Las últimas noticias figuran un escenario cada vez más caótico en Europa. Grecia, vendida por algunos millones al Fondo Monetario Internacional (FMI); España, previsoriamente estancada de aquí a los próximos dos años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Italia y Portugal con reducciones presupuestarias en el área social y tasas […]
Las últimas noticias figuran un escenario cada vez más caótico en Europa. Grecia, vendida por algunos millones al Fondo Monetario Internacional (FMI); España, previsoriamente estancada de aquí a los próximos dos años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Italia y Portugal con reducciones presupuestarias en el área social y tasas históricas de desempleo.
Grecia, por ejemplo, apenas ha comenzado a ver las consecuencias sociales y políticas del elevado desempleo y los recortes salariales. Un ejemplo claro es el considerable crecimiento que el partido nacional socialista está teniendo, no sólo en sus aspiraciones electorales sino también políticas; y llama a preocupación que el mismo sentimiento xenófobo ha sido reseñado en España y en el triste discurso electoral de Sarkozy.
La reivindicación específica de cada país, o de cada bloque subregional, frente al poder dominante de Alemania podrá romper lazos importantes en el futuro próximo, sobre todo con el escenario que se presenta tras la llegada al poder de François Hollande en Francia, que ha planteado una postura contestataria a las medidas de ajuste que se estaban implementando en España. Sin embargo, ello dependerá, en cierta medida, del margen de maniobra que el gobierno de Hollande adquiera tras las elecciones legislativas que se avecinan, sobre la tendencia que siga el ajuste estructural en los demás PIGS (hay que recordar que Portugal e Irlanda obtuvieron una calificación favorable en la evaluación del FMI).
Ese es el contexto en que en los próximos años -con lo irreal que pueda sonar la palabra «años» cuando segundo a segundo la marea se agita y terriblemente golpea al viejo continente, amenazando con hundirlo-, en ese contexto se jugarán los minutos decisivos en materia de políticas públicas. En el momento presente, los rines de debate son las políticas fiscal y monetaria; sin embargo, comienza a perfilarse la relevancia que podrá tener la política comercial sobre todo de cara a la crisis de hegemonía de los Estados Unidos. En este sentido, es que debe pensarse el Acuerdo de Asociación (ADA) que la Unión Europea tiene primariamente firmado con Centroamérica.
El ADA había venido negociándose desde los tiempos de la administración Saca, con el pretexto de que este acuerdo ponía en la agenda de un socio estratégico, defensor de los derechos humanos y alejado de la visión mercantilista de los Estados Unidos, las necesidades e intereses de las naciones centroamericanas. Además, claro está, de generar beneficios en materia comercial como la apertura de nuevos mercados y nuevos canales de recursos.
La negociación del ADA se término a mediados de 2010, y se firmó en mayo de 2011 un texto de acuerdos básicos que será ratificado por los Estados firmantes a finales de junio del presente año. Después de ello, los órganos legislativos de cada país deberán ratificar el acuerdo y establecer el inicio de su entrada en vigencia.
El ADA no es más que otro Tratado de Libre Comercio (TLC); es decir, no es más que un mecanismo para liberalizar los mercados de bienes y servicios así como los flujos de inversión directa o de cartera. En los discursos oficiales el ADA se ha vendido como un acuerdo de notorias diferencias con los tradicionales TLC’s. Las diferencias sustantivas radican en que el ADA contempla, además del eje de comercio e inversión, los componentes de diálogo político y cooperación para el desarrollo. Sin embargo, los informes de las rondas de negociación hablan mejor que los políticos de turno: el informe de la última ronda de negociación, fechado en mayo de 2010, muestra menos de una página dedicada a los acuerdos en materia de diálogo político y cooperación, mientras que el 90% del documento se dedica a la parte comercial.
Por ejemplo, en el caso del componente de diálogo político se sostiene que «el Acuerdo […] prevé una coordinación extensiva de posiciones con vistas a desarrollar y defender valores e iniciativas comunes ante los foros internacionales, incluyendo el ámbito de la política exterior y de seguridad»1. Es decir que se asumen agendas y posiciones comunes, a pesar de que estructural y políticamente son regiones distintas (por ejemplo, la diferencia que se deriva del distinto momento en que cada una se encuentra con respecto al proceso de integración económica) y a pesar de que el papel que cada región juega a nivel mundial son claramente diferentes y, en ciertos casos, hasta contradictorios. Así, el componente de diálogo político se perfila inequívocamente sesgado a los intereses geopolíticos de la Unión Europea y a sus estrategias de alianzas que vayan legitimando su política hegemónica.
En el componente de cooperación, el ADA establece «una amplia cobertura que permitirá una intensa cooperación en múltiples áreas»2. Lo que prácticamente no significa nada pues cabe cualquier cosa. Son estas premisas demasiado ambiguas las que reseñan la poca importancia que en las rondas de negociación tuvieron las necesidades concretas de las naciones centroamericanas.
Por el contrario, el componente comercial resulta ser el más desarrollado en las negociaciones, conteniendo de manera bastante precisa los acuerdos en materia de acceso a mercados, reglas de origen, aduanas y facilitación del comercio, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, comercio y competencia, contratación pública, propiedad intelectual, servicios e inversión, solución de controversias, integración económica regional, y todos los mecanismos específicos que estas áreas requieren. De este modo, el desequilibrio entre cada uno de los componentes es notable, donde el sesgo comercial evidencia el carácter mercantilista del ADA.
En el contexto de la crisis europea, el ADA serviría como mecanismo para repotenciar la acumulación capitalista en las economías europeas. Con la apertura de los mercados se amplía la órbita de circulación de las mercancías producidas en Europa, potenciando la realización del plusvalor y reduciendo, por tanto, los riesgos de una crisis de realización. No obstante, en el fondo de la disparidad entre oferta y demanda se encuentra la crisis de valorización a la que inercialmente tiende el modo de producción capitalista, esto está signado por la tendencia del capitalismo a ser expulsor neto de fuerza de trabajo sustituyéndola por medios de producción altamente tecnificados; como la composición orgánica aumenta, se reduce la tasa de ganancia, es decir la rentabilidad de las inversiones.
Además, los mercados de bienes y servicios en Centroamérica no representan ni la mitad del mercado de los países más pobres de la UE. No es que a la UE le interese migrar y realizar la plusvalía que en sus mercados interiores no pueden; sino que, más bien, el interés está centrado en la liberalización de las inversiones. Al liberar las inversiones directas y de cartera, los capitales europeos poseen entrada para controlar recursos medioambientales y espacios geopolíticos relevantes, poseen entrada a economías con regulaciones laborales más débiles, con menos obligaciones fiscales, con más oportunidad de avasallar los puestos del aparato estatal para disminuir sus costes de transacción, entre otras cosas.
La liberalización de las inversiones mejora la rentabilidad de los grandes capitales. Podría argumentarse que el ADA es un acuerdo entre países o, más precisamente, entre Estados y no entre empresas; sin embargo, no es posible desligar el accionar de los Estados de las grandes corporaciones multinacionales. Y, en efecto, las empresas multinacionales, con capacidad de aprovechar los acuerdos comerciales serían los canales para refuncionalizar las transferencias de valor y el medio para potenciar ese canal sería el ADA.
De hecho, la semana pasada el gobierno español anunció un trato fiscal preferente para las empresas que repatriaran utilidades; ello muestra que el valor producido en la periferia sería inyectado en las economías europeas para fortalecer el proceso de acumulación del capital y mantener algunas prerrogativas del Estado de Bienestar, que el proceso de ajuste está desbaratando en toda Europa. Aunque se ha señalado que Europa vive hoy algo a lo que América Latina ha terminado por habituarse, el ajuste no tendrá los mismos efectos devastadores en el plano social: la succión de valor que se podría operar en la dirección periferia-centro, vía las utilidades de las multinacionales, serviría de amortiguador de la gran crisis social que se avecina en los países más débiles de la Unión Europea, como España y Grecia.
Así las cosas, para Centroamérica en particular, «ser beneficiado con el ADA» no significa sino correr con la mala suerte de ayudar a costear la crisis en que la burguesía europea tiene sumidos a millones de personas. Suscribir el ADA abre una fuente de explotación y expropiación de nuestros recursos que vendrá a sumarse a la válvula de escape abierta por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA-DR).
Con el ADA no tenemos nada que ganar, sólo más cadenas.
Notas:
1 Comisiones de negociación del ADA. Informe de resultados de las rondas de negociación del ADA. Pág. 1. Disponible en: http://www.aacue.go.cr/informacion/rondas/CA-UE/Cierre/2010-05-18%20Principales%20Resultados.pdf.
2 Ibíd. Págs. 1 – 2.
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