La caída de PPK (precedida por dos semanas de crisis de poder), fue, por un lado, un subproducto de la movilización de masas (magisterio, juventud, campesinos de la papa, pueblo contra indulto a Fujimori, etc.), y por otro, del affaire Odebrecht. El ascenso al poder de su vicepresidente y ex embajador en Canadá, Martin Vizcarra, […]
La caída de PPK (precedida por dos semanas de crisis de poder), fue, por un lado, un subproducto de la movilización de masas (magisterio, juventud, campesinos de la papa, pueblo contra indulto a Fujimori, etc.), y por otro, del affaire Odebrecht.
El ascenso al poder de su vicepresidente y ex embajador en Canadá, Martin Vizcarra, se dio en medio de estas contradicciones y con el apoyo de la embajada yanqui (con el fin de mantener la continuidad de la diplomacia del «change regime» en Venezuela y su estrategia de bloquear a China), las FF.AA. y el aprofujimorismo. Y cuando la crisis se profundizó (Lavajuez), Vizcarra se vio obligado a romper el co-gobierno con Keiko para pasar a la confrontación. El Plan B del vizcarrismo era, confrontación con el odiado Congreso y referéndum, para bonapartizarse (concentración del poder para manejar la justicia contra la oposición), y así pasar a la ofensiva, con la agenda del paquetazo pro FMI y patronal. No obstante, el Acuerdo con Odebrecht y las colaboraciones eficaces, lo terminaron embarrando más, profundizando la crisis política. En otras palabras, bajo este régimen en descomposición capitalista, la crisis retroalimenta la crisis. Asistimos al derrumbe del régimen político y a una nueva etapa de transición política e histórica.
Es por estas razones, que, es un lugar común escuchar a los diversos analistas de izquierda, centro y derecha, hablar de la caducidad política del aprofujimorismo y de ¿quién capitalizará sus votos? «No cabe duda de que estamos viviendo el fin de los partidos políticos que gobernaron el país o lideraron el Congreso desde el 2001″, declaró el analista Alfredo Torres (El Comercio, 23/12/18).
Cuestión que se ha expresado de alguna forma en las últimas elecciones locales donde los «viejos» partidos han sido barridos del escenario político nacional. Los únicos partidos que han sobrevivido a la crisis, por ahora, han sido los centroderechistas Acción Popular (AP), y Alianza Para el Progreso (APP), los cuales, junto con el Partido Morado de Julio Guzmán, se perfilan como las cartas del recambio burgués. Por su lado, y sin todavía la confianza de los poderes facticos, está la izquierda liberal o democratizante (y sus diversas articulaciones), pero que tiene a Verónica Mendoza como figura principal (consiguió aprox. 2 millones de votos en el 2016). Antauro Humala, que a capitalizado el voto radical, todavía es una incógnita, por seguir preso y porque a pesar de estar a punto de cumplirse su carcelería (debido a beneficios penitenciarios), pues, la derecha lo ve con desconfianza por su pasado como conspirador etnocacerista.
AP y APP, quieren «pasar piola»
Y si bien es cierto que la CONFIEP y los Mass Media apuestan por AP, pues, no la tienen segura todavía. Y es que lo que no señalan interesadamente es que tanto AP como APP han sido parte del régimen político por el co-gobierno en el Congreso donde estos partidos fueron parte de las Juntas Directivas o aprobaron las leyes pro patronales, bajo la línea de la constitución espuria de 1993.
Y en efecto, durante todo este tiempo, el Congreso, a pesar de pérdidas fiscales en el 2017 por 25 000 millones de soles, ha sido comparsa de las políticas de los gobiernos de turno desde el 2001, que han multiplicado la deuda externa (pública y privada), aprobado las exoneraciones tributarias a las transnacionales por 15 000 millones de soles (28/08/17), favorecido a las empresas chilenas que manejan las AFPs, incremento del IGV en 1%, etc. Similarmente, durante el gobierno de Ollanta Humala, en octubre del 2014, se aprobó la Ley Oviedo, a favor de las empresas azucareras, con el voto de 71 congresistas (de 83 presentes en el Pleno).
Por otro lado, hay que recordar las sucesivas facultades legislativas que el Congreso le otorgó al Poder Ejecutivo en aras de la «gobernabilidad y el progreso». » Muchísimo menos tiempo necesitó el Ejecutivo. Sus 121 proyectos fueron leyes en 131 días. Son discutidos rápidamente. El Congreso los tramita y los aprueba en gran medida», redactó La República (28/09/18).
En este contexto, la designación del «outsider» Salvador Del Solar como premier, opera como un mecanismo político de salvataje del régimen político burgués de su completo derrumbe. Y es que Salvador es un actor popular, que si bien es cierto plantea consignas como «equidad de género», que podrían ubicarlo dentro del campo del «marxismo cultural», y mantiene un perfil ambiguo de «ética antifujimorista» (renunció a Ministro de PPK por el indulto de éste a Fujimori a la vez que entregó la cabeza de su director del Museo de la Memoria Guillermo Nugent por presión del fujimorismo), a la vez, se reclama de centro de derecha y reivindica el libre mercado esgrimido en la constitución dictatorial del fujimorismo.
¿Podrá Salvador superar el derrumbe del régimen político?
No cabe duda que la jugada de ajedrez del Vizcarrismo ha sido hábil en iniciativa política al buscar un poco de equilibrio coyuntural entre grandes desequilibrios (corrupción, ralentización económica, fracaso de la diplomacia pro yanqui en Venezuela, estallidos sociales en la sierra y selva, deficiencia para atener el fenómeno del niño, baja de popularidad en más de 10% en dos meses, migración venezolana, etc.).
Con Salvador, en el premierato, bloquean al «pueblo antiaprofujimorista», y con su derechismo económico, contentan a los poderes fácticos. Por eso, cuando Roque Benavides declara que, «No sé qué tanta capacidad de gestión tiene el señor Del Solar. Es evidente que su profesión es más artística que de gestión… «, (diario Gestión, 12/03/19), lo hace para tener la certeza de que Salvador está alineado con la patronal y que no va tocar la evasión tributaria (que es un delito). Lo de la ley contra la Elusión tributaria de los poderosos empresarios es puro fuego artificial (al final incluso la pueden aprobar, pero con artimañas como pasó con la ley de inteligencia financiera).
A esta cuestión hay que agregar que el premier asume su cartera con una economía «neoliberal» desacelerada, un crecimiento del PBI que bajó del 8.78% en el 2009 al «3.5%» en el 2018, con un sistema financiero que a pesar de exorbitantes tasas de interés no juega un rol de inversión productiva como antaño, y con un 43.5% de niños con anemia. Esto debido a la anarquía y el carácter primario exportador de la economía, donde existe una fuga de capitales por miles de millones de dólares y una política de confiscación del salario de las/os trabajadoras/es a través de los impuestos al consumo como el IGV, etc.
De esta forma, la designación de Salvador se da en un contexto de mucha polarización y explosividad social, para el cual, el premier, va a necesitar ser más que un buen actor. Actualmente, se vive una dictadura contra el pueblo de Fuerabamba (en Las Bambas), que está bajo Estado de emergencia (casi dos años y con el aval de los partidos del Congreso), y con una huelga comunitaria de más de un mes demandando una compensación a la transnacional minera china por el uso de su territorio para trasladar carga mineral pesada. Y así como esta protesta (que los Mass media esconden), existen casi 200 conflictos sociales (la mayoría por asuntos medioambientales que no respetan las mineras), una bancada oficial y un Congreso balcanizado, y la convocatoria a una Jornada de Protesta de la CGTP para el 3 de abril demandando el archivo del DS 365 por ser pro FMI, antilaboral y antidemocrático.
Y es que el derrumbe del régimen está vinculado a una economía capitalista que, con su modelo neoliberal, lo que ha generado en casi 30 años, es más injusticia, desempleo (más de 300 mil jóvenes profesionales ingresan cada año al mercado de desempleados), y miseria. Así las cosas, Salvador, no va poder superar el derrumbe del régimen político, pero si dilatarlo, como viene haciendo hasta ahora Vizcarra.
Las contradicciones del Acuerdo con Odebrecht y un nuevo pacto en marcha
El pacto en las alturas pre Acuerdo con Odebrecht, tenía como fin «terminar de enterrar al cadáver insepulto del aprofujimorismo». No obstante, el rabo de paja de Vizcarra (¿por eso ha cuestionado que es muy poca la indemnización de Odebrecht?), como hemos señalado en reiteradas notas, le ha pasado factura al presidente y le ha permitido pasar a la ofensiva a la oposición (por eso Vizcarra no llamo a movilizarse contra la salida de Carhuancho y el aprofujimorismo alcanzó la votación para interpelar al Ministro de Justicia como una estrategia de asegurar su negociación política), y el gabinete de Salvador Del Solar, expresa, una señal en el camino de la concertación y del borrón y cuenta nueva.
«…No. No concuerdo con sus planteamientos. Organicé la Marcha de los Cuatro Suyos, pero eso no me impide hablar con los fujimoristas… No queremos más confrontación…», declaró el recién estrenado Ministro de Vivienda, Carlos Bruce (Entrevista por Mariela Balbi, diario Perú21, 17/03/19).
Por su lado, el connotado periodista César Hildebrant, que en un principio alimentaba esperanzas en la gestión anticorrupción de Vizcarra, acaba de redactar, «Ha sido un gran error del presidente Martin Vizcarra nombrar primer ministro a Salvador Del Solar. El señor presidente cree que ha llegado la hora de conciliar con la madriguera del Congreso…», (Semanario Hildebrant en sus Trece, 15/03/19).
Entonces, el impase del gobierno se debe, a la falta de confianza política para llegar a un nuevo Pacto (por eso la diletancia en las declaraciones de Barata), y al temor a la irrupción de las masas laboriosas en la escena política nacional con sus propios métodos de lucha.
Así las cosas, la discusión ahora es, por un lado, si siguen con la guerra política en las alturas hasta las elecciones del 2021 o mantienen presa a Keiko (ya el Ministro Bruce ha declarado que le parece demasiada carcelería para Keiko), y colocan a alguien más en la lista como Ollanta, Susana o Castañeda (que no tienen congresistas pero si aliados en el Legislativo y Ejecutivo), como concesión «ética» a las masas, y por otro, la urgente unidad de las fuerzas políticas para imprimirle una derrota humillante a las/os trabajadoras/es con el segundo paquetazo pro patronal que es un salto cualititativo similar al del fujimorismo primigenio al privatizar el agua y arrebatarle a la clase obrera el derecho al trabajo y su reposición (o indemnización por despido injustificado o arbitrario), disminución del salario en provincias, entre otras conquistas sociales.
Este será un proceso complejo y contradictorio. Vivimos una dinámica de derrumbe del régimen político (como expresión de la decadencia del sistema del capital que ya no está en condiciones de dar concesiones a las masas por la crisis mundial y la reversión de la tasa de ganancia), que se caracterizará por el impacto de la crisis mundial y la dinámica de la «revolución bolivariana»; la resistencia a morir del aprofujimorismo; de deslinde hipócrita de AP y APP con el régimen político; del surgimiento de nuevos actores derechistas, como Guzmán, que en un año preelectoral, van querer marketearse como «outsiders»; de una vieja izquierda «comunista-liberal» también salpicada por la crisis (por la gestión municipal de Susana Villarán); de una burocracia sindical que de no confrontar decididamente contra el régimen, a través de un Plan de Lucha serio y organizado, terminará más desgastada; de tendencias a la reacción y a la rebelión popular; de ambivalencias programáticas y de adaptación al Estado burgués por parte de la izquierda liberal o «democratizante» (como lo que le pasó a Lula, Rouseff y el PT en Brasil); y de la emergencia de nuevos colectivos, agrupamientos jóvenes y movimientos sociales, que quieren ser parte de la nueva transición histórica.
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