Han pasado dos años de la noche en que hombres fuertemente armados, vistiendo uniformes policiales, irrumpieron en la comunidad de Triunfo de la Cruz y se llevaron de sus casas a Sneider Centeno, presidente del patronato, Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Róchez, jóvenes activistas y defensores de las tierras garífunas.
Los cuatro son miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas y su desaparición forzada sigue impune.
“Municipalidades y gobierno central son las entidades que han querido desbaratar a las comunidades garífunas. Hemos visto como nos han criminalizado, asesinado, por ser acreedores de nuestras tierras ricas, donde queremos producir nuestro alimento”, denunciaba Centeno dos semanas antes de ser desaparecido.
Durante estos dos años, la Ofraneh ha denunciado la inercia, el secretismo y la falta de independencia de las autoridades públicas y judiciales, así como el veto puesto al Comité garífuna de investigación y búsqueda de los desaparecidos de Triunfo de la Cruz (Sunla).
El objetivo del Sunla (‘Basta ya’ en garífuna), instancia integrada por expertos nacionales e internacionales interdisciplinarios en diferentes áreas, es investigar, buscar y hallar a los jóvenes, identificando a los responsables de su desaparición.
La combativa organización garífuna condenó también los intereses del gran capital nacional y transnacional, coludido con la política tradicional corrupta, por estas tierras ancestrales, donde pretenden impulsar y ampliar proyectos extractivistas, agroindustriales, turísticos.
Hay que romper con el pasado
En múltiples ocasiones, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, ha condenado con fuerza el hecho de que el régimen de Juan Orlando Hernández se negase a reconocer que se trataba de un caso de desaparición forzada.
“Honduras es un Estado fallido, con un sistema judicial racista, al servicio de los que tienen el poder económico, donde impera la corrupción y la impunidad, donde se persigue, criminaliza y asesina a las y los defensores de los territorios y los bienes comunes”, dijo hace unos meses a La Rel.
“Un Estado totalmente irresponsable que ya fue condenado por la Corte Interamericana (CorteIDH) por violentar los derechos de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra”, agregaba.
Dos años después de la desaparición forzada de los jóvenes defensores de los territorios garífunas y casi seis meses después de asumir el gobierno de Xiomara Castro, la Ofraneh pide a las nuevas autoridades una muestra clara, coherente y contundente de ruptura con el pasado.
“Hace dos años se perpetró uno de los mayores ataques contra nuestro pueblo. Una operación dirigida contra el presidente del patronato, Sneider Centeno y otros tres compañeros. ¡Exigimos respuesta del Estado! ¡Exigimos cumplimiento de las sentencias de la Corte! ¡SUNLA LE!”, exigió Miranda desde las redes sociales.
Fuente: Rel UITA
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