La declaración del embajador de Haití en Santo Domingo, Smith Agustín, apoyando la construcción del muro en la frontera, evidencia que el rediseño de los métodos de vigilancia y control de la legalidad constituye un proyecto común de los sectores dominantes en ambos países.
La tutela imperialista se alcanza a ver. El presidente dominicano, Luis Abinader, no levantaría el muro desobedeciendo las órdenes del poder estadounidense y los grupos gobernantes de ambos países no hubiesen llegado a ese acuerdo sin el apadrinamiento de los estrategas de las grandes potencias.
El canciller dominicano, Roberto Álvarez, informó al inicio de este año que la empresa israelí Advanced Defence Systems trabaja en el diseño del muro, que se advierte como instalación para el espionaje, las labores militares y el quehacer de inteligencia.
Son elocuentes las informaciones sobre una inversión de más de 100 millones de dólares y detalles secretos que administra y maneja el Ministerio de Defensa, dotado por Abinader mediante decreto de autorización para hacer compras sin someterlas a consideración en otros organismos.
No se ha informado acerca de la participación de organismos de inteligencia de factura yanqui, israelí, francesa o canadiense. A espaldas del pueblo se hace todo esto.
Top secret o secret absolu, como el que Hipólito Mejía (siendo presidente) prometió guardar en el año 2003, cuando dijo que había llegado a importantes acuerdos con Estados Unidos acerca de la frontera, secretos no revelados por quien le sucedió (Leonel Fernández) ni por Danilo Medina. ¿De antecedentes hablamos? Habrá que esperar la desclasificación de ciertos documentos o una espectacular infiltración para saberlo.
HAITÍ Y LA REALIDAD
No cabe en muro alguno la enumeración de los más de 2,200 haitianos muertos a consecuencia del terremoto del pasado 14 de agosto. Y el destino de los más de 15 mil heridos no podrá escribirse porque para elaborar la crónica hay que dar seguimiento a una realidad con muchas aristas. Pero el nombre de Haití ocupa los espacios principales de noticiarios y de sitios de Internet cuando un desastre llama la atención del mundo o cuando se eleva la cifra de muertos por una catástrofe.
Se presenta en cifras que apenas merecen comentario la realidad de que más del 60 por ciento de la población vive con ingresos inferiores a los 2 dólares por día, más de las dos terceras partes de la fuerza laboral está desocupada y la tasa de mortalidad infantil en el año 2019 (cifra del Banco Mundial) superó los 62 por cada mil nacidos vivos.
Cuando una catástrofe capta las miradas que se desvían ante la desigualdad, la injusticia y el saqueo, los analistas de derecha en España, en Francia, en Suramérica y en República Dominicana añaden al nombre de Haití términos como ‘país inviable’, y dicen que nada hay en Haití que pueda interesar a las grandes potencias.
Tienen el compromiso de no reconocer como inviable el ‘orden’ mundial vigente, que legaliza la dominación imperial, el saqueo, el abuso, la explotación y la sobreexplotación.
Consorcios mineros con intereses en ambos Estados de la isla mueven sus influencias para modificar las formas de control de la ‘legalidad’.
¿No está, acaso, suficientemente documentada la riqueza que guarda en sus entrañas el territorio haitiano?
¿No han sido testigos la presente y la anterior generación de la confluencia en Haití de las grandes potencias imperialistas? La ubicación geográfica y la debilidad institucional se conjugan para el ejercicio descarado y abierto de la injerencia.
Con tropas extranjeras, con fuerzas de ocupación vestidas de civil y con el arbitraje de las grandes potencias, el crimen organizado ha tenido influencia decisiva en Haití, ocupando los principales despachos y controlando grandes capitales. Eso no es secreto.
Desde República Dominicana, los politiqueros millonarios y los grupos que controlan los capitales de más cuestionable procedencia extienden hacia Haití su nada limpio quehacer para presentarse luego como entes solidarios.
A Luis Abinader le correspondió ser presidente en el momento en que se decidió levantar el muro fronterizo que los grupos recalcitrantes de República Dominicana solicitaban desde hace tiempo. Y ha asumido la presentación como idea suya y de sus colaboradores.
Es sucio el trabajo de lacayo, y se torna difícil ocultar esa condición.
La realidad política de Haití es la continuidad de la que existía antes del terremoto y antes de la ejecución del presidente Jovenel Moïse. Y están llamados a administrar la readaptada legalidad los politiqueros (estadistas ni en caricatura) entreguistas de República Dominicana y de Haití.
El muro, sin embargo, está llamado a convertirse en símbolo de unión de quienes en ambos lados de la isla han llevado durante décadas el sello de ilegales. El alcance, la fuerza y el nivel de cohesión de las futuras movilizaciones no es predecible.
El ‘final feliz’ con elecciones y otras zarandajas de la falsa legalidad que dibujan los estrategas imperialistas después de la ejecución de Moïse es el componente buscado de la continuidad en materia política, pero hay que citar también las movilizaciones en las calles de Puerto Príncipe antes de la ejecución de Moïse. La continuidad de las luchas es, para los agentes de división, el componente no deseado.
Estrategas y politiqueros prefieren olvidar que hay tradición de lucha en ambos lados de la isla.
En esa tradición reside la esperanza… La legalidad readaptada hará más visible la ilegitimidad del ejercicio político de los sustentadores del sistema. Serán ellos quienes no encontrarán refugio cuando la fuerza de los pueblos los expulse de una isla que más temprano que tarde se encaminará hacia la equidad y la justicia.