Cerca de treinta mil campesinos/as e indígenas organizados en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), a nivel nacional, son obligados a bloquear las principales vías carreteras del país para ser atendidos en sus demandas de interés nacional. Esta acción colectiva extrema la realizarán de manera simultánea en 16 puntos del país el día 8 de […]
Cerca de treinta mil campesinos/as e indígenas organizados en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), a nivel nacional, son obligados a bloquear las principales vías carreteras del país para ser atendidos en sus demandas de interés nacional. Esta acción colectiva extrema la realizarán de manera simultánea en 16 puntos del país el día 8 de agosto desde las 6:00 de la mañana.
El 17 de abril pasado, más de diez mil campesinos/as e indígenas afiliados a esta organización auto gestionada realizaron una manifestación multitudinaria en las calles de la ciudad de Guatemala exigiendo ser atendidos en sus demandas. Ante la presencia de la multitud, el gobierno de Otto Pérez se comprometió a dialogar con una comitiva de CODECA y resolver las demandas. Desde abril a la fecha se realizaron 7 reuniones sin resultados. En 2 de ellas estuvo presente el Presidente Otto Pérez, en otras 3 estuvo la Vicepresidenta, y en las 2 últimas ya no hubo voluntad política para atender las demandas por parte del gobierno central. ¿Acaso esto no es una estrategia gubernamental de «jugar al cansancio» con campesinos e indígenas que se trasladan a las reuniones financiando sus gastos?
Obligados por las condiciones límites de exclusión y empobrecimiento, y considerando las promesas electorales del actual gobierno, las y los campesinos e indígenas organizados en CODECA buscan ser atendidos por el gobierno central en las siguientes demandas:
Primera. Controlar el expansionismo incontenible de los monocultivos y de mega proyectos mineros que no sólo deja a comunidades campesinas enteras sin fuentes de vida, sino que acelera la hambruna en Guatemala. Las valoraciones técnicas de los costos y beneficios de la opción agroindustrial y extractivista indican que esta opción es suicida. El país está quedando con sus suelos estériles y contaminados, con fuentes de agua reducidos y envenenados, sin biodiversidad, ni bosques. Con un ejército creciente de campesinos/as e indígenas enfermos y empobrecidos expulsados a engrosar la miseria en las ciudades. ¿Es esto desarrollo?
Segunda. Recuperar la propiedad y la administración de la energía eléctrica, porque con la privatización (1994) la tarifa eléctrica subió entre 300 a 500%. ¿Cómo solventa estas tarifas un pueblo de empobrecidos, desempleados y sin tierras? Ante esta situación límite, desde hace más de dos años atrás cerca de un centenar de comunidades campesinas e indígenas a nivel nacional se encuentran en huelga comunal permanente resistiéndose a pagar los servicios de luz hasta que se nacionalice dicho servicio.
Tercera. Parar la expulsión inmoral e insensible de comunidades campesinas e indígenas asentadas en el campo para cultivar y sobrevivir. ¿Acaso los productos que se distribuyen en los mercados locales y nacionales no son cultivados en mini parcelas por campesinos e indígenas empobrecidos? En los últimos años, las empresas de agrocombustibles y otros se apropiaron de la mayor cantidad de las tierras de cultivo a nivel nacional, mientras las manos que alimentan a Guatemala rebuscan parcelas entre los monocultivos para alquilar y hacer la milpa.
Cuarta. Como una solución a la problemática agroalimentaria del país, CODECA, juntamente con otras organizaciones, en el marco de una política agraria integral, plantea la aprobación del proyecto de Ley de Desarrollo Rural Integral archivado en el Congreso Nacional desde hace meses atrás. Además, esta organización demanda medidas técnicas completamente viables para garantizar la soberanía alimentaria como: renta forzosa del 20% de las tierras para la producción de granos básicos, dotación de insumos agrícolas orgánicos y no químicos para las comunidades, subsidio de tres mil quetzales por familia (cerca de $500.00) para 100 mil familias campesinas e indígenas.
¿Acaso estas demandas no son viables para un Estado que supuestamente recibe inmensas cantidades de dólares por las divisas de exportación de los agronegocios? Pero, hasta ahora, el gobierno, que prometió desarrollo con democracia, privilegia la represión militar como su única política pública para responder a campesinos/as e indígenas que intentan prevenir a Guatemala de la hambruna terminal que la acecha.
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