable de situaciones de necesidades insatisfechas, ausencia de derechos y violaciones a sistemas de protección.
Antes renunciaban ante acusaciones graves como las que tiene Patricia Benavides, la Fiscal de la Nación (fabricación de títulos y relaciones comerciales estrechas con mineras como Shougang Group y Toromocho así como Buenaventura y E.Wong.), Dina Boluarte (plagio de libros, genocidio y otras 8 denuncias constitucionales como la de recibir sobornos y donaciones en campaña electoral de Castillo), o criminales como William Zapata, Otárola, Jorge Montoya o Cueto. Después, convirtieron en méritos los actos delictivos.
Uno de los logros de la derecha fue cooptar después de los caviares en el primer fujimorismo, a dos grupos enmascarados como izquierda: (Vladimir Cerrón) Perú Libre y el antaurismo (Antauro Humala). El primero que ya tenía relaciones con Dina Boluarte y las mineras, acusado de corrupción en su gobierno de la región Junín, y que solo por completar su lista electoral puso a Pedro Castillo como candidato a la Presidencia y después, ante la desobediencia de éste fue uno de los golpistas ocultos. El segundo, apenas llego la usurpadora al gobierno le rindió pleitesía, apartándose del pueblo y llevándose con él a los licenciados del ejército, del cual es su caudillo. la presencia de militares extranjeros tiene el objetivo de apoyar la represión de las protestas en el país, que ya eleva la cifra de muertos
Con las reformas estatales del neoliberalismo de tercera generación se da una fuga hacia adelante que consiste en radicalizar las fórmulas de la economía neoclásica y llevar la privatización a sus extremos, abriéndose nuevos espacios para el capital. Los productos de las dos primeras experiencias neoliberales se convierten en mercancías: la pobreza, la miseria y la ignorancia configuran la clientela más preciada en elecciones manejadas por los beneficiarios de aquellos cambios. La ciudadanía se transforma en capital humano, la flexibilización sería total y los desempleados también serán un negocio. El Consenso de Washington quedaría atrás pues de esa experiencia aparecen profetas mesiánicos, caudillos con recetas, psicópatas delirantes que también son producto del neoliberalismo, y mas aun cuando configuran su ideología basándose en el estudio de la economía neoclásica. A los criminales viejos negocios de los servicios públicos, de la salud, la educación, la vivienda, las comunicaciones, obras públicas, etc. ya convertidos en mercancías, se agrega la total privatización del Estado que incluye las cárceles, la policia, las universidades, hospitales, las instituciones de ciencia y tecnología, etc. Con ello crecería la inversión y el mercado, la oferta más rentable pasaría a manos de los monopolios del mercado de productos básicos, de combustibles, medicamentos, agro-insumos, vías, supermercados, etc. pero dejaria espacio para otros. Y, la demanda de consumidores generarian mayores ganancias, clientes que reemplazan a la ciudadanía; allí no existen derechos sociales, ni dignidad humana, ni ética, ni moral público-social,
Los déficit fiscales endémicos, imponen privatización de lo público y dominio pleno de la contratación pública corrupta. La pobreza y la miseria son el caldo de cultivo del conflicto social-económico-político, La política se trata de cómo desmontar sistemas de opresión y dominación, de un lado, o de cómo seguir reinscribiéndolos, del otro. No es disputa entre iguales, es lucha de clases.
En país caudillista, los pueblos se preguntan por quién votar, ¿si hubiese elecciones?, no hay un partido por cuál votar, y se repetirá la misma situación; buscar el mal menor. Otra interrogante más central es, si las instituciones (ejecutivo, FFAA y PP, sistema judicial, congreso, burocracia), están podridas ¿qué hacer?, ¿bastará con la constituyente?. O necesitamos destruir a este Estado colonial y a su régimen cacocrático y mafiocrático.? Comencemos por crear el poder destituyente y elaborar un programa en aras de la república de nueva democracia desde abajo, como fase de un largo proceso que conduzca al fin de las clases y el Estado.
Nota:
[1] Ibid. p. 130.
Jorge Lora Cam. Doctor en Ciencias Políticas (UNAM)
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