Con el apoyo estratégico de la Casa Blanca, el Gobierno de Puerto Rico ha desatado una contraofensiva en múltiples frentes que barrería los focos de resistencia estudiantil, sacaría del panorama al independentismo.
Con el apoyo estratégico de la Casa Blanca, el Gobierno de Puerto Rico ha desatado una contraofensiva en múltiples frentes que -de tener éxito- barrería los focos de resistencia estudiantil, las protestas ambientales, sacaría del panorama al independentismo y neutralizaría como actores sociales a los sindicatos y demás grupos de la llamada sociedad civil.
Sin embargo, la inestabilidad política y económica, así como una dramática tendencia de alza en la actividad criminal, se combinan con las bajas meteóricas en la popularidad del Gobernador Luis Fortuño para servir de marco incómodo para el intento de cambiar las bases de la vida institucional en esta nación isleña del noreste del Caribe, equidistante de Guantánamo y de Caracas.
Hasta ahora, el foco principal de las acciones del Estado, que ha reclutado a su favor una amalgama de sectores de derecha e izquierda, es la persecución policíaca y judicial del liderato estudiantil insumiso. El proceso se aprovecha para sentar las bases de restablecer como legítimas la vigilancia y el acecho de ciudadanos que no han delinquido pero que se arriesgan a participar en actividades de protesta.
En uno de los casos más dramáticos de esa tendencia, una juez de instancia aprovechó el momento de condenar a varios miles de dólares de multa al conocido activista ambiental Alberto de Jesús «Tito Kayak» -imputado de decirle «me cago en tu madre» al policía que le perseguía durante una protesta estudiantil- e indicó que tenía que advertir que no hay nada de malo en que los policías sometan ciudadanos a persecución y vigilancia sin que medie causa o sospecha de delito. Casi a la vez que se producía la expresión judicial, el jefe de la Policía nacional, José Figueroa Sancha, anunciaba que hace un mes se implantó un reglamento para grabar con cámaras a los asistentes a protestas y otras actividades públicas, videos que se mantendrán por varios años en la bóveda de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Estratégicas.
La aprobación del reglamento, primero confidencialmente y ahora de conocimiento público, se produjo un día después de un motín en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, en el cual se documentó con fotos la presencia de policías motorizados y un oficial uniformado de alta gradación. De ese disturbio también han surgido informes de que agentes encubiertos de inteligencia policial tomaron parte en la agresión a guardias universitarios.
El motín produjo reclamos públicos airados contra los estudiantes, pero los informes sobre participación de la Policía nacional en el suceso no han producido denuncias notables. De igual forma, el anuncio de la jefatura policial sobre la vigilancia electrónica de los ciudadanos tampoco enfrenta objeciones que hayan tenido mayor trascendencia pública.
Tampoco ha motivado mayor interés público que dos días después de aquel motín quedaron sin efecto los contratos laborales de los trabajadores del gobierno central, quienes se han mantenido en ese limbo por más de cuarenta días. La Legislatura aprobó extender los contratos por dos años, pero el Gobernador Fortuño lo vetó para que se le hagan enmiendas técnicas, lo que tendrá el efecto de que la medida de gracia esté de nuevo en su escritorio días antes del Primero de Mayo, para cuando está convocada una protesta masiva contra la construcción de un gasoducto en la que se supone tengan una participación destacada esos mismos sindicatos.
La Legislatura tiene ante sí también una medida para abolir las colegiaciones compulsorias de actores, electricistas, ingenieros, arquitectos y otras similares, como ya se ha hecho con el Colegio de Abogados, que lucha por tratar de evitar el embargo de su edificio y hasta el momento no ha logrado que la clase togada aporte los millones de dólares necesarios para salvar su sede.
En la otra cara de la moneda, los estudiantes alzados han aprovechado el cerco de silencio que les ha tendido la prensa nacional para reorganizar sus fuerzas sin que se conozca públicamente cómo lo están haciendo. Además, están sentando las bases para impugnar judicialmente el secreto con el que se maneja el tesoro de la Universidad de Puerto Rico ante informes de testigos que alegan que la institución tiene una cartera de cientos de propiedades inmuebles por todo el país, de la cual dispone sin escrutinio público y vende fincas y edificios a precios muy por debajo del valor de mercado mientras carga a los estudiantes con aumentos de pagos por matrícula que ya han tenido el efecto de dejar fuera de las aulas a miles de muchachos pobres.
El país tuvo dos oportunidades recientes para constatar que el alzamiento universitario sigue bajo cuerdas cuando a principios de mes los empleados administrativos lograron la paralización de los once recintos del sistema de la UPR y echaron así por tierra la pretensión de que aceptaran el papel de rompehuelgas. La segunda ocasión fue durante la visita de un grupo evaluador de la entidad acreditadora estadounidense, durante la cual profesores, empleados administrativos y estudiantes lograron una denuncia casi unánime contra la rectora de la UPR en Río Piedras, Ana Guadalupe, que terminó responsabilizada en el informe por la falta de gobernanza democrática en la institución.
Pero de inmediato hay asuntos más apremiantes en el debate público, como la explosión de asesinatos que amenaza con cerrar el 2011 como el más violento de toda la historia, con más de 1.100 muertes violentas. En el pasado remoto quedaron, no sólo las primeras décadas del siglo pasado con escasas decenas de asesinatos anuales, sino también desvanecido el recuerdo de mediados del siglo XX, cuando el establecimiento del régimen autonómico estuvo acompañado de casi veinte años de baja relativa en la violencia homicida.
Ahora, en la continuación de la tendencia iniciada en 1971 que ha producido ya más de 26.300 muertos, se ha verificado el pronóstico hecho en 1996 por la criminóloga Dora Nevárez, quien anticipó la nueva espiral de homicidios tan pronto madurase la generación hija de «la mano dura», cuando las fuerzas militares ocuparon los vecindarios de vivienda pública para tratar de controlar el crimen.
Un aliado para el Gobierno en su agenda para forzar el nacimiento de un país nuevo es el informe de nueva política pública de Casa Blanca, que respalda las gestiones sobre la UPR y la política energética sobre gas natural, en la que se enmarca la construcción del polémico gasoducto. El informe propone también plebiscitos para lograr que Puerto Rico vote sobre desechar la independencia y la república asociada, lo que abriría camino para consolidar el gobierno estadounidense en esta nación de casi cuatro millones de habitantes en su territorio.