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El color de la tierra emerge en Perú

Fuentes: Rebelión

Conocer Perú es una historia de contrastes. Contrastes entre ciudades, entre razas y etnias, entre la ínfima minoría de ricos y la masa de pobres. En la capital, Lima, se dan todos ellos: más de 9 millones de habitantes, casi un tercio del país, se concentran en esta urbe, rodeada por cientos de miles de […]

Conocer Perú es una historia de contrastes. Contrastes entre ciudades, entre razas y etnias, entre la ínfima minoría de ricos y la masa de pobres. En la capital, Lima, se dan todos ellos: más de 9 millones de habitantes, casi un tercio del país, se concentran en esta urbe, rodeada por cientos de miles de infraviviendas, construidas por habitantes de las regiones del interior y del sur que emigraron hacia Lima en busca de trabajo o huyendo del conflicto armado que sufrió el país en los años 80 y 90. El poder político y económico se concentra aquí; las particularidades del país y, una vez más, sus contrastes, hacen que sea posible que un político despreciado por la inmensa mayoría de la población, Alan García, que pierde en todas las regiones de Perú, sea Presidente por su victoria en Lima. García ya fue Presidente de Perú entre el año 85 y 90 y su mandato se caracterizó por numerosos escándalos de corrupción y por el uso indiscriminado del terrorismo de Estado. Terminó huyendo del país, dejándolo sumido en la miseria al tiempo que su cuenta corriente se llenaba de ceros en un banco de Suiza. Tras la década de brutal ajuste neoliberal y política dictatorial de Fujimori, en la que los partidos desaparecieron del mapa por el descrédito absoluto que habían contraído, y tras salir del poder, nuevamente, con millones de dólares del erario público y con un rastro de sangre y muerte, llegó la etapa de Alejandro Toledo, que se presentaba como el primer presidente de origen indígena de Perú. El continuismo de las políticas liberales fue total. Y, en el 2006, regresó de nuevo el inefable Alan García, aupado por su partido, el APRA, y de la mano de la derecha radical y el fujimorismo en una segunda vuelta en la que se impuso al candidato de la izquierda, Ollanta Humala. La izquierda política de Perú lleva sumida en el descrédito más absoluto desde hace décadas. En algunos casos, por la asimilación de toda la izquierda que se hacía desde el poder de los atentados de Sendero Luminoso y en otros, por la falta de consistencia de recomposiciones como Izquierda Unida y la cooptación constante por parte de la oligarquía de figuras destacadas de la izquierda peruana. Sirva como ejemplo el caso de Yehude Simón, Primer Ministro de Perú hasta julio de este año y máximo representante de Patria Libre, brazo político del MRTA, en los 90.

Los 3 años de mandato de García han profundizado las políticas neoliberales de la época de Fujimori y Toledo, aunque el papel de sumisión total a los intereses de EE.UU en la zona (cuyo último episodio ha sido el apoyo al establecimiento de bases militares norteamericanas en Colombia) le convierten , si cabe, en un aliado más estrecho de los intereses del imperialismo yanqui de lo que lo fueron sus predecesores.

El gobierno de García se ha enfrentado en los últimos tiempos a protestas de los transportistas, los trabajadores de la sanidad y de los maestros, aunque todas son sistemáticamente desacreditadas por partidarios del Gobierno y la mayoría de los medios de comunicación bajo el califcativo «chavistas».

Respuesta Indígena

Pero el desafío mayor al que se ha enfrentado el ejecutivo peruano en este periodo ha sido la lucha de los pueblos indígenas del Amazonas contra los decretos legislativos que permiten a las multinacionales explotar los recursos naturales de la selva, gas y petróleo fundamentalmente. La resistencia indígena empezó en agosto de 2008, cuando el movimiento consiguió frenar dos decretos legislativos que permitían la extracción de recursos naturales de la selva a las grandes empresas. Como resultado de esa lucha victoriosa, se nombró una comisión parlamentaria para analizar otros decretos cuestionados relacionados con la implementación del Tratado de Libre Comercio con EE.UU, auspiciado por García desde su llegada al poder. La citada comisión dictaminó que ocho decretos eran anticonstitucionales y que vulneraban el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero las conclusiones de este informe fueron ignoradas desde el mismo momento de su aprobación y los decretos continuaron vigentes.

Masacre en Bagua

El 9 de abril de este año, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) reinició la lucha, bajo el liderazgo de Alberto Pizango. Tras meses de tensión, el día 5 de junio el gobierno de Alan García mandó a la Policía Militar que cargara contra los piquetes que bloqueaban la carretera de Bagua, al norte del país, ciudad que marca la puerta de acceso a la selva amazónica y, por tanto, a las zonas donde se puede extraer el petróleo y el gas que tanto ambicionan las multinacionales. El despliegue militar de policía armada, helicópteros y miembros de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) no intimidó a los indígenas, pero el precio pagado por su osadía fue alto: un número indeterminado de asesinados (se estima que más de un centenar). La respuesta de las comunidades amazónicas no se hizo esperar: 20 policías de las comisarías de Bagua fueron ajusticiados. Los cuerpos de los nativos fueron incinerados para no dejar pruebas del crimen durante el toque de queda dictado por el Ejército tras la matanza.

El fatal resultado del enfrentamiento hizo retroceder momentáneamente al gobierno, que ordenó a su mayoría congresual (formada por un bloque entre el APRA de García, la muy derechista Unidad Nacional y el partido de la hija de Fujimori) derogar 2 de los 8 decretos legislativos cuestionados por los indígenas, los referidos a la tierra y la flora y fauna amazónica. Además, el gabinete dirigido por el Primer Ministro Yehude Simón tuvo que dimitir ante el escándalo internacional que provocó la matanza. Pero García solo quería ganar tiempo y, seguidamente, ordenó la detención del líder de AIDESEP, Alberto Pizango, que pudo escapar del asedio policial refugiándose en la Embajada de Nicaragua, desde donde pudo salir hacia ese país como asilado político. Paralelamente, García escribió un artículo en el que sostenía que la revuelta estaba organizada por Hugo Chávez y Evo Morales y volvía sobre su antigua consigna que asemejaba a los indígenas amazónicos con el «perro del hortelano» ya que no explotaban los inmensos recursos naturales de su tierra pero tampoco permitían a otros explotarlos.

El nuevo gabinete dirigido por Velásquez Quesquén dejó bien a las claras sus intenciones desde el mismo momento de su llegada: Una de sus primeras decisiones fue crear una AIDESEP fantasma, presidida por un renegado amazónico, Alexander Teeps, que no puede entrar en las comunidades, para intentar debilitar, fragmentar y derrotar la resistencia indígena. No lo consiguió. AIDESEP es una organización que agrupa a 1350 comunidades, 68 federaciones y 8 organizaciones regionales en la que se encuentran representados decenas de miles de indígenas. Las órdenes de detención contra varios dirigentes de AIDESEP, el exilio forzado de Pizango y el estrangulamiento económico y político de la federación indígena han supuesto un desafío enorme para el movimiento, el cual, no obstante, está resistiendo y anuncia nuevas movilizaciones y bloqueos en la Selva para finales de septiembre. Su reclamo sigue siendo explícito: derogación irrevocable de todos los decretos sobre la Selva, ligados al Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU, libertad inmediata para todos los indígenas detenidos tras la masacre de Bagua y retorno sin cargos del Presidente de AIDESEP, Alberto Pizango.

Entre los movimientos sociales de Lima, se ha puesto en marcha una campaña por el retorno libre de Pizango y se creó también un Comité Internacional presionar fuera de Perú con el objetivo del regreso sin cargos de Pizango a Perú, en el que participo junto con algunos militantes de Izquierda Anticapitalista que hemos estado este verano en Perú. La confluencia de sindicatos de transportistas, de la sanidad, de movimientos antiglobalización y juveniles con la lucha de los indígenas a través de estos comités y campañas pueden ser el inicio de una coordinación más estrecha que acabe teniendo una perspectiva política.

Perú es un país de contrastes. Lima y Cuzco parecen dos países distintos. El pueblo peruano tiene un sentido fatalista de su propia existencia: todos se critican por falta de coraje para poner coto a los desmanes que provocan la oligarquía y sus representantes políticos. Pero en la Selva ha empezado un movimiento que puede desafiar la lógica derrotista del pueblo. La vanguardia de la lucha ya no está solo pintada de rojo sino que es polícroma pero, entre todos ellos, prevalece uno: el color de la tierra.